El Congreso ha aprobado la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, destacando la eliminación de incompatibilidades y el reconocimiento de la teleasistencia. Las patronales del sector advierten sobre la necesidad de financiación estable, más profesionales y reducción de listas de espera para que los nuevos derechos se traduzcan en servicios efectivos. Piden al Gobierno y las comunidades que conviertan la reforma en mejoras reales.
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad tras su paso por el Senado. Entre las medidas incorporadas figuran la eliminación del régimen de incompatibilidades, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo y la reducción de seis a tres meses del plazo máximo para resolver el reconocimiento de la dependencia. El Pleno del Congreso ha culminado así la tramitación de una reforma que modifica la Ley 39/2006 y la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad.
La aprobación es recibida como un avance por las principales patronales del sector de los cuidados, pero también como el comienzo de una etapa en la que habrá que convertir los nuevos derechos reconocidos en servicios efectivos. “Los nuevos recursos deben mejorar la cobertura de atención, pero también garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios”, señalan desde AESTE.
Así, tanto la FED, CEAPs, AESTE como ASADE coinciden en señalar la financiación, la falta de profesionales y la necesidad de reducir las listas de espera y la carga burocrática como algunos de los principales obstáculos para que la reforma tenga un impacto real en las personas en situación de dependencia.
Las tres organizaciones reclaman, además, que el aumento de recursos llegue realmente a los servicios y que permita ampliar la atención, mejorar las intensidades y las condiciones laborales de los profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema. FED pone especialmente el acento en la necesidad de una financiación estable, suficiente y previsible y en que el incremento de la aportación estatal no suponga una reducción del esfuerzo de las comunidades autónomas.
CEAPs alerta de las desigualdades territoriales y reclama una mayor coordinación, mientras ASADE centra buena parte de su análisis en la actualización de los contratos y precios de la ayuda a domicilio para que puedan absorber los costes reales de prestación.
El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, considera que la aprobación de la reforma constituye "un paso importante", pero advierte de que ahora debe traducirse en mejoras concretas para el sistema. Su primera reclamación se dirige a la financiación.
"La aprobación de la reforma es un paso importante, pero ahora toca conseguir que se traduzca en mejoras reales. Lo primero es que la financiación anunciada se materialice y llegue efectivamente al sistema y a los servicios", señala Fernández-Cid, que reclama ir más allá del incremento anunciado y establecer un modelo de financiación que permita planificar a largo plazo.
"Debemos ir más allá y dotar a la Dependencia de un modelo de financiación estable, suficiente y previsible", afirma. A su juicio, el carácter universal del derecho exige que su financiación no dependa cada año de la disponibilidad presupuestaria. Por ello, defiende que el aumento de la aportación estatal sea adicional y no implique una reducción del esfuerzo realizado por las comunidades autónomas.
"La Dependencia necesita certezas y capacidad de planificación para garantizar su sostenibilidad", sostiene el presidente de FED.
Junto a la financiación, Fernández-Cid sitúa el déficit de profesionales entre los principales retos a los que tendrá que enfrentarse el sistema. La patronal reclama una estrategia nacional que incluya formación, reconocimiento de las profesiones vinculadas a los cuidados, medidas frente al absentismo, incorporación de nuevos perfiles y una política de inmigración "ordenada y cualificada", además de medidas que permitan atraer y retener trabajadores.
FED considera necesario seguir mejorando las condiciones laborales y retributivas de los profesionales, pero advierte de que esas mejoras deben contar con respaldo económico. Para ello, reclama actualizar las tarifas de las plazas concertadas y los contratos públicos en función de la evolución de los costes reales.
La cuestión afecta también a las plazas privadas. "También debemos encontrar soluciones para las plazas privadas que eviten trasladar esos incrementos directamente a las familias", apunta Fernández-Cid.
El presidente de FED sitúa además el envejecimiento de la población como un desafío para la sostenibilidad futura del sistema. España, sostiene, deberá estudiar nuevas fórmulas de financiación y de colaboración público-privada que permitan reforzar la Dependencia "manteniendo el carácter universal del derecho".
