En primera persona

Lourdes Rivera (AESTE): "El déficit de profesionales debe dejar de entenderse como un problema exclusivo del sector y convertirse en una auténtica cuestión de Estado"

Lourdes Rivera, presidenta de AESTE. (Foto: AESTE).

"LA BUENA NOTICIA NO SERÁ ANUNCIAR MÁS FINANCIACIÓN; SERÁ COMPROBAR QUE LLEGA A LAS PERSONAS Y A LOS SERVICIOS"

Javier Cámara | Miércoles 29 de julio de 2026
La atención a la dependencia enfrenta retos críticos por el envejecimiento poblacional y la escasez de profesionales. Lourdes Rivera, presidenta de AESTE, aboga por una estrategia nacional que garantice financiación adecuada y condiciones laborales sostenibles, destacando la importancia de la colaboración público-privada y el reconocimiento social del cuidado.

La atención a la dependencia afronta una etapa decisiva marcada por el envejecimiento de la población, la escasez de profesionales y el anuncio de un incremento de la financiación pública. En este contexto, la presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Lourdes Rivera, sostiene que "el déficit de profesionales debe dejar de entenderse como un problema exclusivo del sector y convertirse en una auténtica cuestión de Estado" y reclama una estrategia que permita garantizar la sostenibilidad del sistema.

Rivera ha analizado con Dependencia.info algunos de los principales desafíos que afrontan los cuidados de larga duración, desde la falta de personal hasta la necesidad de que el aumento de los recursos públicos tenga un impacto real en los servicios, y defiende que "la buena noticia no será anunciar más financiación; la buena noticia será comprobar que esa financiación llega realmente a las personas y a los servicios".

A continuación, la presidenta de AESTE profundiza en las prioridades que, a su juicio, deben marcar el futuro de la atención a la dependencia. También aborda cuestiones como la planificación de nuevas plazas, el papel de la colaboración público-privada, la incorporación de la inteligencia artificial, la coordinación sociosanitaria y las condiciones que considera imprescindibles para reforzar el sistema de cuidados.

- La falta de profesionales es el gran cuello de botella del sector. Con unas tasas de rotación y absentismo al alza, y la competencia salarial de la sanidad pública siempre presente, ¿qué reformas estructurales, más allá de las mejoras salariales en los convenios, considera imprescindibles para prestigiar la figura del cuidador y atraer talento joven?

El principal reto del sistema de atención a la dependencia ya no es únicamente financiero; es disponer de profesionales suficientes para atender a una población cada vez más envejecida. Por eso, el déficit de profesionales debe dejar de entenderse como un problema exclusivo del sector y convertirse en una auténtica cuestión de Estado.

Necesitamos una estrategia nacional para la atracción de talento que combine formación, prestigio social, desarrollo profesional, incorporación ordenada de talento internacional y condiciones laborales sostenibles, esta es la verdadera palanca de cambio hacia un sector que ofrece muchas oportunidades y genera empleo.

Cuidar a quienes más lo necesitan no puede ser una actividad invisible para la sociedad. Mientras no otorguemos a los cuidados el reconocimiento social, profesional y económico que merecen, será muy difícil atraer nuevo talento.

- Las patronales del sector habéis aplaudido el inesperado anuncio del Gobierno de destinar una inyección histórica que superará los 7.200 millones de euros para el sistema de dependencia. Sin embargo, ¿qué mecanismos de control exige para garantizar que este dinero llegue íntegro, de verdad, a las tarifas de los servicios y a la mejora salarial de los profesionales?

Las patronales llevamos mucho tiempo reivindicando una mayor financiación para el sistema de la dependencia. Y aunque no es suficiente, aplaudimos la inyección económica anunciada, como no puede ser de otra manera. Estamos ante un sistema muy infrafinanciado que difícilmente puede hacer frente a todos los desafíos que se presentan: valoración ágil de la dependencia, reducción de listas de espera en el acceso a los recursos, ofrecer intensidades suficientes en los distintos servicios, garantizar la libre elección de las personas dependientes, etc.

