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OBSERVATORIO ESTATAL PARA LA DEPENDENCIA

José Manuel Ramírez: "Que 90 dependientes mueran todos los días sin una prestación es la cifra de mayor sufrimiento del dictamen"

El presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez. Foto: La Sexta
El presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez. Foto: La Sexta
miércoles 22 de febrero de 2017, 17:57h
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha valorado en NGD el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia y ha lamentado las 350.000 personas que están en lista de espera: "Lo que hay que hacer es recuperar los recortes y cumplir la ley".

José Manuel Ramírez no está satisfecho con los datos que aporta el dictamen y ha enumerado algunas de las que califica como “cifras de la vergüenza”. En este sentido, destacó las 350.000 personas que están en lista de espera y los 90 dependientes que mueren todos los días sin tener una prestación. Y qué es lo primero que reclama: Recuperar los recortes en el Presupuesto de 2017.

¿Qué valoración hacen ustedes desde la la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de este dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia?

Para empezar, este dictamen se realiza en un momento crítico donde se debe de tomar una decisión clave ante un desafío que es inaplazable: o verdaderamente se apuesta por el Sistema de la Dependencia, y esto significa tomar decisiones rápidas, inteligentes, valientes e inversoras que impliquen incluir en los presupuestos de 2017 el dinero de los recortes de los ‘años de plomo’ de la Ley de Dependencia o se decide, por otra parte, que no se puede mantener un sistema de atención a la dependencia como un derecho subjetivo en España.

Este sería el momento en el que nos encontramos: la disyuntiva de decidir si mantenemos un sistema de atención a la dependencia y la ley se cumple o mantenemos un Gobierno insumiso que hace una derogación por asfixia económica de la Ley de Dependencia.

Ley de Dependencia acaba de cumplir diez años. Ante lo visto y expuesto, ¿habría que empezar de nuevo?

No no, yo creo que no. La Ley de Dependencia fue una ley que generó un derecho subjetivo de ciudadanía reclamable jurídica y administrativamente. Lo que hay que hacer es revertir los recortes que se han producido a través de los reales decretos, sobre todo el de julio de 2012, que fue una auténtica derogación encubierta de la Ley de Dependencia. Pero no solo los que afectan a la financiación, también los que afectan a los derechos.

A partir de ahí hay que cumplir una ley donde los beneficiarios van a recibir unas prestaciones o servicios que se deben adaptar las necesidades que plantean las personas que se encuentran en situación de dependencia. Desde luego, yo no estoy de acuerdo con algunas voces que hablan de que hay que volver a negociar o a renegociar o reformular la Ley de Dependencia. No no, lo que hay que hacer es recuperar los recortes en cuanto a financiación y derechos y cumplir la ley.

¿Qué es lo peor que ha revelado este XVII dictamen?

Creo que la cifra de la vergüenza de este dictamen es la cifra del limbo de la dependencia: la lista de espera. Que 350.000 personas estén a la espera de que se cumpla la ley y, unido a eso, que 90 dependientes mueran todos los días sin tener una prestación o servicio que se le había reconocido como derecho, creo que es la cifra de mayor sufrimiento del dictamen, la cifra donde se da mayor crueldad.

Porque detrás de estos números está el rostro humano, el de una persona cuyo perfil medio sería el de una mujer mayor de 80 años con una discapacidad que no le permite desarrollar sola sus actividades básicas de la vida diaria.

Después, otras cifras tendrían que ver con los recortes presupuestarios y los 3.700 millones de euros de recorte acumulado que lleva el Gobierno de Rajoy.

¿Algo bueno?

Claro que hay algo bueno. La inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia es la que mayores retornos económicos sobre el empleo genera. Para todos esos gobernantes que no tienen alma, que cojan una calculadora porque por cada millón de euros invertido en el Sistema de Atención a la Dependencia se generan 35 puestos de trabajo directos y estables. Y por cada millón de euros invertido se recupera para las arcas del Estado aproximadamente el 40% en IRPF, Seguridad Social, IVA o Impuesto de Sociedades.

¿Cómo afecta todos estos recortes al sector residencial?