La reducción de las listas de espera constituye el cuarto gran ámbito de actuación que señala la patronal. Fernández-Cid considera que los actuales tiempos de tramitación no pueden normalizarse y pone como referencia los 314 días de espera media para la resolución de un expediente.
"Es imprescindible agilizar los procedimientos y garantizar, además, derechos equivalentes con independencia de la comunidad autónoma en la que viva cada persona", concluye.
El presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Rafael Sánchez-Ostiz, también considera que la aprobación de la reforma supone un avance para el sistema, pero advierte de que su aplicación se produce en un contexto marcado por problemas estructurales que todavía no están resueltos.
"La aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia supone, sin lugar a dudas, un avance que va a repercutir en la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas, de sus familias y de los trabajadores del sector", afirma Sánchez-Ostiz. Sin embargo, considera que este avance no debe ocultar las dificultades que pueden condicionar la viabilidad del sistema.
"Se corre el riesgo de ampliar derechos sin disponer de capacidad suficiente para hacerlos efectivos", advierte.
Para CEAPs, el problema más urgente es la falta de profesionales. La patronal reclama abrir vías para facilitar la incorporación de trabajadores mediante formación, reconocimiento de competencias ya adquiridas y homologación ágil de títulos extranjeros. También plantea aprovechar los procesos de regularización de personas migrantes para facilitar su incorporación al sector, acompañándolos de recursos públicos destinados a formación y acreditación.
"Tenemos un déficit crónico de personas para trabajar en el sector. Necesitamos flexibilizar las vías de cualificación y ofrecer formación y acreditación a quienes quieran incorporarse. La realidad del mercado laboral ha cambiado y la regulación tiene que ser capaz de adaptarse a ella", sostiene Sánchez-Ostiz.
El segundo problema estructural que señala CEAPs es la desigualdad territorial. La patronal advierte de las diferencias existentes entre comunidades autónomas en recursos, servicios, prestaciones y tiempos de respuesta y reclama una mayor coordinación entre la Administración General del Estado y las autonomías.
"Una ley estatal que reconoce derechos debe aspirar a que puedan ejercerse en condiciones equivalentes en todo el territorio", sostiene el presidente de CEAPs.
La organización reclama asimismo que el desarrollo reglamentario de la reforma convierta la simplificación administrativa en una prioridad. Menos trámites, menos duplicidades y unos plazos de valoración y acceso a las prestaciones ajustados a las necesidades reales son, a su juicio, condiciones necesarias para que los nuevos derechos no pierdan eficacia durante su tramitación.
"Una prestación que llega meses después de haber sido reconocida pierde buena parte de su capacidad para responder a la necesidad que la originó", señala CEAPs.
En materia económica, la patronal considera positivo el compromiso de que el Estado asuma el 50% del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pero advierte de que el esfuerzo deberá mantenerse en el tiempo. CEAPs recuerda que España continúa por debajo del 2% del PIB que destinan de media los países de la OCDE a los cuidados de larga duración y reclama anticiparse al impacto del envejecimiento y de la llegada progresiva de la generación del baby boom a edades de dependencia.
El presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Ignacio Gamboa, sitúa también la financiación efectiva de los servicios profesionales como la prioridad inmediata tras la aprobación de la reforma.
"Una vez aprobada la nueva Ley de Dependencia, lo más urgente es garantizar que el incremento de financiación llegue efectivamente a los servicios profesionales", afirma.
Gamboa considera que esos recursos pueden tener varios destinos: aumentar el número de personas que reciben los servicios, reducir las listas de espera y mejorar las intensidades de atención de quienes ya son usuarios del sistema. Pero añade una cuarta necesidad: mejorar las condiciones sociolaborales de los profesionales.
Para conseguirlo, considera imprescindible actualizar los contratos y precios de la ayuda a domicilio para adaptarlos a los costes reales de prestación. El objetivo, señala, es que las entidades puedan seguir mejorando tanto la atención a las personas en situación de dependencia como las condiciones de quienes trabajan en el sector.
