Leo en un periódico digital que “una juez de Alicante obliga a vacunar a dos ancianos internados en residencias pese a la oposición de sus familiares”, me interesa y decido buscar un poco más. Resulta que no es un caso aislado, en poco tiempo leo que lo mismo han dicho dos jueces diferentes de Alicante. Las noticias no son muy distintas de otras referidas a Santiago de Compostela o Sevilla. La historia se repite. Ante la campaña de vacunación se pide el consentimiento de los residentes, una labor que la sanidad pública delega en las residencias. Como alrededor de un 40% de residentes viven con deterioro cognitivo, éstos no pueden decidir en un sentido o en otro por lo que se busca a sus tutores legales. Muy pocos residentes con deterioro cognitivo tienen asignado uno nombrado por un juez por lo que se recurre a los familiares de referencia y ¡sorpresa!, algunos dicen que no firman el consentimiento para vacunar.
Esto ha pasado en toda España, por suerte en pocas ocasiones. Lo que resulta interesante de los casos de Alicante, Santiago de Compostela y Sevilla (tres ciudades bastante alejadas entre sí), es que alguien decide poner la situación en conocimiento de los jueces y éstos han actuado de forma muy parecida. Poniendo el interés de la persona por encima y autorizando la administración de las dos dosis de la vacuna.
En el caso gallego, la tutora no se sentía con fuerzas para “asumir el peso de la decisión”, en los otros dos no he sabido encontrar el motivo. Sea como sea, me parece muy interesante que tres jueces digan algo tan parecido. Con esto en mente y siguiendo su argumentación me pregunto: ¿Hay alguna circunstancia en la que un tutor o un familiar que habla en nombre de un mayor pudiera negarse a que éste reciba la vacuna? Yo creo, leyendo las noticias (no he leído los autos) que la respuesta es un “no” claro.
Hay motivos que hacen que no sea conveniente vacunar a una persona. Estos son de tipo médico y pueden ser valorados mucho mejor por parte de un profesional sanitario que por un familiar. Si cuando no se dan esos motivos los jueces consideran que el tutor no puede negar la vacuna a su tutelado, ¿por qué pedirle autorización? ¿Por qué hacer el “teatrillo” de pedir que firmen un papel y de ir al juez si se niegan a firmar para que el juez autorice? ¿No tienen nada mejor que hacer los jueces?
Podíamos tener dudas, pero viendo que la respuesta es la misma de forma reiterada, ¿podríamos ir al grano? ¿Podrían el gobierno y el parlamento ponerse las pilas y aprobar una Ley Orgánica sobre vacunación?
Y ya puestos a aprobar una ley, ¿no deberíamos afrontar también la cuestión de los empleados de residencia que se niegan a vacunarse?
Resulta chocante que por un lado unos cuantos poderosos (alcaldes, mandos militares y otros altos cargos), que en teoría tienen acceso al mejor conocimiento y viven con un riesgo relativamente bajo de contagio se “cuelen en la lista de la vacunación”, mientras quienes trabajan en residencias, normalmente con una formación más escasa y un elevado riesgo de contagiarse/contagiar, puedan “elegir” vacunarse, como si esto fuese algo sin demasiada trascendencia.
En poco tiempo he leído noticias sobre empleados en residencias que no se vacunan en: Murcia, Cataluña, Galicia, o en toda España, donde el porcentaje sería del 10%.
¿Podría empezar alguien a ir a los juzgados para saber si un trabajador que se niega a recibir la vacuna está en condiciones de prestar sus servicios en una residencia?
Una cosa son los pocos casos en los que no es conveniente por cuestiones de salud ponerse la vacuna. Pero no es eso lo que estamos viendo. Otra cuestión es la del miedo a inocularse algo que se considera todavía no ha sido suficientemente testado. Eso podría haber tenido sentido hace un mes. Ahora que millones de personas en todo el mundo están vacunadas y no se han detectado muestras adversas relevantes ya no se sostiene.
Creo sinceramente que deberíamos hacer algo pronto. Si no lo hacemos será la realidad la que por sí sola se va a arreglar y va a convertir la vacuna en algo obligatorio. No me cuesta imaginar a todos los propietarios de residencia pidiendo el “carnet de vacunación” para poder trabajar en contacto estrecho con personas frágiles, dependientes y con enfermedades crónicas. Me imagino que los jueces no considerarán esa petición como algo ilegal ya que tiene total lógica. Tampoco me cuesta imaginar que nos pidan ese carnet para coger un avión, tren o incluso para comprar entradas para ir al cine. Eso irá surgiendo. Pero el problema lo estamos teniendo ahora y cualquier medida para poder salir del atolladero lo antes posible debería ser considerada. Si conseguimos salir un mes antes, mejor, sobre todo para los que dejen de morir.
Aprendamos de lo que está sucediendo y tomemos medidas, ¡ya!
A ver si leyendo este texto dentro de cinco o diez años nos encogemos de hombros y pensamos, “¿te acuerdas de la pandemia? ¡Qué memos éramos!
Si (
No(