EXCEL impide el desarrollo del sector

MICROSOFT contra la AICP

Ya tenemos culpable; MICROSOFT. Todo iba bien hasta que ha habido que estimar los costes que supondría la aplicación de la Atención Integral Centrada en la Persona en los centros residenciales creando las unidades convivenciales. Hasta la fecha todo estaba bien. Se han hecho múltiples viajes por Europa, como dice Josep de Marti se han realizado muchos Power Points, se ha escrito mucho en Word, muchísimas conferencias, muchas horas de formación, muchos proyectos piloto, y la AICP se ha convertido en la gran esperanza tras la pandemia para realizar la tan ansiada reconversión sectorial, pero se nos había olvidado el Excel.

Los y las “evangelistas” de la AICP llevan años promoviendo su implantación y condenando a los infiernos a los críticos que cuestionan-cuestionamos su viabilidad. Desde entidades ¿SIN ANIMO de lucro? y plataformas PARAPÚBLICAS, con apoyos demagógicos de políticos y sindicatos, llevan años pregonando las bondades del nuevo modelo, restando importancia a la “maldita” hoja de cálculo que ahora nos devuelve a la realidad.

Si se me permite la simplificación, la AICP tiene dos grandes ejes; la parte de SOFTWARE, cómo atendemos a las personas dependientes; y la parte de HARDWARE, cómo tienen que ser los espacios donde les atendemos.

A la primera parte, la del SOFTWARE, nada que cuestionar, hágase todo aquello que suponga una mejora. Sin olvidar que el sector lleva años evolucionando en la mejora del modelo de atención. Los grandes centros se hacen desde hace años en formato modular, la eliminación de sujeciones lleva tiempo implantándose gracias a gente como Antonio Burgueño, o Ana Urrutia de la Fundación Cuidados Dignos, y una parte de la metodología que se propone ya está implantada en muchos centros, desde antes de la pandemia.

La parte del HARDWARE es la que no está bien resuelta. La adecuación de los centros a las unidades convivenciales supone un coste de adaptación, y una pérdida de plazas (capacidad productiva). En los centros públicos “no importa, porque el dinero es de todos”, pero para los gestores privados, que han hecho grandes inversiones para crear la actual red residencial, los números no salen.

Pero el problema fundamental es el incremento del coste que supone el funcionamiento en unidades convivenciales donde el personal, si se hacen bien las cosas, y se dota a cada unidad convivencial del personal necesario mínimo, 2 de mañana-2 de tarde-1 de noche, este coste, pasa a convertirse en coste fijo y deja de ser una ratio. En consecuencia, cuanto menor sea la unidad, mayor es su repercusión por plaza; lo mismo ocurre con la ocupación; si la unidad no está llena el coste plaza se va incrementando.

Pues bien, como decíamos al principio, todo iba bien hasta que las comunidades se han puesto a hacer cuentas y han visto que los números no salen. De hecho, desde que el 11 de agosto de 2022 se publicó el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, sobre criterios comunes de acreditación y calidad, que establecía un plazo de 9 meses para que las CCAA adaptasen su normativa, de las 10 CCAA que lo aprobaron, sólo una lo ha hecho, la valenciana, y para colmo, el nuevo gobierno de esta comunidad ha manifestado ya su voluntad de cancelarlo.

Es sintomático que comunidades como Castilla y León, pionera y defensora del nuevo modelo, tiene “criogenizado” el nuevo decreto que regulara la actividad en esta comunidad. Igual hay que hacérselo mirar.

A los Fondos de Inversión tampoco les salen los números

También el Excel es el responsable del freno a la promoción de nuevos centros residenciales que estaban haciendo los Fondos de Inversión que, una vez construidos, iban a ser gestionados por los grandes grupos gestores. Según SANIMARKET, hay unos 500 centros en fase de proyecto que iban a suponer un aporte de casi 50.000 camas al sector, veremos las que finalmente ven la luz, ¿un 20%?

Aquí las cuentas no salen por varias razones. Por una parte, el incremento de costes que se ha producido en la gestión de los centros, especialmente los temas de personal donde junto con el incremento de la ratio se ha producido una más que merecida actualización salarial.

Por otra parte, estos fondos han “comprado” el discurso de las evangelistas lo que ha encarecido, y mucho, el precio de la inversión, algo que, junto con factores ajenos como el precio del dinero, o el incremento de los costes de la construcción, ha disparado sustancialmente el precio de la inversión por plaza, muy por encima de lo que el sector público y los clientes privados están dispuestos a pagar.

Además, la irrupción de estos fondos en el sector ha sido “inflacionista”; han pagado muy por encima del valor muchos de los activos que han comprado, y están teniendo dificultades para encontrar gestores que les paguen las rentas que sus inversores les piden.

¿Y entonces, como serán los centros a los que iremos la generación del baby boom?

Pues me temo que serán los que tenemos ahora. El endurecimiento de los marcos normativos, si no se acompaña de medidas económicas de apoyo para su reconversión y promoción va a suponer un freno a la transformación del sector.

Estos nuevos marcos normativos, que se hacen con la “noble intención” de mejorar la atención futura son en realidad una barrera de entrada para nuevos proyectos, y por contra, afianza y refuerza la posición de los ya existentes.

Si alguna CCAA quiere avanzar en la renovación de su parque residencial, público, pero sobre todo privado, debe de sentarse a hablar con todas las partes; seguir pretendiendo transformar el sector vía decreto no funciona, ya se ha visto.