A medio plazo, ASADE identifica el déficit de profesionales como el principal desafío para la sostenibilidad del sistema. "El sistema solo será sostenible si somos capaces de atraer e incorporar a miles de nuevos trabajadores mediante mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento social y una agilización de los procesos de cualificación y acreditación profesional", sostiene Gamboa.
El presidente de ASADE advierte, en este sentido, de que la aprobación de nuevos derechos no garantiza por sí misma la capacidad para prestarlos. "Sin profesionales suficientes, cualquier reforma tendrá un alcance limitado y puede derivar en frustración ante la incapacidad de alcanzar las expectativas que se generan", concluye.
La presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Lourdes Rivera, reclama a las comunidades autónomas que aprovechen el incremento de la financiación estatal de la Dependencia para reforzar los recursos destinados al sistema y, especialmente, para mejorar las condiciones de los profesionales de los cuidados.
AESTE considera que la nueva financiación debe traducirse en una revisión de las tarifas públicas y de las prestaciones vinculadas al servicio, de manera que los recursos permitan cubrir los costes reales de atención. La asociación insiste además en que el dinero adicional aportado por el Estado debe suponer un incremento efectivo de los recursos autonómicos destinados a Dependencia y no sustituir el esfuerzo presupuestario que ya realizaban las comunidades.
"El margen para hacerlo existe", señala Rivera, que recuerda que el propio acuerdo de distribución de los fondos contempla que puedan destinarse a actuaciones destinadas a mejorar las condiciones laborales, incluida la adecuación de los contratos de servicios y de los conciertos de plazas. Para AESTE, las decisiones presupuestarias de las comunidades serán determinantes para que ese incremento de financiación llegue finalmente a los servicios y a sus profesionales.
Uno de los principales retos se sitúa precisamente en el ámbito laboral. La petición de AESTE coincide con la negociación del convenio colectivo estatal del sector y con un contexto de déficit de profesionales. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales citadas por la asociación, serán necesarios entre 261.400 y 639.400 profesionales adicionales hasta 2030. AESTE defiende mejorar las condiciones laborales y salariales, pero considera que ese objetivo requiere unas tarifas públicas acordes con el coste real de los servicios.
La patronal pone el foco también en la elaboración de los presupuestos autonómicos como una oportunidad para definir el modelo de cuidados de los próximos años. A su juicio, las nuevas exigencias relacionadas con la calidad, la personalización de la atención, la digitalización o la adaptación de los centros tienen un impacto económico que debe quedar reflejado en la financiación.
AESTE advierte además de las diferencias existentes entre territorios y del desfase que puede producirse cuando aumentan los costes salariales, energéticos, alimentarios o regulatorios mientras los contratos públicos mantienen tarifas congeladas o las actualizan por debajo de su evolución. En este contexto, señala que el 17,6% de las licitaciones del sector quedan desiertas porque algunos operadores no pueden asumir el riesgo de prestar servicios a pérdidas.
Entre las medidas que plantea la asociación se encuentran elevar las tarifas de las plazas concertadas y de los servicios contratados, establecer mecanismos periódicos y objetivos de actualización de precios y aumentar las cuantías de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS) para facilitar el acceso efectivo a servicios de calidad.
AESTE considera igualmente necesaria una colaboración público-privada sólida para responder al crecimiento de la demanda y mantener una red suficiente de servicios. La asociación destaca el papel de las empresas en la prestación de cuidados, la inversión, la innovación y la generación de empleo, y defiende que necesitan un marco económico estable para mantener esa capacidad. Según los datos que aporta, cada euro invertido en Dependencia genera 1,6 euros de actividad económica y cerca de la mitad del gasto público retorna a las administraciones mediante impuestos y cotizaciones sociales.
Por ello, AESTE pide a los gobiernos autonómicos que actúen aprovechando el actual ciclo presupuestario para reforzar la financiación de los servicios, mejorar las condiciones de los profesionales y consolidar un modelo de cuidados capaz de responder al aumento de las necesidades de atención.