Ante la aprobación de la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha calificado la medida como una "extraordinaria noticia" que beneficiará a dos millones de personas en situación de dependencia y contribuirá al fortalecimiento del Sistema de Servicios Sociales.
Tras veinte años de compromiso con el Sistema de Atención a la Dependencia, el Observatorio Estatal ha expresado su satisfacción porque el Estado sitúe a las personas en situación de dependencia y con discapacidad como una prioridad institucional mediante la aprobación de nuevos derechos, la simplificación de los procedimientos y la aportación de financiación.
Según destaca la entidad, la nueva ley recoge el compromiso, ampliamente reivindicado, de que el Estado financie el 50% de los gastos del sistema. Asimismo, simplifica los procedimientos administrativos y elimina tiempos de espera burocráticos mediante la pasarela de discapacidad a dependencia.
Además, incorpora nuevos perfiles de personas cuidadoras, permite la compatibilidad entre servicios y otorga rango legal al carácter universal de la teleasistencia para todas las personas en situación de dependencia que residen en su domicilio.
Prioridades para el desarrollo del sistema
La Asociación señala que la prioridad debe centrarse en las 255.450 personas que permanecen en listas de espera, así como en incrementar las prestaciones, aumentar la intensidad de los servicios y favorecer su compatibilidad.
También considera necesario mejorar los salarios y las condiciones laborales de los profesionales del sistema de atención a la dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias.
El desafío de la aplicación por parte de las comunidades autónomas
La entidad apunta que el principal reto será que las comunidades autónomas sean capaces de implantar procedimientos más ágiles. En este sentido, recuerda que, tras el incremento de financiación estatal derivado del plan de choque de 2022, nueve comunidades autónomas redujeron su presupuesto propio destinado a la dependencia.
La modificación de la Ley General de Subvenciones
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también muestra su satisfacción por la modificación de la Ley 30/2003 General de Subvenciones. Tras más de una década reclamando que las ayudas de emergencia o urgencia social dejaran de tramitarse como subvenciones y pasaran a gestionarse mediante prescripción social facultativa, la entidad valora que finalmente se incorpore la letra j a las excepciones previstas en el artículo 2.4 de dicha norma.
A su juicio, este cambio permitirá evitar el procedimiento burocrático asociado a las subvenciones para ayudas cuya cuantía media anual es de 272 euros por prestación. La entidad sostiene que ese procedimiento constituía un laberinto burocrático, estigmatizante y excluyente que ha afectado a más de un millón de personas usuarias de los servicios sociales. Asimismo, destaca la consideración de los servicios sociales como servicios esenciales.
Llamamiento para garantizar el cumplimiento de la ley
La Asociación confía en que la nueva ley cuente con una dotación presupuestaria efectiva y con una gestión ágil por parte de las comunidades autónomas, de modo que pueda alcanzar su pleno cumplimiento, tal y como viene reivindicando desde sus inicios.
La entidad concluye que están en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y de sus familiares, además de 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación, en un contexto en el que también apela a la cohesión territorial y a la lealtad institucional.
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