La inyección económica ha coincidido además con la reforma de la ley de dependencia, que contempla nuevos servicios. Además, sabemos que el número de personas mayores dependientes irá en aumento los próximos años, por lo que toda inversión en el sistema de cuidados es totalmente necesaria.

Como digo, los desafíos son muchos, por lo que no sería realista sostener que todo el incremento debe destinarse a una única finalidad, pero lo que sí es cierto es que si queremos seguir garantizando unos cuidados de calidad, sostenidos además por profesionales suficientes y debidamente preparados y reconocidos, el compromiso de financiación por parte del Estado debe verse reflejado en un incremento de tarifas acorde a los costes reales de los servicios, pudiendo contemplar así mejoras salariales para los profesionales.

La mejora de las condiciones salariales solo será sostenible si las tarifas públicas permiten financiarla.

En este sentido, estamos muy atentos a cómo se va a gestionar esta financiación por parte de las CCAA. Necesitamos transparencia y trazabilidad. Sin duda, para que esta financiación tenga un impacto real sobre los servicios, hay que incrementar la financiación neta de las CCAA a la dependencia. De lo contrario, de desplazarse parte de la financiación autonómica previa, este incremento de financiación no tendrá el efecto esperado por todos. Además de todo ello, sigue siendo necesario seguir incidiendo en la necesidad de poder ofrecer mecanismos de revisión y actualización de precios durante la vigencia de los contratos.

En resumen, la buena noticia no será anunciar más financiación; la buena noticia será comprobar que esa financiación llega realmente a las personas y a los servicios.

- En este sentido, y entendiéndose que la duda es legítima, ¿confía en que esto sea así toda vez que el anuncio no lo hace el ministerio de Derechos Sociales dentro de una planificación ordinaria, sino el propio presidente del Gobierno de forma sorpresiva apenas 24 horas después del tremendo golpe judicial a un exministro de este Ejecutivo por corrupción?

Como patronal, lo verdaderamente importante para nosotros es que se cumpla el compromiso por parte del Estado de financiar el 50% de la dependencia y que se pongan los medios para que esto sea así, además de estar muy pendientes del destino final de estos fondos. Entendemos que no nos corresponde valorar el contexto político en el que se realizó el anuncio.

- El déficit de plazas y las listas de espera son dos problemas acuciantes. A pesar del incremento presupuestario anunciado para reducir los tiempos de espera del sistema asistencial, el ritmo de envejecimiento de la población octogenaria es vertiginoso. ¿Considera que la prioridad absoluta de los nuevos fondos debe ser también vaciar la lista de espera de valoraciones con la creación de un plan de choque específico para la construcción y concertación de nuevas plazas residenciales?

Estamos ante dos problemas diferentes que deben abordarse de forma simultánea.

Como señalaba anteriormente, reducir los tiempos de espera es uno de los grandes desafíos y, por supuesto, entendemos que será y que debe ser uno de los objetivos de las CCAA con la llegada de esta financiación.

Pero por otra parte, es necesario prever y planificar las necesidades de dimensionamiento e intensidades en los distintos servicios para los próximos años, diseñando un ecosistema de cuidados que permita a la persona moverse por los distintos servicios según las necesidades que tiene en cada momento y según sus preferencias. Entre estos recursos están, por supuesto, las residencias, que sabemos a ciencia cierta que seguirán siendo necesarias debido al envejecimiento de la población y al incremento de situaciones de cronicidad y dependencia.

Ante este escenario, la colaboración público-privada se convierte una vez más en fundamental; cualquier iniciativa que contemple un plan ambicioso de construcción y/o concertación de plazas debe contar con el propio sector. Si queremos promover la inversión, será necesario dibujar por parte de las CCAA un escenario atractivo y que ofrezca seguridad jurídica a las empresas.

