Los directores sociales vuelven a denunciar que "el Gobierno incumple la Ley de Dependencia".
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales denuncia que, según los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia en 2017 que se han hecho públicos "una de cada cuatro personas dependientes terminaron el año en el 'limbo de la dependencia'".
De esta forma, destaca también que "durante 2017, el saldo de la lista de espera se redujo en 38.189 personas" y que "a ese ritmo se necesitarían más de ocho años solo para atender a la actual acumulación de la lista de espera".
Igualmente, señala: "Las Comunidades que más han incrementado porcentualmente el número de beneficiarios en el último año, han sido Navarra (25,9%), Castilla La Mancha (24,5%), Aragón (21,8%) y la Comunidad Valenciana (19,3%). Sólo una Comunidad: La Rioja, decreció en número de atendidos (-2,3%)".
Por otra parte, apunta que "la situación de Cataluña es especialmente preocupante con la mayor tasa de lista de espera (37,1%)" y añade que "al actual ritmo, Cataluña precisaría de más de once años para absorber la lista de espera".
Sobre las cosas del dinero, la asociación de directoras y gerentes subraya que "la aportación de la recortada financiación finalista de la Administración General del Estado para las comunidades autónomas apenas supone el 17% del total, mientras que las CCAA aportan el 63% y los propios usuarios el 20% restante".
Así, "2017 confirma una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los Dependientes Moderados (julio de 2015)", apunta, pero a pesar del incremento en 89.267 beneficiarios del Sistema en 2017 (+10,3%), "se confirma la tendencia hacia un sistema de atenciones Low cost. Atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo".
Hay que recordar que de todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres; y que más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.
120.368 desatendidos
En cualquier caso, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ve "especialmente preocupante que casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 120.368 personas".
"Los últimos datos oficiales reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. El propio Ministerio reconoce en sus informes que, en 2017, una de cada cuatro de las personas con derecho a prestación que han causado baja (la inmensa mayoría por fallecimiento), no se encontraban recibiendo su correspondiente prestación", explica en su web esta asociación.
Por ello, denuncia una vez más que "el Gobierno de España incumple una la Ley de Dependencia, amparada en el artículo 149.1.1ª. de la Constitución Española, ya que debe garantizar financiación suficiente para el ejercicio de los derechos con independencia de la comunidad de residencia".
Y recuerda que "es necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema", pero hasta que eso suceda, el Ejecutivo debe abordar las "urgentes necesidades financieras" para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado. "Ese nivel mínimo de financiación del Estado en el que descansa la 'garantía del derecho subjetivo' de las personas en situación de dependencia", concluye.