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Envejecer no puede significar perder derechos: las personas mayores reclaman su lugar en la sociedad

Día de las Personas Mayores. (Foto: Gemini).

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS MAYORES: LA LONGEVIDAD OBLIGA A REPLANTEAR LA AUTONOMÍA, LA PARTICIPACIÓN Y LA IGUALDAD

Javier Cámara | Martes 29 de septiembre de 2026
Las organizaciones exigen autonomía, participación y un sistema de cuidados que respete su dignidad, promoviendo su inclusión activa en la vida social.

El Día Internacional de las Personas Mayores llega este 1 de octubre en un momento en el que el envejecimiento ha dejado de ser una cuestión que afecte únicamente a una parte de la población para convertirse en una de las grandes transformaciones sociales.

Naciones Unidas ha dedicado la edición de 2026 a la longevidad y a la necesidad de repensar los sistemas para afrontar vidas más largas, mientras España continúa avanzando en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas mayores. La cuestión ya no es solamente cómo atender a quienes necesitan cuidados; también es cómo garantizar que cumplir años no suponga perder capacidad de decisión, oportunidades de participación o acceso en igualdad de condiciones a los distintos ámbitos de la vida social.

Y es que envejecer no puede significar perder derechos. Lo dice el sentido común, las propias personas mayores, que reclaman su sitio en la sociedad, y los expertos que trabajan para que sus derechos sean reconocidos y protegidos. Así lo expresa Eduardo Ortega, CEO de EO Abogados y especialista en Derecho de Mayores: “La edad no suspende derechos fundamentales ni derechos civiles”.

Ortega pide que la edad no sea tratada como un dato neutro cuando afecta a la autonomía, la dependencia, el arraigo o la vulnerabilidad. En relación con la dependencia, recuerda que “cuando un derecho se reconoce en la ley pero no se garantiza en la realidad, y esa situación se mantiene en el tiempo, estamos ante una vulneración por omisión”.

Una sociedad que envejece necesita revisar cómo entiende la edad

Los datos demográficos ayudan a dimensionar el cambio. Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 21,1% de la población residente en España tiene actualmente 65 años o más. Si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, ese porcentaje alcanzaría el 30,9% en 2076.

La longevidad, por tanto, no constituye una circunstancia marginal, afecta a la organización de la sociedad, a los sistemas de protección social, a la sanidad, a la vivienda, al empleo, a los cuidados, al transporte y también a la forma en que se representa y se escucha a las personas mayores.

La propia ONU plantea que las personas mayores deben poder continuar participando de manera significativa con independencia de su edad. Entre las políticas que considera relevantes figuran el empleo, las pensiones, la vivienda, la atención sanitaria y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Y para que todo esto sea posible, la patronal AESTE reclama situar los cuidados como una prioridad de Estado ante el aumento de la población mayor y la necesidad de preparar el sistema para una sociedad cada vez más longeva.

La entidad considera necesario un gran acuerdo que aporte estabilidad y permita una planificación a largo plazo, con financiación suficiente, una red adecuada de servicios y garantías de igualdad en el acceso, de manera que cada persona pueda recibir los apoyos que necesita, tanto en su domicilio como en un centro, de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

Igualmente, CEAPs ha lanzado la campaña '20 años. 20 derechos que no pueden esperar' con la que reclama que los derechos reconocidos a las personas mayores puedan ejercerse de forma efectiva. La iniciativa pone el foco, entre otras cuestiones, en el derecho a decidir cómo y dónde vivir, recibir los cuidados necesarios, acceder a servicios profesionales y de calidad, mantener la capacidad de decisión y recibir atención sanitaria en igualdad de condiciones, además de abordar las diferencias territoriales, la falta de profesionales y la necesidad de una financiación suficiente del sistema de dependencia.

El edadismo también limita la vida en sociedad

Cumplir años no elimina los derechos. Sin embargo, la discriminación por razón de edad está reconocida en España como una forma de discriminación que puede afectar a distintos ámbitos de la vida.

La Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, incluye expresamente la edad entre las causas protegidas y extiende su ámbito a la vida política, económica, cultural y social, así como al empleo, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y la participación social o política. La norma señala además que la discriminación por edad puede adquirir una dimensión especialmente relevante en una sociedad progresivamente envejecida.

El Imserso, por su parte, identifica el edadismo como una barrera para el ejercicio de derechos y recoge entre sus manifestaciones situaciones como decidir por las personas mayores sin preguntarles, asumir que determinados problemas se explican únicamente por la edad o excluirlas de espacios de toma de decisiones.

La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en evitar un trato discriminatorio explícito. También implica revisar aquellas prácticas que, bajo la apariencia de protección, terminan reduciendo la autonomía o la capacidad de decisión de una persona simplemente porque ha cumplido determinados años.

Las organizaciones de mayores piden pasar de los principios a los derechos efectivos

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha planteado para este 1 de octubre una reivindicación que encaja directamente con ese debate: reclama una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que sea vinculante, cuente con recursos y disponga de mecanismos efectivos de seguimiento. Entre sus demandas incluye dignidad, autonomía, igualdad y participación.

La PMP también sitúa entre sus prioridades la atención a la dependencia, los servicios de proximidad, la sanidad, la vivienda y la protección frente al abuso, la negligencia y la violencia. Reclama, además, que las personas mayores sean reconocidas como parte activa de la vida comunitaria y participen en las decisiones que afectan a su presente y a su futuro.

No se trata, por tanto, únicamente de reclamar más recursos para atender situaciones de necesidad. Una parte del movimiento asociativo de las personas mayores está planteando una cuestión más amplia: que las políticas dirigidas a ellas se construyan desde el reconocimiento de sus derechos y de su capacidad para participar en la sociedad.

