Gobierno y CCAA se dan tres meses para hacer un diagnóstico de la dependencia

La comisión para el análisis de la situación de la dependencia, que contó con el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, así como con responsables de las siete comunidades con competencias en la materia (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Galicia y Castilla y León) se ha dado tres mes para tener cerrado un informe técnico que recoja un diagnóstico sobre el sistema de dependencia en España y, sobre todo, su financiación.

Antes, en un plazo de cuatro o cinco semanas, esta comisión, que surgió a raíz de la Conferencia de Presidentes, deberá haber elaborado un borrador donde se aborden las áreas de mejora. En este marco, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, aprovechó para volver a pedir que se incluya la financiación de la dependencia en la financiación autonómica y reclamó, por enésima vez, que el Gobierno abone el 50 % de los gastos, que es lo que establece la ley. Además, pidió que esta financiación sea finalista y condicionada a los servicios y prestaciones.

Igualmente, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, insistió en que la financiación debe ser clara para acabar con las listas de espera de personas dependientes: “Si en lugar del 16% recibiéramos el 50% convenido, es decir, 60 millones más, no tendríamos listas de espera”.

Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, también se apostó por que la financiación de la dependencia sea vía financiación autonómica, pero subrayó que su comunidad es referente en la materia y atiende en la actualidad a 85.000 dependientes. Además, valoró que en Castilla y León la dependencia ha generado hasta 50 empleos para cada millón invertido: “Eso nos posiciona dentro del grupo para poder hablar e incluso alguna comunidad, como Cataluña, nos ha pedido información sobre cómo gestionamos el tema”.

Una vez concluido el informe técnico se elevará al consejo territorial del sistema de dependencia para que otras comunidades autónomas puedan opinar y hacer si quieren sus aportaciones. A partir de ese momento, el trabajo se llevará a la comisión de expertos en financiación autonómica para debatir cómo se incorpora la dependencia al sistema de financiación.

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