El Gobierno y siete comunidades abogan por revisar la financiación de la ley de dependencia

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, presidió el pasado martes la última reunión de la Comisión para el Análisis de la situación de la Dependencia en la que se ha puesto en común el resultado de los trabajos realizados para un diagnóstico de la Dependencia y su modelo de financiación.

Esta Comisión, que hay que recordar que fue creada por el Consejo de Ministros en febrero tras los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes de enero, está integrada por representantes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias y Castilla-León.

Han hecho falta 9 reuniones entre marzo y julio para elaborar un informe consensuado en el que se analiza la situación actual del Sistema de Dependencia y sus mecanismos de financiación.

Conclusiones:

El Informe indica que a 30 de junio de 2017 hay 1.217.355 beneficiarios con derecho a una prestación, pero la tienen de manera efectiva 898.243. Otras 319.092 personas se encuentran en lista de espera.

También se recuerda que el coste del sistema a 31 de diciembre de 2016 era de 7.986 millones de euros.

El acuerdo contempla proceder a la reconsideración del sistema de financiación actual o en su caso a la adopción de un nuevo sistema de financiación que además garantice la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas, máxime cuando se ha considerado necesario por la Comisión una revisión en profundidad de la Ley 39/2006, en base a la experiencia acumulada y con el fin de adaptarla a las demandas de la ciudadanía y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Por ello, añade, en los próximos años se debe avanzar en adecuar los recursos destinados a Dependencia a las necesidades generadas en este ámbito, en particular, en un contexto de envejecimiento de la población y previsible crecimiento del número de personas en situación de dependencia.

Respecto al voto particular emitido por la Generalitat de Cataluña junto a los Gobiernos de Aragón, Andalucía y Asturias, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha señalado que el mismo se incorporará al informe definitivo que se debatirá en el Consejo Territorial extraordinario que se convocará próximamente.

Estas regiones reclaman que la financiación del sistema sea finalista y, del mismo modo, piden que se reconozca la deuda que el Estado tiene con las comunidades autónomas en esta materia.