¿Habrá finalmente un nuevo copago para la dependencia?

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba la semana pasada la Iniciativa Legislativa Popular del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra el copago en materia de dependencia y posteriormente el Congreso aprobaba la toma en consideración de la proposición de ley surgida de esta ILP.

Esto es así porque, primero, la iniciativa consiguió recabar más de medio millón de firmas, que es el mínimo indispensable para que la Proposición de Ley pueda ser tramitada y debatida en el parlamento y que, finalmente, superó las 738.000 firmas; y después porque la ILP fue respaldada con 328 votos a favor, ninguna abstención y solo cinco votos en contra.

La iniciativa legislativa popular contra el copago “confiscatorio”, que fue presentada por el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, es la respuesta del movimiento social de la discapacidad a las políticas de las administraciones sociales que en desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia han creado una situación insostenible que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia.

“Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio”, fue el lema principal de la campaña para la captación de firmas para esta iniciativa. Con este mensaje, el CERMI llegó a las personas con discapacidad y mayores, y a su entorno familiar, así como a los profesionales de los servicios sociales, a los voluntarios y a la ciudadanía en general, que apoyaron una ILP que persigue establecer unos criterios más claros y más justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social.

Concretamente, quiere modificar el artículo 14 de la Ley de Dependencia, entre otros, en lo concerniente a la participación en el coste de las prestaciones según factores como la renta, el patrimonio, la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.

Busca con ello modificar un sistema que aprueba grandes diferencias entre las comunidades autónomas, ya que existen regiones en las que el coste es cero y otras en las que llega al 90% de la cuantía total del servicio.

Además, entre otras cuestiones, la ILP proyecta establecer un copago máximo del 60% para la persona beneficiaria, pero permite que cada Comunidad pueda establecer un porcentaje inferior o, incluso, eximir de cualquier gasto a los posean una renta inferior a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

¿Habrá finalmente un nuevo copago para la dependencia? La proposición de ley continuará su tramitación en la Comisión, que debatirá y votará el informe y las enmiendas. Con el resultado se elaborará un dictamen que será remitido al Senado.

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