El debate sobre los derechos de las personas mayores tiene una conexión directa con el sistema de dependencia. La atención y los cuidados son esenciales para quienes los necesitan, pero la forma de prestarlos también condiciona la autonomía y la posibilidad de continuar desarrollando un proyecto de vida.

CEOMA ha defendido, tras la reforma del sistema de dependencia aprobada en 2026, un modelo de cuidados basado en los derechos de las personas mayores y ha señalado la necesidad de que la longevidad vaya acompañada de autonomía, participación y cuidados.

El XIII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de CEOMA, celebrado bajo el título 'Un nuevo paradigma de cuidados para la sociedad de la longevidad', centró su debate en la necesidad de avanzar hacia un sistema de cuidados de larga duración basado en la dignidad y la sostenibilidad, y en combatir las narrativas edadistas que estigmatizan a las personas mayores y pueden poner en riesgo sus derechos.

El encuentro abordó los nuevos retos asociados a la longevidad, situando los derechos, la autonomía, la capacidad de decisión, la participación social, el bienestar y la salud más allá de la dependencia y la atención asistencial, y dedicó uno de sus ejes a los nuevos modelos de cuidados, las comunidades cuidadoras, las políticas públicas, la reforma normativa, el papel del sector privado y el impacto de la tecnología.

La PMP reclama igualmente un sistema de dependencia ágil, eficaz y con financiación suficiente y estable, junto con el refuerzo de la teleasistencia y la ayuda a domicilio para quienes quieran continuar viviendo en su hogar con los apoyos necesarios.

El planteamiento sitúa así una cuestión que afecta directamente a la vida cotidiana: recibir cuidados no debería significar dejar de decidir sobre la propia vida.

Participar no es una actividad reservada a los más jóvenes

Las convocatorias previstas para este 1 de octubre muestran, además, que la participación de las personas mayores se está planteando en ámbitos muy diferentes. En Barcelona, una treintena de entidades de personas mayores, sindicatos y partidos, con apoyo de las administraciones locales y autonómica, ha convocado una concentración bajo el lema “Ens jubilem de la feina, no de la vida”. El acto se presenta como una movilización festiva y reivindicativa.

En Zaragoza, el Ayuntamiento y la Federación Aragonesa de Ajedrez han organizado un torneo abierto a más de 150 personas mayores de 60 años en pleno Paseo de la Independencia. El Consistorio presenta la iniciativa como una forma de trasladar la actividad fuera de los centros y visibilizar el papel activo de las personas mayores en la vida de la ciudad.

Y en Abadiño, el Ayuntamiento ha planteado la jornada desde una perspectiva que va más allá de los cuidados, destacando los deseos, proyectos, relaciones y aportaciones de las personas mayores a su municipio.

Son iniciativas diferentes, pero comparten una idea: la persona mayor no aparece únicamente como receptora de servicios. También aparece como participante, ciudadana, deportista, creadora, vecina y miembro activo de su comunidad.

El derecho a participar alcanza también a las decisiones que les afectan

La participación no consiste únicamente en organizar actividades para personas mayores. También implica contar con ellas cuando se diseñan las políticas que afectan a sus vidas.

El Imserso señala que España participa, junto con otros países, en el proceso iniciado por Naciones Unidas para elaborar una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores. En julio de 2026 tuvo lugar la primera reunión sustantiva del grupo intergubernamental encargado de avanzar en ese proceso, con participación española.

La propia legislación española ya incorpora la participación social y política entre los ámbitos protegidos por la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación.

La discusión internacional y las reivindicaciones nacionales apuntan así hacia una misma cuestión: las personas mayores no solo deben ser destinatarias de políticas públicas, sino también sujetos de derechos y participantes en su definición.

El 1 de octubre no debería quedarse en un día de celebración

Las agendas preparadas para este jueves combinan homenajes, actividades culturales, ejercicio físico, encuentros, manifestaciones y reivindicaciones. El documento recopilado para este reportaje incluye actos en distintas comunidades autónomas, desde concentraciones y marchas hasta jornadas sobre envejecimiento activo y actividades de convivencia.

Pero algunas de las convocatorias incorporan de forma expresa cuestiones relacionadas con derechos. En Terrassa, por ejemplo, el Ayuntamiento plantea el 1 de octubre como una jornada para defender los derechos y reivindicar una vejez activa, digna y participativa. En Pamplona, el colectivo Mayores Frente a la Crisis ha convocado una movilización para reclamar el derecho a los cuidados y una gestión pública de estos. En Cádiz, CCOO, UGT y Adelante Andalucía han anunciado una concentración con reivindicaciones relacionadas con dependencia, servicios de proximidad, envejecimiento activo y protección social.

El mensaje que emerge de estas convocatorias es más amplio que el de una celebración anual. Las personas mayores quieren seguir ocupando espacios, tomando decisiones, participando y haciendo oír su voz.

Una vida más larga también debe ser una vida con derechos

El reto de la longevidad no consiste únicamente en añadir años a la vida. Consiste en que esos años puedan desarrollarse con autonomía, dignidad, seguridad y capacidad de decisión.

La propia ONU ha planteado para 2026 que las políticas destinadas a afrontar el envejecimiento deben permitir que las personas continúen participando de forma significativa con independencia de su edad.

España parte de un marco legal que prohíbe la discriminación por edad y de un sistema de protección social que reconoce derechos vinculados a la dependencia. Al mismo tiempo, organizaciones de personas mayores reclaman nuevas garantías y una participación más efectiva en las decisiones que les afectan.

El 1 de octubre puede servir, por tanto, para algo más que recordar que la sociedad envejece. Puede servir para plantear una cuestión mucho más sencilla y, a la vez, más exigente: qué estamos haciendo para que las personas puedan seguir viviendo plenamente en sociedad cuando envejecen.

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