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El CERMI defiende en el Congreso el fin del "copago confiscatorio" en dependencia por tercera vez

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
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Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
martes 13 de octubre de 2020, 18:53h
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, defendió el martes pasado en el Congreso de los Diputados por "tercera vez" la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular de 2015 para reformar la Ley de la Dependencia e intentar terminar con el “copago confiscatorio” que se impone a los usuarios.
Entiende que este copago provoca que, en la práctica, no se asegure “el ejercicio y la garantía del derecho, sino la compra del derecho”. Igualmente, opina que “expulsa a parte de los usuarios que no lo pueden asumir; desincentiva la autonomía económica, pues cuanto más tienes, más pagas”.
Además, “en épocas de crisis empuja a las administraciones a hacer recaer la financiación del sistema en los beneficiarios” y “genera graves diferencias de trato entre territorios”. Considera que “el copago en dependencia irradió a otros servicios y prestaciones sociales, que no tenían copago o lo tenían en menor proporción”.
Así, pidió reformar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para introducir “una serie de criterios comunes en la determinación de la capacidad económica y la participación en el coste de los servicios de las personas “iguales y vinculantes para todas las administraciones”, que después se deberán regular mediante desarrollo reglamentario y podrán ser mejorados por las comunidades autónomas, “con miras a la gratuidad total”.
Entre los criterios propuestos, destaca dejar exentas de todo copago a aquellas personas cuyas rentas sean inferiores a 2,5 veces el Iprem (1.344,5 euros), que la aportación máxima no supere en ningún caso el 60% del coste total del servicio y que la edad y el momento vital en que apareció la situación de dependencia se tengan en cuenta a la hora de determinar la renta disponible de la persona.
Pérez Bueno cree que con la inclusión de estos criterios se podría poner fin a uno de los aspectos “más controvertidos y conflictivos de la Ley de Dependencia”, que “ha lastrado el sistema desde que nació, hace casi 15 años”. Por todo ello, reclamó “el respaldo unánime” a la toma en consideración de la proposición de ley, con independencia de que se pueda mejorar a lo largo del trámite parlamentario.
Como explicó el responsable del CERMI, se trata de “la tercera vez” que defiende la toma en consideración de esta ILP, que en su día apoyaron casi 740.000 personas, porque, aunque ya fue admitida a trámite dos veces anteriormente, “decayó a causa de la inestabilidad política e institucional”.
Luis Cayo Pérez Bueno, que volvió a pedir el respaldo a la iniciativa de todos los grupos de la Cámara, espera que esta vez haya sido la última porque “estos cinco años de demora han generado frustración y decepción en el sector” de la discapacidad y la dependencia.
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