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POR AITOR PÉREZ ARTETXE, SOCIO DIRECTOR DE GEROKON

Análisis: Sobre el borrador de criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD del IMSERSO

Una residencia de personas mayores.
Una residencia de personas mayores. (Foto: EiTB)
Por Aitor Pérez Artetxe
miércoles 23 de febrero de 2022, 20:01h

Sobre el borrador de criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD que ha elaborado el IMSERSO.

La obligación de adecuar a 90 plazas el tamaño máximo a los centros en funcionamiento afectaría a unas 1.300 Residencias y podría suponer el cierre de unos 800 centros. Obligaría a “realojar” a unos 120.000 dependientes, y conllevaría el despido de unas 75.000 trabajadoras, 7.000 de los cuales serian funcionarias o trabajadoras de centros de
titularidad pública.


El pasado mes de diciembre, los medios de comunicación se hacían eco de un borrador de acuerdo que desde el IMSERSO se estaba negociando, inicialmente con agentes sociales, para establecer los criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD y trasladarlo a las Comunidades Autónomas (CCAA)

La parte más desarrollada, y la, comunicativamente más sensible, es la atención residencial, y lo más destacado, y que ha sido titular en diversos medios, es el tamaño máximo de las residencias.

El primer borrador lo limitaba a 50 plazas. Ahora van por las 90, con la obligación de funcionar en unidades convivenciales de un tamaño máximo de 25 plazas.

A mi entender, el punto más polémico de los borradores que se están manejando, es el que hace alusión a la obligatoriedad que tienen los centros acreditados con anterioridad de presentar un plan de adecuación, sectorizando, o reduciendo su capacidad.

Así planteado, esta medida afectaría a una de cada dos plazas residenciales, 1.300 centros – 200.000 plazas. Algunos centros podrían ajustar su tamaño, pero para otros muchos, esta regulación supondría el cierre. Una primera estimación nos dice que:

• 800 centros podrían verse abocados al cierre
• 120.000 dependientes tendrían que ser realojados en otros centros que ahora mismo no existen
• 75.000 trabajadoras perderían su trabajo; aproximadamente un 10% serían de centros de titularidad pública

En el borrador se establecen unos requerimientos de personal, para conseguir de manera progresiva llegar a una ratio de atención directa del 0,43 en 2027; 0,55 - 0,58 si tenemos en cuenta al personal de atención indirecta. Muy superior al que actualmente tienen algunas comunidades autónomas.

El resto de los requerimientos que se plantean para obtener la acreditación tienen que ver con lo que ya se esta trabajando en muchos centros:

• Plan de personal de apoyos
• Profesional de referencia
• Atención libre de sujeciones
• Promover la participación de la familia en los centros
• Requisitos documentales – Protocolos

A raíz de la pandemia, se ha puesto encima de la mesa la necesaria obligatoriedad de que la sanidad pública garantice la atención sanitaria a toda la población, incluida la que vive en residencias. En este borrador de decreto, y en algún otro como el de Castilla la Mancha se deja “entrever” que la atención primaria tiene que responsabilizarse de garantizar-prestar esta atención. Esto si que puede ser una verdadera revolución, que la sanidad pública asuma la atención sanitaria de los mayores dependientes que viven en residencias.

En el documento se habla mucho de que se va a incrementar la exigencia de transparencia a las entidades privadas que quieran concertar plazas con la administración. Esperemos que esta exigencia de transparencia se haga extensiva y podamos saber cosas tan básicas como cuanto cuesta una plaza de titularidad y gestión pública.

Parece difícil que el documento que se esta planteando pueda ser consensuado, no ya con los agentes sociales, sino también con las 17 CCAA. Hay que recordar que esta materia esta totalmente transferida y cada una interpreta la ley de manera diferente.

En los últimos años, y especialmente a raíz del impacto comunicativo que la pandemia ha tenido en la sociedad, todas las administraciones se están viendo “obligadas” a modificar los marcos normativos. Se trata de cambios que giran en torno a cuatro ejes:

• Reducción del tamaño de los centros
• Incremento de ratios
• Mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales
• Cambio hacia el modelo de Atención Centrada en la Persona

Pero, estos cambios, no van a ser posibles si no van acompañados de la correspondiente financiación, algo que ahora mismo se esta viendo que no se esta haciendo en la mayoría de las CCAA.

Aitor Pérez Artetxe, socio-director de GEROKON

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