El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota este martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, una iniciativa que incorpora cambios en prestaciones, accesibilidad, financiación y derechos, y que, de ser aprobada, continuará su tramitación en el Senado.
El Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, después de que el dictamen recibiera la aprobación de la Comisión de Derechos Sociales la pasada semana. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, salió adelante sin el apoyo del Partido Popular y Vox.
Si obtiene el respaldo del Pleno, el proyecto continuará su tramitación parlamentaria con su remisión al Senado.
Durante la sesión también se abordará la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para las personas beneficiarias de dependencia de grado I, II y III, así como el dictamen sobre la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Antes de la reunión con el Consejo Nacional de Discapacidad, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reclamó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a su formación que no "cometan el error de quedarse fuera" de la aprobación de la reforma.
El ministro defendió que "Las nuevas leyes de dependencia y discapacidad son mérito y un logro del movimiento de la discapacidad y de las personas mayores que llevan años peleando".
Asimismo, afirmó que se trata de una reforma de gran alcance, acompañada de una "financiación histórica de 6.200 millones de euros para hacer posible la transformación completa de nuestro modelo de cuidados, para acabar con las listas de espera y para tener más y mejores prestaciones".
Bustinduy aseguró también que el Gobierno ha incorporado las peticiones de las comunidades autónomas al incluir financiación en la reforma y establecer que el Estado asuma el 50 % de la financiación. En este sentido, subrayó: "No solo lo vamos a cumplir, sino que lo hemos blindado en la ley para que nunca más la dependencia pueda ser objeto de recortes".
Antes del encuentro con el ministro, representantes de distintas entidades expresaron su apoyo a la aprobación de la reforma.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, destacó la importancia de que "nadie se descuelgue" de la aprobación de la medida.
Por su parte, la vicepresidenta de la ONCE, Imelda Fernández, defendió la necesidad de un respaldo unánime a una reforma que pretende construir una "sociedad más inclusiva, lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para toda la sociedad".
Tras superar el dictamen de la Comisión de Derechos Sociales, la reforma continúa su tramitación parlamentaria con un texto que reduce burocracia, elimina la incompatibilidad entre prestaciones y amplía los servicios disponibles.
Entre las medidas previstas figura:
- el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho
- la posibilidad de compatibilizar una prestación por dependencia con el empleo
- la incorporación expresa del derecho a la autonomía personal
- el desarrollo del nuevo artículo 49 de la Constitución.
- el reconocimiento automático de un grado de discapacidad del 33 % para quienes tengan oficialmente reconocida una situación de dependencia
- amplía las prestaciones y los servicios más allá del cuidado personal
- extiende la figura de la persona cuidadora más allá del ámbito familiar.
Entre las enmiendas incorporadas durante la tramitación en comisión figura el compromiso de que la financiación estatal alcance el 50% del sistema de dependencia.
El Ministerio de Derechos Sociales sostiene que esta medida "blinda el sistema" al quedar recogida en la ley.
El Partido Popular y Vox fueron los únicos grupos que votaron en contra del dictamen en la Comisión de Derechos Sociales. El diputado popular Enrique Belda justificó el rechazo de su grupo y la retirada de sus enmiendas por la ausencia de una memoria económica. "Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo", afirmó, al tiempo que sostuvo que, pese a los 6.200 millones adicionales previstos, "no llegará para pagar lo que se debe".
Desde Vox, la diputada Blanca Armario cuestionó que el Gobierno hable de ampliación de derechos sin una memoria económica suficiente que garantice la financiación de la reforma. Además, puso en duda que pueda calificarse de "reforma estructural" una norma que modifica el contenido prestacional sin resolver "su principal problema".
Junts respaldó el dictamen junto a PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, aunque condicionó su apoyo definitivo a que el Estado garantice la corresponsabilidad financiera con las comunidades autónomas, asumiendo el 50% de la financiación.
La portavoz de Junts en la comisión, Pilar Calvo, señaló que la ampliación de prestaciones repercute sobre las comunidades autónomas, competentes en esta materia, y citó el caso de Cataluña, que, según indicó, soporta "un déficit histórico" acumulado durante veinte años "de miles de millones de euros" al aportar entre el 70 y el 80% de la financiación frente al 20-30% del Estado.
La diputada de Podemos Noemí Santana mostró su apoyo a los avances incorporados, aunque consideró que "no se termina de garantizar la financiación necesaria para hacerlos efectivos".
El PSOE destacó que el texto inicial se ha enriquecido durante la tramitación parlamentaria al garantizar una financiación suficiente y asegurar que el Estado aporte, al menos, el 50% del gasto certificado por las comunidades autónomas.
Desde Sumar, Lander Martínez afirmó que, tras dos décadas, el sistema de cuidados puede iniciar "una nueva etapa, mejor financiado, más resiliente, más cercano", de la que se beneficiarán millones de personas y sus familias.
El Ministerio de Derechos Sociales estima que la nueva financiación permitirá reducir en 2027 las listas de espera para acceder a una prestación de dependencia en un 47 %, lo que supone que más de 70.000 personas dejarán de esperar para recibir atención.
El Gobierno aprobó el pasado 23 de junio un real decreto para incrementar la financiación del sistema con 2.218 millones de euros adicionales durante 2026, de manera que la aportación estatal superará los 7.200 millones de euros en 2027.
Según las previsiones del ministerio, la ampliación de la financiación permitirá que al finalizar 2027 las listas de espera se reduzcan en un 47 %, es decir, que 71.338 personas abandonen esa situación, lo que el departamento califica como un "descenso récord".
Las mismas estimaciones apuntan a que el número de personas beneficiarias aumentará en 416.774 respecto a la situación de 2025, alcanzando un total de 2.099.559 usuarios atendidos dentro del sistema, lo que representa un incremento del 25 %.
El Ministerio también señala que las nuevas cuantías destinadas a las comunidades autónomas comenzaron a abonarse durante el mes de julio y que supondrán "una inversión adicional de 6.200 millones de euros a repartir entre los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027".
Por último, el departamento considera que este incremento de financiación contribuirá a mejorar la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el sector.