A pesar de los avances en la gestión y un incremento del 92% en la financiación para 2026, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, enfatiza que aún no se compensa adecuadamente el coste de la insularidad y la ultraperiferia.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha hecho un llamado al Estado para que se garantice una financiación estable, suficiente y proporcional para el Sistema de Atención a la Dependencia. Según Delgado, esta medida es crucial para avanzar hacia el modelo de financiación establecido por la Ley de Dependencia.
Durante su intervención en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrado recientemente en el Ministerio de Servicios Sociales, la consejera expresó la necesidad de conocer los detalles sobre la ampliación de financiación anunciada por el Gobierno español y su fecha de efectividad para las comunidades autónomas.
“Valoramos cualquier incremento en la financiación estatal, ya que esto representa una mejora para los beneficiarios. Sin embargo, es fundamental analizarlo con rigor: no se trata solo de si Canarias recibirá más fondos, sino de si esa aportación realmente cubre lo que corresponde al Estado y permite compensar el coste real del sistema”, afirmó.
Delgado advirtió sobre el peligro de crear expectativas infundadas entre la ciudadanía respecto a que esta nueva aportación extraordinaria significará un aumento inmediato en las ayudas a las personas dependientes. “Primero, porque aún no está garantizada su llegada; segundo, porque jugar con las esperanzas de quienes han soportado años de infrafinanciación estatal es irresponsable”, añadió.
La consejera recordó que la Ley de Dependencia estipula que la financiación debe ser equilibrada entre el Estado y las comunidades autónomas. “Canarias ha estado realizando un esfuerzo muy superior al que le correspondería si se respetara este principio. La Comunidad Autónoma, junto con los cabildos insulares, ha asumido gran parte del coste del sistema”, subrayó.
En cuanto a los números, explicó que el gasto autonómico certificado en dependencia alcanzó en 2025 los 403,9 millones de euros, mientras que la contribución estatal fue aproximadamente de 101,8 millones. Esto evidencia que el esfuerzo del Estado aún está lejos del equilibrio previsto por la normativa.
En otro aspecto relevante, se anunció que Canarias recibirá en 2026 un total de 44,2 millones de euros del Nivel Acordado, lo que representa un incremento significativo respecto a los 23 millones del año anterior. Este aumento responde a mejoras en los indicadores de gestión del sistema canario.
Candelaria Delgado destacó que este incremento es un reconocimiento al esfuerzo realizado por Canarias para reforzar la atención a la dependencia. No obstante, insistió en que es vital continuar avanzando hacia una financiación equitativa según lo estipulado por la Ley. “No solo buscamos más recursos; necesitamos asegurar que la financiación refleje el coste real del sistema y considere las particularidades territoriales”, concluyó.
La consejera también mencionó cómo ha evolucionado positivamente la gestión del sistema. La nómina mensual destinada a dependencia ha aumentado considerablemente desde 7.919.285,33 euros al inicio de la legislatura hasta alcanzar actualmente 18.278.259,21 euros.
Los datos son claros: entre 2023 y 2026 se prevé un aumento anual en la nómina desde 95,52 millones hasta 189,43 millones de euros, lo cual refleja casi un doscientos por ciento de incremento gracias al reconocimiento ampliado de derechos.
Aparte del crecimiento financiero, Canarias ha logrado reducir significativamente los tiempos de tramitación. El número de personas con derecho a prestación pendientes ha disminuido en un asombroso 91,9%, mientras que el tiempo medio para resolver solicitudes ha pasado de 782 días a apenas 335 días.
Cerca del final del Consejo Territorial también se abordó el tramo autonómico del 0,7% del IRPF; Canarias recibirá en 2026 unos 22,43 millones de euros, manteniendo su peso relativo dentro del reparto estatal. Delgado enfatizó que estos fondos deben distribuirse considerando criterios sociales y territoriales adecuados a realidades como las canarias.
"Canarias seguirá trabajando con el Estado para mejorar el sistema sin renunciar a demandar una financiación justa", concluyó Candelaria Delgado. "Hemos demostrado que una mejor gestión permite acceder a más derechos; ahora necesitamos que esa financiación reconozca adecuadamente los costos reales asociados con atender a la dependencia en nuestras islas”.