Propuestas de afectados y Aeste para impulsar la Dependencia en 2018

Negocios y Gestión de la Dependencia ha querido conocer el punto de vista de los afectados de la Dependencia y del sector empresarial sobre las perspectivas que tienen para este año que acaba de comenzar. Así, tanto la presidenta de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, Aurelia Jerez Medina, como el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, coinciden en que hay que cambiar las cosas.

Los primeros reclaman la recuperación del nivel mínimo acordado antes de su eliminación en el año 2011, dar una vuelta a la cartera de servicios y unificar los criterios de valoración. Mientras, desde la patronal se pide la acreditación de la calidad y la capacidad funcional de los centros, así como la puesta en marcha del ámbito sociosanitario.

Aurelia Jerez Medina, presidenta de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (COES-LAPAD)

¿Cuál sería su principal reivindicación en materia de Dependencia para este año?

Nosotros lo que reivindicamos desde las Plataformas es la recuperación del nivel mínimo acordado, y que eliminó Rajoy cuando llegó al Gobierno en el año 2011, que supuso un hachazo mortal para la Ley de Dependencia. En él se derogaban las compatibilidades entre los servicios y se dejaba sin Seguridad Social a cientos de cuidadoras/es, teniendo en cuenta que el 93% de estos somos mujeres, a las que nos ha abocado a un futuro muy oscuro.

¿Cómo valora la subida que aprobó el Gobierno sobre el nivel mínimo en el último Consejo de Ministros del 2017?

Es una manera de no congelar el presupuesto, pero teniendo en cuenta los más de 300.000 dependientes en lista de espera con prestaciones reconocidas, pues en realidad no sirve para nada. Mientras no se recuperen los niveles de financiación estatal, no tiene arreglo, porque no puedes cargar con todo el peso a las CCAA, es completamente imposible e inviable.

Creo que el Gobierno tiene que coger por fin el toro por los cuernos y recuperar todo aquello que se recortó hasta los niveles de 2010. En las dos legislaturas que llevamos hay más de 4.000 millones de recortes en Dependencia. Cuando te vienen con estas migajas no sabes si reír o llorar.

El PP no ha creído nunca en la Ley de Dependencia. No la han derogado porque les da vergüenza y no quieren quedar mal ante la opinión pública, pero la van recortando de derechos y presupuesto, y están dejando que la gente se muera sola.

Sin embargo, una de las CCAA gobernadas por el PP, Castilla y León, es una de las mejor valoradas por el Observatorio de la Dependencia.

Esa es una lucha que nosotros tenemos con el Observatorio, porque no vemos lógico que solo se mida la cantidad y no la calidad de los servicios. Por ejemplo, con una Prestación de Cuidados en el Entorno Familiar para un grado III, en algunas CCAA se paga 387 euros/mes, mientras que en Castilla y León es de 37 euros/mes. Claro, da para atender muchos más. Esto es así, porque en CyL miran la renta de la unidad familiar y dicen que para un grado III, son 37 euros, es así de triste.

Entonces, lo que valoran es la cantidad de prestaciones, no la calidad del servicio. Igual que se está dando demasiado auge para las prestaciones a las empresas privadas, las Prestaciones No Vinculadas al Servicio, donde simplemente te entregan un cheque para que te busques la vida en la empresa privada. Creo que eso no es la solución para la Dependencia.

Según ustedes, ¿qué habría que hacer para relanzar la Dependencia?

Entendemos que hay que darle una vuelta a la cartera de servicios. Cuando nació la Ley se pensó básicamente en ancianos y los servicios que se crearon estaban encaminados a este colectivo porque en España tampoco había unas estadísticas del número de dependientes.

Hay menores y personas de edades más tempranas dependientes y no hay una cartera de servicios que se destine a los niños. No hay más prestación que las de cuidados en el entorno familiar porque el resto (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche) no pueden ser ofertados para niños.

Hay que dar una vuelta a la cartera de servicios y tendríamos también que ver la posibilidad de unificar criterios de valoración. No puede ser que en Madrid una persona sea ‘gran dependiente’ y ‘dependiente moderado’ en Sevilla, o al revés, porque nos encontramos con incongruencias así, personas que se mudan de CCAA y que les cambian la valoración y el grado.

¿Cree que durante este año seguirá el incremento de los Servicios low-cost?

A ese tipo de servicios me refería cuando hablaba de prestaciones vinculadas a servicio. Te puedo dar datos de que una hora de fisioterapia cuesta 48 euros lo mínimo, pero sin embargo la Comunidad lo que paga son 14 euros. Los otros 34 corren por parte del dependiente, que si tienes para pagarlo puedes dar la terapia y si no tienes, pues te has quedado sin servicio.

Esta muy alejada lo que es la oferta de las CCAA con el coste real de los servicios. Te ofrecen una cantidad mísera para que te busques la vida dentro de la empresa privada y si no lo puedes pagar pues renuncias. Hay muchísima gente que ha tenido que renunciar a su prestación de dependencia porque no puede hacer frente al copago que le acompaña.

Jesús Cubero, secretario general de AESTE

¿Qué perspectivas tienen para este año?