La inversión necesita estabilidad. Ninguna empresa puede planificar proyectos a veinte años con reglas que cambian continuamente.

- La digitalización avanza rápido, pero ahora entramos de lleno en la era de la inteligencia artificial predictiva y la robótica asistencial (como sensores de hábitos o robots de apoyo logístico). ¿Cómo debe equilibrarse esta irrupción tecnológica para que sea un aliado que libere de burocracia al trabajador en residencias o centros de día y el servicio de atención a domicilio (SAD) sin que se pierda la calidez del factor humano?

Estamos sin duda ante una oportunidad precisamente para trabajar la prevención, anticiparnos a episodios que después son más complejos de abordar, disminuir riesgos y también para optimizar el trabajo de los profesionales en los distintos servicios.

Pero el factor humano sigue siendo nuestro mayor valor. Y esto debe seguir siendo así. Es muy difícil valorar hasta dónde llegaremos en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, pero, por el momento, y a pesar de todo el apoyo que podemos obtener por estas vías, las personas en nuestro sector y el valor que aportan a los servicios y a las personas a las que nos dirigimos, son insustituibles.

Desde la patronal defendemos, por tanto, el valor de la tecnología para cuidar mejor, para apoyar al profesional y para reforzar la autonomía y la calidad de vida de las personas. El reto no consiste en elegir entre tecnología o atención humana, sino en utilizar la tecnología para que la atención que prestamos sea cada vez mejor.

- ¿Coordinación o integración sociosanitaria? Los perfiles que ingresan hoy en los centros residenciales superan los 80 años y presentan una alta pluripatología o demencias avanzadas. Ante esta realidad, ¿cuál debe ser el primer paso irrenunciable para que la integración sociosanitaria deje de ser un lema político y se traduzca en historias clínicas compartidas y un soporte real de la atención primaria en las residencias?

Considero que el primer paso irrenunciable debe ser llevar a la práctica lo que es una realidad: que las personas que viven en residencias tienen el mismo derecho en el acceso a los servicios sanitarios de nuestro país que cualquier otro ciudadano que vive en su domicilio. En este caso, la única diferencia es que el domicilio de la persona es el centro residencial.

A partir de ahí, y teniendo esto claro, parece lógico pensar que es imprescindible una correcta coordinación, siempre pensando en el bienestar de la persona, para garantizar su continuidad asistencial y por supuesto también para hacer más eficientes los sistemas tanto social como sanitario. No se trata necesariamente de fusionar estructuras, sino de conseguir una integración funcional alrededor de la persona en la que ambas sean igual de relevantes.

Esto exige responsabilidades claras, protocolos compartidos, sistemas de información compatibles y una relación estable entre los profesionales sanitarios y los equipos de los centros.

- ¿Hay algún aspecto clave, ya sea normativo, social o de gestión interna, que considere de especial relevancia para el futuro inmediato del sector de la atención a los mayores? ¿Qué pediría o comentaría si mañana tuvieran línea directa con el presidente del Gobierno?

Le pediría que impulsara un gran Pacto de Estado por los Cuidados. El envejecimiento de la población y el aumento de las situaciones de dependencia no son problemas coyunturales ni pertenecen a una sola legislatura.

Ese pacto debería asentarse sobre tres compromisos.

  • El primero, una financiación suficiente, estable y vinculada a los costes reales de los servicios y acompañada de mecanismos de actualización.
  • El segundo, una estrategia nacional de profesionales de los cuidados que aborde la formación, la atracción de talento, la acreditación de competencias, la salud laboral, la promoción profesional y la incorporación ordenada de trabajadores procedentes de otros países.
  • Y el tercero, un marco regulatorio estable que permita planificar e invertir a largo plazo y que reconozca el papel imprescindible de la colaboración público-privada.

Invertir en cuidados no es un gasto social; es invertir en cohesión, en empleo, en salud y en dignidad. La forma en que cuidemos a las personas mayores definirá el tipo de sociedad que queremos ser.

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