La Asociación Profesional Catalana de Directores/ras de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD) ha remitido una carta al Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya para exigir el cumplimiento del compromiso con el sector de la actualización de tarifas comprometidas del 5% desde el pasado 1 de enero.
Por su interés, la reproducimos por completo a continuación:
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
Conseller: Hble. Sr Carles Campuzano i Canadés
Motiu escrit: Cumplimiento del compromiso con el sector de la actualización de tarifas comprometidas del 5% en 2024 desde el 1 de enero.
Distingit Sr.
El anuncio del avance electoral en Catalunya para el 12 de mayo pilla otra vez al sector con el pie cambiado respecto al “ritmo, mundo e intereses políticos”. La Conselleria suspende sine die las reuniones que tenía agendadas con las organizaciones del ámbito residencial.
Recordamos que el pasado mes de julio/23, la Conselleria de Drets Socials firmó con el sector (patronales y sindicatos) un acuerdo mediante el cual se definía el compromiso de un incremento en las tarifas de las plazas residenciales para 2024 de un 5%.
Llamamos al cumplimiento de su compromiso al Conseller y al Govern para que cumplan lo firmado antes de entrar en la campaña electoral.
Desde ASCAD entendemos que mientras que el sector profesional deberíamos estar pensando en cómo reconstruir y reconducir la atención residencial en base al acuerdo de la Resolución del 28 de Julio de 2022, -Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)-, estamos otra vez inmersos en la agonía de la supervivencia pura y dura. Difícil es pensar en el menú de Navidad si no tenemos pan en la mesa para hoy.
No nos sirve la excusa de que no hay presupuestos. Traemos a colación por analogía el incremento a los funcionarios púbicos, que se encuentran exactamente en la misma situación presupuestaria que nosotros, y que el President Aragonés se ha apresurado a decir que “no corre peligro la subida salarial de los empleados públicos catalanes”. Son 290.000 aproximadamente. Nos alegramos por ellos, pero por si acaso la cosa va de cifras y de su peso en el periodo electoral es quizá momento de recordar el peso que los 60.000 residentes y alrededor de 30.000 trabajadores tenemos con una incidencia directa en primer anillo de proximidad que fácilmente llega alrededor de 500.000 personas. Hagan números.
Desde el sector estamos dispuestos a llevar nuestra voz y ser transparentes ante la sociedad, las familias y las personas que atendemos. No podemos enfrentarnos a los retos inmediatos otra vez desde el maltrato.
Las palabras del Conseller Campuzano cuando firmó el compromiso de los acuerdos de 2023 y el 5% de incremento de las tarifas en 2024 fueron: “Estem posant l’estat del benestar de Catalunya al segle XXI”. Nos da miedo que fuera un lapsus linguae y quería decir s. XIX.
Queremos decir alto y claro que los recortes o infrafinanciación a los centros en realidad es un recorte encubierto en la atención diaria de las personas dependientes.
Hay que decir que nuestro sector y los centros que mayoritariamente dirigimos está compuesto fundamentalmente por empresas de autónomos, familiares y pymes. La quiebra de ellos dejará miles de dependientes en la calle. Esta tipología de entidades no tiene nada que ver con los grandes grupos o grupos de inversión con sedes en Jersey o Luxemburgo.
Hay que decir alto y claro que globalmente estamos infrafinanciados e hiperlegislados a veces contradictoriamente.
Hay que decir alto y claro que de facto nos están transformando en centros sanitarios de tercera división con la cada día más frecuente “hospitalización a domicilio”, por insuficiencia o incapacidad de asumir su reto el propio sistema de salud.
También alto y claro que estamos siendo depositarios de la complejísima atención de pacientes psiquiátricos a los que el sistema tiene desatendidos...solo por el hecho de ser mayores o pensionistas, con el riesgo que esto implica para la convivencia con el resto de residentes en los centros receptores.
Alto y claro que encabezamos, junto con Salut, el índice de mayor absentismo, pero que en Salut este coste se asume en presupuestos públicos y nosotros de nuestros balances. Esto genera problemas económicos y logísticos de imposible solución, agudizado desde que las bajas médicas se nos comunican a través de las mutuas y SIEMPRE con tardanza. Si tenemos una ausencia de improviso, tardamos de uno a tres días de demora en saber si es baja médica o incidental, mientras que la normativa laboral incluso nos impide llamar a la persona que falta para saber de su situación para que no se interprete como “acoso” y en consecuencia aún estrecha más el margen de lo poco que podemos hacer. La conclusión es que NO podemos cubrir las bajas médicas.
Alto y claro que ya no tenemos en los presupuestos ni siquiera margen para los necesarios mantenimientos de nuestras instalaciones y material.
Alto y claro que como a toda la población en año y medio de ha duplicado el coste de la luz y otros servicios...
