Además hablamos con Carlos Izquierdo fundamentalmente de Dependencia, sobre la financiación de este derecho subjetivo: "Una financiación insuficiente supone ralentizar el acceso a ese derecho o, en su caso, que el servicio demandado carezca de la calidad requerida", copago, ratios, etc; y sobre los otros 'males' que han impedido que la Ley se implantara en todo el territorio nacional: "La falta de implicación del IMSERSO en la definición de la calidad de los servicios y la calendarización de la Ley que ha supuesto que el sistema haya actuado de forma incompleta ...", ha señalado el consejero.
Desde la Comunidad de Madrid acaban de presentar la Estrategia de Atención a las Personas Mayores, un proyecto que usted ha tildado en alguna ocasión de “ambicioso”. ¿Cuáles son las líneas fundamentales que van a marcar la hoja de ruta de esta Estrategia? ¿Cuáles son las principales novedades de esta Estrategia? ¿Con qué presupuesto va a contar? ¿Cuándo va a ponerse en marcha? ¿Y a quién va a afectar fundamentalmente?
La Estrategia de Atención a las Personas Mayores, cuenta con un total de cinco líneas estratégicas. Para llevarlas a cabo se han establecido 27 objetivos, que se concretan en un total de 129 medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, promover el envejecimiento activo y atender las situaciones de dependencia. Alog que será leído con detalle por parte de los profesionales de residencias de tercera edad en Madrid.
Entre las principales novedades de esta estrategia se puede destacar el desarrollo de una “Ruta Sociosanitaria”, con el fin de que los Servicios sanitarios y los Servicios Sociales trabajen de forma sinérgica y conjunta. Para ello, se va a trabajar en un acuerdo protocolizado para la atención e invertiremos este año 1.500.000 € en un centro socio-sanitario piloto, para asistir a las personas con necesidades de atención sociosanitaria en base a criterios clínicos, funcionales y sociales. El impulso del “Programa de viviendas compartidas” para evitar situaciones de soledad de las personas mayores; y Facilitar a los mayores de 65 años el acceso a espectáculos y actividades culturales, con un presupuesto 2.000.000 euros.
También es primordial, que en la Comunidad de Madrid se atienda de la mejor forma posible, a las personas mayores autónomas que estén en una situación social difícil, para que puedan disfrutar de unas mejores condiciones de vida. Con este fin, se destinarán distintos recursos como Pisos Tutelados, Acogimiento Familiar, Estancias temporales en Residencias o viviendas compartidas.
En relación al presupuesto económico, el diseño de la Estrategia contempla un desarrollo de ejecución que transcurrirá desde el ejercicio 2017 hasta el ejercicio 2021. Las actuaciones diseñadas tienen su eje central en la gestión y planificación desarrollada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia, pero sin olvidar que la atención a las personas en situación de dependencia y a los mayores es objeto de políticas transversales tanto en el seno de la propia Consejería como en el conjunto del gobierno regional. La previsión presupuestaria total de la Estrategia asciende a 6.790.384.113,58 con la participación de cinco Consejerías.
La Estrategia se pondrá en marcha tras su aprobación en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Las medidas previstas en la Estrategia van a afectar a las personas que se encuentran en situación de dependencia y a las personas mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid.
Otro de los temas fundamentales que considera su gobierno es mejorar la financiación estatal del sistema de la dependencia, para ello han propuesto crear un fondo adicional de financiación específico para Dependencia. ¿De donde saldrían estos recursos? ¿Vía impuestos directos, indirectos, con copago…? ¿Cómo sería el reparto entre las distintas administraciones?
En la Comunidad de Madrid apostamos firmemente por la formalización de un pacto de Estado que posibilite una financiación estable y ecuánime que contribuya a la sostenibilidad del sistema público de servicios sociales en el que la dependencia se integra.
La dependencia se financia vía presupuesto público, sin que existan cuotas o contribuciones de carácter obligatorio o voluntario. Nosotros creemos en el equilibrio presupuestario, es decir los gastos deben tener una equivalencia con los correspondientes ingresos. El copago es la corresponsabilidad que adquiere el usuario, de acuerdo con su capacidad económica, para subvenir el coste del servicio que recibe.
El reparto debe tener en cuenta el catálogo de servicios y prestaciones en aplicación, la calidad del servicio y su coste en el territorio.
Además de la financiación, ¿cuál cree que ha sido y es el principal problema para la implantación de la Dependencia en todo el territorio nacional?
La falta de implicación del IMSERSO en la definición de la calidad de los servicios.
Por otra parte, la calendarización de la Ley ha supuesto que el sistema ha actuado de forma incompleta, toda vez que al dejar fuera, inicialmente, el grado leve de dependencia, ha habido un insuficiente desarrollo de la norma en los aspectos de prevención y promoción de la autonomía personal
¿Cree que el actual sistema de financiación y la actual legislación garantizan a todos los ciudadanos por igual el derecho a la Dependencia, independientemente de la Comunidad en donde vivan? Si la respuesta es negativa ¿Qué debería cambiar para garantizar el principio de igualdad?