Hay que decir que en lo que respecta al desarrollo de las plazas residenciales en el último año no ha sido del todo malo en cuanto a cifras absolutas. En la atención a la dependencia, el número de camas que se han abierto nuevas ha sido de 3.337. A estas camas nuevas que se han incorporado al sistema hay que sumar las que tienen que ver con la prestación vinculada al servicio, que se han generado 7.133 nuevas prestaciones.

Yo creo que las residencias son para las personas más vulnerables. Es cierto que es el recurso que más cuesta, pero también es cierto que las personas que viven en las residencias son las personas de gran dependencia y las que necesitan apoyo a la vida diaria prácticamente las 24 horas.

¿Una recomendación final que haría a la Administración Central?

Nosotros, por lo que apostamos es porque firmen el Pacto de Estado por la Dependencia. El 14 diciembre, todas las fuerzas políticas del Estado, a excepción del PP y el PNV, firmaron un pacto de mínimos que tiene cinco puntos:

1.- Recuperar los recortes en el Presupuesto de 2017

2.-Comprometerse a limpiar la lista de espera en dos años. Hay comunidades autónomas, como Cataluña, Canarias o Andalucía, que necesitan una inyección económica para limpiar la lista de espera. Nosotros lo planteamos en dos años. No es solo una cuestión de dinero, también de gestión.

3.- Buscar un Pacto de Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que le dé sostenibilidad a la ley para los próximos años.

4.- Que no se modifique la ley a través de reales decretos. Si se modifica, que sea en el Parlamento y con el mismo consenso que se consiguió cuando se aprobó.

5.- Por último, el sistema de información. Nos las vemos y nos la deseamos para encontrar información fiable y veraz del sistema de atención a la dependencia. A lo largo de la última legislatura, más que información nos hemos encontrado manipulación. No podemos no tener un sistema de información que nos permita orientar, planificar y realizar una mejor estrategia en el sistema de atención a la dependencia.

¿Cómo se explica que la última evaluación de la ley de dependencia sea de 2013, que no se haya publicado la evaluación de 2014, 2015 y 2016? Es una vergüenza de carácter informativo que debería corregir el Gobierno de España de manera inmediata.

Todo esto es lo que le diría a la ministra de Sanidad si algún día tuviera la oportunidad de verla.

Claves del dictamen:

Cada día fallecen 90 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.

1.213.873 personas tienen reconocida su situación de dependencia (2,6% de la población). De ellas 865.564 están siendo atendidas en el Sistema, mientras que 348.309 (29%) están en lista de espera.

La Administración General del Estado solo aporta el 18% del gasto público del Sistema, y las CCAA el 82% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.

El recorte acumulado del Gobierno de España desde 2012 asciende a 3.672,2 millones de euros que han dejado de recibir las Comunidades.

En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos.

2016 confirma una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los Dependientes Moderados (julio de 2015). Pero a pesar del incremento en 69.455 beneficiarios del Sistema en 2016 (+8,7%), a este ritmo se tardaría 5 años solo para atender a la actual lista de espera.

Más de 150.000 personas han fallecido en los últimos 5 años sin recibir las prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos.

Más de una tercera parte de las personas desatendidas (35%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 122.000 personas.

De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.

El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 21% del gasto público y las comunidades autónomas el 79% restante.

El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 3.672,2 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.

El Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%.

Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.

El resultado de la aplicación de la Escala de Valoración a fecha de principios de 2017:

  • 2 Comunidades destacan con calificaciones notables: Castilla y León (8,9) y La Rioja (7,9)
  • 7 Comunidades entre el aprobado y el notable: Andalucía (6,8) Castilla-La Mancha (6,8) Madrid (6,1) Galicia( 6,1) Murcia (6,1), País Vasco) (5,4) y Extremadura (5)
  • 9 Comunidades que suspenden: Asturias (4,6), Cataluña (3,9), Baleares (3,6) Cantabria (3,6), Comunidad de Valencia (3,2). Navarra (2,9),), Aragón (2,5), Canarias (1,8), y la El caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el IMSERSO, el resultado es también un suspenso (4,3)

Para consultar el dictamen completo, PINCHAR AQUÍ

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