Nosotros vemos que tras las fusiones y las compras que se han producido durante 2017, el año 2018 será un año de consolidación en el sector, donde la demanda de servicios va a continuar creciendo, y los operadores continuarán mostrando su interés por ofertar la mejor calidad a un precio razonable.

¿Piensa que van a seguir las fusiones y la entrada de capital extranjero en los grupos residenciales?

Como podrás comprender, las noticias de este calado se hacen públicas una vez que ya están muy avanzadas, pero sí te puedo confirmar que sigue siendo un sector atractivo en la parte privada. Eso puede facilitar la entrada de nuevos grupos de capital extranjero interesados en ofrecer buena calidad de servicios a un precio interesante para nuestros mayores. En cuanto a las plazas de financiación pública, se hace necesaria una revisión de tarifas para que resulte atractivo a los grandes operadores y fomentar de este modo la igualdad de oportunidades en lo que a calidad se refiere.

En cualquier caso, los grandes grupos y los inversores del Sector tienen claro que un principio básico debe ser la profesionalización de los servicios. Seguramente la nueva Ley debe recoger expresamente el reconocimiento de los cuidados a la persona dependiente desde la dignidad, el desarrollo de su autonomía y la protección a sus derechos.

Con este tipo de operaciones, las perspectivas de envejecimiento, y el interés social que está despertando el sector, ¿pueden hacer que este año sea el del lanzamiento definitivo del sector?

El año 2018 debe comenzar a verse algún movimiento en el desarrollo del ámbito sociosanitario, debemos abordar ese debate desde todos los puntos de vista del sistema sociosanitario español: los mayores, las familias, los trabajadores, los operadores del Sector, los colegios profesionales y las Administraciones Públicas. O nos ponemos manos a la obra de inmediato e implantamos medidas consensuadas, o corremos el riesgo de no poder afrontar el gasto que van a requerir los cuidados adecuados de la población mayor de 65 años.

Sería necesario que se diera un impulso decidido a la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), ya que éste constituye el mejor instrumento que respeta la libertad y el derecho a decidir de los beneficiarios; y este impulso debe hacerse ofreciendo más transparencia al sistema en su conjunto y retomando el verdadero espíritu de la LAPAD, que era de una Ley de Servicios.

Es necesario contar con un sistema de acreditación equitativo y en el que se establezcan unos requisitos mínimos y homogéneos de calidad que permitan la cohesión territorial en el conjunto del Estado, dotando al sistema de una unidad de mercado que garantice una calidad objetiva y equiparable entre todas las Comunidades Autónomas.

La coordinación sociosanitaria puede suponer un incremento inicial del gasto, pero eso puede ser amortiguado con el impulso de la colaboración público-privada, y a través de un nuevo modelo de financiación, diferenciando los costes reales de un centro residencial en función de servicios de tipo asistencial y social, servicios de tipo sanitario, o servicios de alojamiento y manutención. La coordinación sociosanitaria debe contemplar la historia sociosanitaria única, lo cual conlleva la unidad de criterios normativos a nivel nacional.

¿Piensa que va a seguir la tendencia de la prestación de servicios low-cost (teleasistencia y ayuda a domicilio) por parte de las administraciones públicas mientras se retrasa el acceso a los dependientes de grado II y III, a las residencias?

El desarrollo de la autonomía de los mayores deben potenciarse teniendo en cuenta aspectos que hasta ahora no se han tenido prácticamente en cuenta. La nueva Ley debe desarrollar las actividades del desarrollo personal que se han quedado bastante estancadas mediante un impulso a Servicios de Ayuda a Domicilio y Servicios de Teleasistencia. Es una medida de contención del gasto al tiempo que fomentamos la autonomía de los mayores.

¿Qué medida urgente habría que tomar de inmediato?

Creo que es necesario abordar de una forma seria y coordinada la formación de los profesionales para las nuevas necesidades y ofrecer así la calidad que necesitan los nuevos modelos de atención a nuestros mayores. Las Administraciones Públicas deben adaptar el pago de la prestación al servicio realmente ofrecido, dado que en este momento quien sostiene el coste del servicio son los trabajadores, las empresas y los usuarios privados.

Es necesario disponer de forma urgente de un sistema de acreditación de servicios, y que el ciudadano tenga acceso a baremos de calidad, cartera de servicios de cada centro, etc… sólo desde la libertad de elección podremos dar cumplimiento al objetivo de la LAPAD, que era la de ofrecer unos servicios de calidad a las personas dependientes.

Opino que ya no podemos retrasar por más tiempo el debate abierto sobre el copago, debiendo instrumentarse un ejercicio real y responsable de copago en función de la renta y el patrimonio de la persona que va a ser atendida. Si pretendemos una evolución positiva del Sector, los criterios de mejora en la gestión de servicios deben venir directamente relacionados con unos ajustes de tarifas y ratios de personal que correspondan a unos servicios de calidad.

Por último, es urgente que se realice una homogeneización del tipo de IVA aplicado al Sector de la Dependencia, igualando este tipo al superreducido (4%) y que no diferencie los mismos servicios y asistencia prestados en función de la titularidad o financiación de un servicio por parte de una Administración Pública o de un particular. El tipo de IVA ha de depender del Servicio prestado y no del pagador o usuario final, poniendo fin a la injusta situación que viven actualmente las familias de personas dependientes.