El Consejo Territorial de Derechos Sociales abordó la semana pasada las propuestas para la puesta en marcha de un Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, elaborado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Se abre así un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y se espera ahora a que éstas hagan sus propuestas antes de aprobarlo, que podría ser en dos o tres meses.
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, cree que este plan “tiene la capacidad de incidir en la actualización del Sistema y la mejora de la atención y de la financiación, para que la atención a la dependencia sea, por fin, un derecho realmente efectivo en España”.
El plan contempla establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas (estableciendo cuantías mínimas) incrementando las máximas e introduciendo mejoras en su regulación o ampliar las compatibilidades entre las Prestaciones y Servicios.
Asimismo, plantea extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años, agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas al incremento de la cobertura del sistema, incrementar el nivel mínimo de financiación, recuperar el nivel acordado de financiación y orientarlo a la consecución de determinadas medidas estratégicas de refuerzo del SAAD, analizar y revisar el actual modelo de copago, o reconocer la aportación de las Entidades Locales y reconsiderar su papel en el SAAD.
Plan en tres años
El plazo previsto para la plena implementación de estas medidas es de tres años (entre 2021 y 2023). Las medidas propuestas para aumentar la contribución por parte de la Administración General del Estado a la financiación del SAAD, aseguran los recursos suficientes para su implementación y para que la lista de espera se reduzca sustancialmente.
En concreto, se estima que la subida prevista del nivel mínimo y la recuperación del nivel acordado supondría un aumento de 600 millones de euros en la aportación de la AGE en 2021 en comparación con el presupuesto actual. En los dos años siguientes, se plantea mantener el nivel acordado y actualizar las cuantías del nivel mínimo.
Estas medidas también tendrán un efecto positivo sobre la actividad económica, como consecuencia del aumento de la demanda de bienes y servicios de las personas beneficiarias, de las empresas que deben satisfacer ese aumento de demanda y de las nuevas personas empleadas como consecuencia del aumento de producción. Especialmente, al ser los beneficiarios de estas prestaciones las personas con mayor propensión al consumo, la redistribución genera un efecto positivo sobre el crecimiento. De esta forma, los ingresos tributarios también se incrementarán.
La incorporación al SAAD de nuevas personas beneficiarias de prestaciones de dependencia, supondrá, necesariamente, creación de empleo, ya que habrán de ampliarse el número de profesionales necesarios para desempeñar las tareas adecuadas a las prestaciones reconocidas. Se estima que, con el escenario del actual modelo de prestaciones y servicios, por cada incremento de un millón de euros invertido en el SAAD se crean más de 37 puestos de trabajo.
El primer año de aplicación del plan, por tanto, podrían crearse en torno a 24.000 empleos nuevos.
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