Fundación Edad&Vida pide mayor integración sociosanitaria y un sistema de acreditación que asegure la calidad de las residencias

La Fundación Edad&Vida, comparece ante el Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de la Covid-19 en las Residencias de la Comisión de Derechos Sociales del Parlament de Catalunya para aportar las claves consensuadas, por todos los agentes sociales y sanitarios que operan en el sector, en octubre de 2021 en la VIII edición del Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida.

En el Congreso, que se centró en la “Integración Sociosanitaria: La atención del futuro”, constató en sus Conclusiones los déficits del sistema. La COVID ha evidenciado, de manera cruda, las dificultades que tienen las personas mayores que viven en las residencias para acceder al Sistema de salud, no solo en Catalunya, sino en todo el Estado y en el resto de países de ámbito europeo.

El sistema ha fallado en todos los aspectos clave y ha sido incapaz de proporcionar una respuesta adecuada y a tiempo; de hecho, no se habían preparado planes de contingencia ni se contaba con criterios claros de actuación para afrontar una situación parecida a la de la COVID. Tampoco se habían establecido los protocolos necesarios que permitiesen seguir trabajando en la prevención de la pérdida de capacidades (cognitivas, físicas y funcionales) de las personas mayores en una situación excepcional; y, por supuesto, no fue capaz de prever ni compensar el impacto que la COVID ha tenido en la cronicidad.

La Fundación Edad&Vida sigue insistiendo en la necesidad de poner en marcha una integración sociosanitaria real, así como en la creación de los marcos normativos necesarios que refuercen la colaboración público-privada.

Este Posicionamiento, trabajado con un grupo de expertos profesionales y científicos, y que cuenta con el apoyo de CEOMA, UDP y FATEC, que agrupan a más de 2,3 millones de personas, recoge diez aspectos fundamentales, que parten de la búsqueda en todo momento de la máxima eficacia y eficiencia para garantizar la viabilidad del sistema y salvaguardar el bienestar de los mayores, respetando su voluntad y capacidad de elección:

1. Reconocer la atención sanitaria en residencias como un nuevo nivel asistencial diferenciado de la primaria y de la hospitalaria y plenamente integrado en el Sistema Nacional de Salud.

1. Establecer las herramientas de integración necesarias para facilitar el funcionamiento de este nuevo nivel asistencial de forma integrada con los demás niveles y recursos de los sistemas de salud y de servicios sociales, como la historia clínica compartida o el acceso a recetas electrónicas.

1. Desarrollar de un nuevo modelo de planificación de cuidados de larga duración atendiendo a las necesidades y preferencias de las personas, que habitualmente quieren estar el mayor tiempo posible en casa optando por la atención domiciliaria, la teleasistencia, etc.

1. Crear un marco estatal de acreditación social y sanitaria básico y común en todos los territorios, que garantice la excelencia y la mejora continua en la calidad de la atención.

1. Apostar por la especialización profesional, reconociendo la formación específica y especializada, e impulsar la formación continua.

1. Mejorar las condiciones laborales de los profesionales de los centros residenciales.

1. Establecimiento de un nuevo modelo de financiación teniendo en cuenta dos tipos de aportaciones en función de la tipología de necesidades que se atiendan en los centros, es decir, del SNS para las asistenciales con un complemento del sistema social para las suyas.

1. Garantizar y potenciar un uso eficiente de los recursos disponibles.

1. Priorizar la libertad individual en la elección del recurso asistencial por parte del usuario.

1. Poner en marcha estudios científicos robustos -a escala nacional- que expliciten tanto la carga sanitaria que atienden los centros residenciales, como el coste real de la atención en los centros por grados de dependencia.

Durante su comparecencia, María José Abraham, directora general de la Fundación Edad&Vida, ha manifestado que “existe un amplio consenso entre los diferentes agentes que intervienen en la prestación de cuidados y apoyos a las personas mayores en situación de dependencia en relación a la concepción del nuevo modelo de atención como algo dinámico, desinstitucionalizado, con base domiciliaria y comunitaria y con una atención centrada en la persona. Las residencias serán un servicio más de ese modelo y se precisan de mecanismos que garanticen la conexión e interrelación entre todos los servicios para trabajar de manera coordinada.”

Concluía Abraham “El reciente acuerdo sobre acreditación de los centros alcanzado en la Comisión Interterritorial precisa de mayor consenso y una memoria económica realista que garantice el cumplimiento de los acuerdos y un servicio de inspección moderno y trasparente que abarque tanto al sector público, privado y al tercer sector que permita al ciudadano conocer y valorar los servicios, garantizando así su capacidad de elección”.