El reconocimiento de la situación de dependencia supone el establecimiento de un derecho subjetivo en favor de la persona dependiente.
Una financiación insuficiente supone ralentizar el acceso a ese derecho o, en su caso, que el servicio demandado carezca de la calidad requerida.
En la Comunidad de Madrid se ha cumplido estrictamente la norma y el espíritu de la Ley mediante la priorización de los servicios sobre las prestaciones económicas que supone esté 17 puntos porcentuales por encima de la media estatal, es decir que en la Comunidad los servicios representan el 83% del total de recursos puestos en práctica frente al 66% del resto del Estado.
La nueva legislatura ha puesto en el centro del debate temas como el envejecimiento, la despoblación, las pensiones, problemas que vienen gestándose desde hace décadas. A veces da la sensación de que se llega siempre tarde a los problemas, ¿cree que desde los distintos gobiernos ha faltado visión del medio plazo a la hora de abordar estas cuestiones?
Como bien dice no son tema nuevos. Si se han puesto en el centro del debate es porque tenemos la intención de abordarlos desde una nueva visión estratégica, que aúne coordinación entre sistemas de protección social, corresponsabilidad económica y uso intensivo de las nuevas tecnologías.
En cualquier caso, hay que recordar que en la Comunidad de Madrid el primer plan de atención a personas mayores fue aprobado por la asamblea de Madrid en el año 1988 y que nuestra ley de servicios sociales se anticipó en cuatro años a la normativa estatal en regular las actuaciones en materia de dependencia.
¿Qué medidas deberían tomarse ya para anticiparse a cuestiones como el incremento del índice de Dependencia ligado al envejecimiento, así como de demencias, enfermedades crónicas, etcétera?
En el Plan estratégico que hemos comentado, se establece una ligazón activa entre las propuestas de envejecimiento activo y las actuaciones de prevención y promoción de la autonomía personal.
Queremos que las personas estén seguras en sus domicilios, que sean atendidas, de forma integral, en sus necesidades sociales y de salud, pero al mismo tiempo pretendemos que sigan en contacto con el exterior, que sigan siendo miembros de pleno derecho de nuestra sociedad y como tales participen y compartan su experiencia con el resto de la sociedad.
El envejecimiento es una fase vital más y nuestros mayores deben acompañarnos dentro y fuera de nuestros hogares.
Según datos del Observatorio de la Dependencia, 58,9 Millones de euros son los que la CCAA de Madrid ha dejado de recibir del Ministerio en el año 2016, lo que ha supuesto para las arcas de la Comunidad un quebranto económico de 266 millones de euros en los últimos cinco años. ¿Qué ha supuesto en la atención a la Dependencia estos recortes?
Sin entrar a discutir unas cifras que provienen de una entidad privada, le puedo decir que la Comunidad de Madrid forma parte del Estado. Esta pertenencia supone que actúa con responsabilidad, de tal forma que la atención de la dependencia se realiza de acuerdo con los presupuestos legales y, en este sentido, hay que recalcar que no recortamos derechos por falta de presupuesto ajeno.
Además, hay que reseñar que la Comunidad de Madrid ha suplido con el esfuerzo de todos los madrileños la insuficiente participación estatal con fondos propios, que supone que la aportación de la Comunidad asciende al 85% del coste total del mantenimiento del sistema de dependencia.
¿Van a reclamar al Gobierno Central las cantidades que les adeudan por la Dependencia?
Como le he comentado nuestro interés está en lograr un pacto de Estado que comprometa a todas las administraciones implicadas. Miramos al futuro, no nos limitamos al cobro de deudas ni a la exaltación de agravios.
Según datos del mismo Observatorio, en el año 2016 se registraron un 5% menos de solicitudes, se produjeron un -4,6% de dictámenes y un -1% en personas que obtienen el derecho. ¿Está de acuerdo con estos datos? ¿A qué achacan estos descensos? ¿Se está recortando en la Comunidad de Madrid en recursos para la evaluación de la Dependencia?
El número de solicitudes ascendió en la Comunidad de Madrid se incrementó en un 12,5% respecto del año anterior y el incremento de dictámenes creció en un 12,6%. No existe, por tanto, ningún recorte, al respecto. La disparidad con las cifras que me ofrece se debe, probablemente, a que están tomadas de la estadística del IMSERSO y este organismo solo recoge la variación en el número de solicitudes registradas que se encuentran en activo.
