La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade) ha pedido al Gobierno de Madrid que priorice y asuma la realización de PCRs a los profesionales que trabajan en las residencias. “La seguridad de las personas mayores que viven en los centros y de las y los trabajadores de los mismos es una cuestión de Salud Pública y por ello es la la Comunidad la que debe hacerse cargo de los test ante la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo“, declaran desde la asociación que agrupa a residencias privadas, concertadas y sin ánimo de lucro de la región.
La petición se ha realizado en el marco de la reunión semanal que mantienen con una comisión en la que participan representantes de las consejerías de Servicios Sociales y Sanidad con el sector en la que se trata de garantizar la mejor y mayor coodinación para minorar la expansión de la infección en los centros y anticipar los procedimientos a seguir en el caso de que se produzcan brotes. “Se ha demostrado que la mejor medida para evitar la expansión de la pandemia es que el Covid-19 no entre en los centros y todo lo que pedimos está destinado a garantizar la seguridad de las personas usuarias’, los explica Pilar Ramos, presidenta de Amade.
“Nosotros consideramos que la COVID no puede considerarse riesgo laboral, , especialmente cuando la obligación de realización del test nace del disfrute de unas vacaciones. Son profesionales que trabajan con responsabilidad y que necesitan garantías de trabajar con las personas más vulnerables sin ponerlos en riesgo ante el virus”, añade
Ramos.
El mininistro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el pasado viernes que será obligatorio hacer PCR a todos las personas que que ingresen en las residencias y también a los empleados que vuelvan de vacaciones, a partir de ahí según Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19 que explica que en caso de rebrotes o segunda oleada corresponde a las autoridades de Salud asegurar la capacidad de los laboratorios ante la posible demanda diagnóstica. “Queremos que las acciones se lleven a cabo de forma preventiva para evitar que se llegue a situaciones como las que hemos vivido en los pasados meses”, apunta la presidenta de Amade.
Una medida que ya han adoptado regiones como Andalucía, Cataluña, Extremadura, Navarra Valencia y Cataluña y que están estudiando otras como Castilla La Mancha y Aragón.
Por otro lado desde la entidad madrileña explican que “la salud es una responsabilidad del Sistema Sanitario, no de las entidades pretadoras de servicio y el hecho de que el coste de la obligación recaiga en los centros puede perjudicar los usuarios de aquellos que no puedan afrontar este coste porque la obligación se impone no en beneficio de los
trabajadores sino en beneficio de los usuarios residentes los que se verían más afectados si entrase el virus, ya reciban el servicio de forma pública o privada”.
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