La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) ha vuelto a poner el foco en el incumplimiento del Pacto de Estado por la Dependencia. En una nota esta semana informan de que, hasta el momento, tan solo se ha dado cumplimiento a dos de los compromisos de este pacto: la recuperación del derecho de las cuidadoras a cotizar en el convenio especial de cuidadores no profesionales y la mayor transparencia del sistema (a la espera de la aprobación e implantación de la nueva estadística oficial).
Sin embargo, ADYGSS denuncia que "las prórrogas de los presupuestos recortados han devenido en una nueva ralentización del sistema" durante el año 2019 que ha derivado en "un muy preocupante empeoramiento de las cifras", de manera que por primera vez desde 2016, "el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha vuelto a aumentar".
Así, el saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera que ya se eleva a 270.000 personas con derecho a servicios o prestaciones que no reciben.
Pero añade que a este incremento de personas en espera hay que añadir lo escandaloso de "los plazos de tramitación: 426 días de media con grandes variaciones interterritoriales, lo que indica que a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión".
Aumentan las listas de espera
Preocupa también el incremento de personas pendientes de valoración de dependencia que ya asciende a 160.000 (30.000 más que hace un año).
De esta forma, ADYGSS recuerda que durante 2019 en Extremadura y en Asturias ha disminuido el número de personas atendidas (-966 y -952 respectivamente). Pero también denuncia que en la mitad de las comunidades autónomas la lista de espera ha aumentado: Extremadura (7,9%); Asturias (7,8%); Comunidad de Madrid (4,3%); Región de Murcia (3,9%); Islas Baleares (3,3%); C. Valenciana (1,9%); Galicia (0,6%) y Melilla (0,3%).
En el lado de los incrementos de personas atendidas, la comunidad valenciana ha sido la que más ha aumentado el número de beneficiarios (+14.119), dándose la contradicción de que esto se debe al gran número de personas con derecho a servicios que se ha incorporado al Sistema (+18.076). La siguiente comunidad en incremento anual de personas atendidas es Castilla y León (+11.402).
A pesar de que el número de atendidos asciende a 1.115.000 personas, el saldo positivo de 61.000 personas más del último año, es claramente insuficiente para absorber la demanda.
Al ritmo en que han aumentado el número de beneficiarios en 2019 y teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en la lista de espera, "se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes", se lamenta la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
85 personas mueren al día sin recibir servicios
Sin embargo, uno de los datos que más duelen (teniendo en cuenta que todos duelen) es el de las personas que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones teniendo el derecho efectivo porque se les ha reconocido algún grado de dependencia. La ADYGSS estima que en 2019 esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas, lo que son 85 fallecimientos diarios.
Hay que tener en cuenta que el 54% de las personas que solicitan estas ayudas tiene más de 80 años, lo que supone, según la asociación, una "tremenda forma de reducir las listas de espera".
Del mismo modo, otra de las consecuencias de la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria es que supone "gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares", muy especialmente a las mujeres, ya que "el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas". "Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes", apuntan.
Hace falta dinero
Una vez más, al final, como tantas cosas en la vida, el dinero es fundamental. Sin financiación no se pueden hacer cosas. Así, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recuerda que "no todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados".
Dentro de las prioridades sociales existentes, insisten, "es ya urgentísimo acometer una inyección financiera decidida en el sistema dirigida a absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas" y añade: "El Gobierno de España debe cumplir urgentemente el Pacto por la Dependencia y recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que no bastará para dar plena atención a todas las personas".
Terminan apuntando que reducir la lista de espera en un 75%, esto es, incrementar el número de personas atendidas en 200.000 tiene un impacto anual de 1.300 millones de euros (equivalente a la actual aportación estatal al sistema) y requiere unas maquinarias de gestión bien ordenadas y engrasadas. "El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes", concluye la ADYGSS.
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