Familiares y sindicatos de algunas residencias de mayores, como la de Arganda del Rey o la de Alcorcón, han denunciado en los últimos meses la falta de personal para atender adecuadamente a los residentes. ¿Cuál es el ratio personal por residente en la Comunidad de Madrid? ¿Se incluye al personal administrativo y de servicios (lavandería, cocina, etc) a la hora de calcular esos ratios?
La Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema apara la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, contempla que las ratios exigibles en 2011 en las Residencias de Mayores dependientes, en el que se incluye todo el personal que trabaje habitualmente en el centro, con independencia de su forma de contratación es de 0,45 por grado II y 0,47 por grado III. En dicha resolución se contempla que en diciembre de 2015 la ratio exigible será la que se acuerde por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 2012, acuerdo que no se llevó a cabo.
Las Residencias cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid y con gestión indirecta, se encuentran gestionados por empresas privadas, cuya modalidad de contratación es la de gestión de servicio público en régimen de concesión. En esta modalidad de contratación las empresas están sujetas a Pliegos de Prescripciones Técnicas específicos, los cuales no contemplan una ratio de plantilla disponible para atender a los usuarios, pero si se establece un apartado específico de medios personales que deberá aportar el adjudicatario para la prestación del servicio en el centro. La plantilla que se contempla varía en cada uno de los centros, dependiendo sobre todo de la capacidad de atención de residentes.
No obstante, teniendo en cuenta los medios personales con que cuenta cada residencia, se ha calculado la ratio de plantilla disponible, resultando una ratio media de 0,59 en las residencias de gestión indirecta, cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid.
En las residencias privadas concertadas con la Comunidad de Madrid, el Acuerdo Marco de Residencias establece que la plantilla disponible para atender a los usuarios debe ser tal que asegure la ratio de 0,42, sumando a todos los profesionales de atención directa (médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajador social y psicólogo cuando lo haya). No obstante, teniendo en cuanto la totalidad de los medios personales con que cuenta cada residencia, resulta una ratio medio superior a la exigida en la Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad
¿Cree que precisamente factores como el personal, las sujeciones, la atención centrada en la persona, etc, deberían pesar a la hora de licitar plazas residenciales, frente a la opción económica? ¿Se tienen en cuenta en la Comunidad de Madrid?
En los pliegos de cláusulas administrativo de la convocatoria del “Acuerdo marco del servicio público de atención residencial a personas mayores dependientes, modalidad financiación total y financiación parcial. Año 2017”, se contempla entre los criterios objetivos de adjudicación del acuerdo marco, además de la oferta económica, mejoras ofertadas de al menos dos menús y organizar y ejecutar, a su cargo, al menos dos actividades de carácter sociocultural trimestralmente, a realizar fuera de la residencia, para aquellos usuarios que puedan participar en las mismas.
También en las últimas propuestas de contratación en residencias de titularidad de la Comunidad de Madrid y con gestión indirecta, se ha propuesta además de la oferta económica, mejoras ofertadas de al menos dos menús y oferta de forma gratuita del servicio de peluquería y podología para los usuarios de residencia y de centro de día.
En las licitaciones que se han indicado se da preponderancia a criterios referidos al objeto del contrato que puedan valorarse por cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos, evitando criterios cuya cuantificación dependa de juicios de valores.
¿Cree que el sector sociosanitario es un sector estratégico para la creación de empleo y el crecimiento económico? ¿Se está apostando suficientemente en su desarrollo?
La Consejería de Políticas Sociales y Familia tiene como estrategia prioritaria implementar una coordinación socio-sanitaria que posibilite una atención continuada, eficaz y, por ende, eficiente, en la atención a las personas mayores o dependientes. Así, lo hemos recogido, de forma particularizada, en la estrategia de atención a las personas mayores. Además, está muy avanzado un proyecto de implementación de ruta socio-sanitaria que ha contado en su elaboración con la Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Consejería de Sanidad y cuya puesta en práctica contará igualmente con profesionales de ambos sistemas de protección social.
¿Desde su punto de vista, debería invertirse más en innovación en la atención a la dependencia y en el sector sociosanitario en general?
En realidad, considero que es una de las claves del futuro. La atención centrada en la persona, la permanencia en el domicilio y la elevación de la calidad de vida en los centros pasa por desarrollar políticas de innovación con la participación prioritaria, de los servicios sociales y de la sanidad, pero también de la seguridad social y de la educación.
El sistema público de servicios sociales madrileño ha supuesto en el último cuarto de siglo un inmenso yacimiento de empleo vinculado a las políticas de impuso público desarrolladas por la Comunidad de Madrid.
Si queremos que siga siendo así es importante destinar un importante esfuerzo económico que permita una atención integral de mayor calidad sin olvidar que la parte más importante de esa calidad es inversión en I+D+I, la mejora de la cualificación profesional y de los salarios de los profesionales que, con gran dedicación, son el motor de nuestra red pública de centros y servicios.
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