Alto y claro que las ratios actuales de los equipos son en ocasiones una quimera porque si descontamos los absentismos, que se han duplicado, los días de permisos que se han incrementado y la disminución de la jornada laboral, el resultado práctico es que con el mismo equipo trabajamos por debajo de la ratio presencial...corregir esto también son sobrecostes añadidos y esfuerzos con saturación y hartazgo del personal cuidador que repercute en los cuidados.
Alto y claro que la estigmatización social gratuita y continua del sector arrastra al lodo a sus profesionales y ha segado a ras las vocaciones asistenciales. Como advertimos hace 9 años con el tsunami demográfico… y nos ha pillado sin hacer los deberes, YA ha ha llegado el momento en que no hay siquiera personal SIN formar que quiera trabajar. Si le exigimos la necesaria formación sencillamente SERÁ IMPOSIBLE encontrar a nadie de personal cuidador de primer novel columna vertebral a nivel de cuidados. Tomen nota.
Alto y claro que por las discrepancias palaciegas de leyes estatales/autonómicas nos están haciendo firmar mintiendo declaraciones responsables en base a la kafkiana aplicación del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d`acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, conforme cumplimos el 205/2015 para acreditar los centros, cuando esto no es cierto en su inmensa mayoría. Para vehicular Uds. su ratonera nos transfirieren un cerrar en falso la situación que nos sitúa a nosotros en la ilegalidad ante cualquier conflicto que podamos tener.
Como pueden apreciar, y solo por citar algunas cosas, tenemos suficientes problemas como para andar perdiendo el tiempo o andar con grandezas o teóricos futuribles partiendo desde la ruina, la inseguridad jurídica, los terribles problemas de personal, normativa trampa o el no saber a donde vamos.
A esto no les añadan el incumplimiento de sus compromisos.
SOLICITAMOS:
La actualización inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 del 5% comprometido con el sector.
Incógnitas en torno al futuro de la Agencia Integrada Social y Sanitaria
Por José Luis Montserrat
En los últimos meses, la Generalitat de Catalunya ha dado pasos significativos en el proyecto de la Agencia Integrada Social y Sanitaria, con el objetivo de mejorar la atención y la eficiencia de los servicios mediante la integración de los Departamentos de Derechos Sociales y Sanidad. La creación de esta Agencia tenía como propósito mejorar la coordinación entre la atención primaria, domiciliaria, las administraciones locales y otros proveedores de servicios, reconociendo la importancia de una atención integral y multidisciplinaria para satisfacer las necesidades de la población.
Este esfuerzo por integrar los servicios sociales y sanitarios surge después de varios intentos anteriores por parte de la Generalitat, como el PIAISS (Plan Interdepartamental de Atención e Integración Social y Sanitaria), que no lograron materializarse debido a diversos obstáculos.
Entre los primeros pasos realizados por la Agencia se encuentra la implementación del "Plan de despliegue de la atención integrada y sanitaria a personas que viven en residencias", el cual generó debate debido a su complejidad y a los retos asociados a su implementación. Este plan, diseñado para mejorar la calidad de vida y la atención médica de las personas que viven en centros residenciales en Cataluña, aborda aspectos fundamentales como la coordinación entre los servicios médicos y sociales, la capacitación del personal, la gestión de recursos y la promoción de modelos de atención centrados en la persona y basados en la comunidad.
Una de las propuestas más destacadas de este plan es la reorganización de la atención médica en las residencias, proponiendo que la atención médica sea proporcionada por profesionales de la atención primaria, sin necesidad que los centros residenciales dispongan de médicos propios. Esta medida que pone en el centro la residencia como el hogar de la persona y que ha de tener los mismo derechos y servicios que cualquier persona que vive en su propio domicilio, busca optimizar los recursos disponibles, garantizar una atención médica continua y de calidad, y fortalecer los vínculos entre la atención primaria y la atención residencial.
Sin embargo, la implementación exitosa de este plan y la continuidad de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria dependen en gran medida de la asignación de recursos financieros y de la voluntad de los diferentes actores involucrados. A la fecha de hoy, debido a la falta de aprobación de los presupuestos y a la convocatoria de elecciones, existe incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos y continuar con el apoyo político necesario para llevar a cabo estos proyectos de manera efectiva.
En este contexto de incertidumbre, es fundamental que se mantenga el compromiso con la mejora y la integración de la atención social y sanitaria, y que se busquen soluciones creativas y sostenibles para superar los desafíos presentes y futuros. La colaboración entre el gobierno, los profesionales de la salud y los servicios sociales, las instituciones académicas, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general será clave para garantizar el éxito de estos esfuerzos y para promover el bienestar y la calidad de vida de todas las personas.
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