Hace años se repetía en el sector una cifra que tenía algo de mantra: “solo el 5% de las personas mayores necesita una residencia”. Se atribuía a la OMS (Organización Mundial de la Salud), se citaba en congresos y aparecía en presentaciones con una seguridad que, vista con el tiempo, resulta un poco incómoda. Entre otras cosas porque, cuando uno intenta encontrar el documento original, lo que aparece es más bien silencio. De hecho la OMS llegó a desmentir que ellos nunca hubieran dado el dato.
Lo curioso es que, aunque la cifra no viniese apadrinada por tan insigne organización, tampoco podemos decir que fuese falsa en sí misma. De hecho, se aproxima bastante a la realidad en países como España, donde en torno al 4%-5% de las personas mayores viven en residencias.
Yo sigo creyendo que ese porcentaje puede servir de punto de referencia (o como diría si tuviese treinta años menos, benchmark). Como no hay ninguna organización mundial que lo soporte, hace algún tiempo pensé que yo mismo, podría crear una justificación de ir por casa. Algo que no nace de ningún gran estudio ni pretende ser exacto al decimal.
Es más bien una forma de ordenar lo que vemos cada día quienes trabajamos en atención a la dependencia y podría ser utilizado para planificar políticas sociales. Lo llamo, con cierta ironía, la norma de los tres tercios encadenados.
De cada 100 personas mayores de 65 años, aproximadamente un tercio, tiene alguna limitación o discapacidad, aunque sea leve y no requiera ayuda. Esto no es especialmente discutible. Basta revisar la Encuesta de Discapacidad del INE o los datos de Eurostat para ver que las limitaciones funcionales son frecuentes a partir de cierta edad. INE (Encuesta EDAD), Eurostat (disability statistics).
Solo una parte de esas personas necesita ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Comer, vestirse, asearse, desplazarse. Ahí ya no hablamos de limitaciones leves, sino de dependencia en sentido estricto. Y ese grupo suele situarse en torno a un tercio del anterior. Si acudimos a los datos del propio Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), vemos que las personas con grado reconocido de dependencia suponen aproximadamente entre el 10% y el 15% de la población mayor, lo que encaja bastante bien con la idea de que son una fracción del grupo anterior, en torno a un tercio. IMSERSO (estadísticas del SAAD).
Y luego llega el tercer tercio encadenado al anterior. De entre quienes necesitan ayuda para las actividades básicas, solo una parte termina necesitando un recurso residencial. ¿Qué parte? Un tercio. Para ellos, la familia, la adaptación del hogar, los apoyos domiciliarios, con teleasistencia incorporada, los centros de día, no son suficientes y necesitan recibir atención en una residencia. En España, en torno al 4%-5% de las personas mayores viven en residencias, lo que equivale aproximadamente a una tercera parte de quienes presentan dependencia más intensa.
IMSERSO (centros residenciales y cobertura)
Estadística de centros sociales (INE).
Si encadenamos esos tres tercios, el resultado es que 4 de cada 100 personas mayores de 65 años terminan necesitando una residencia. Eso no quiere decir que la vayan a tener.
Y eso, llevado a la práctica, cambia bastante la conversación.
En la mentalidad popular la residencia es ese lugar al que llegan todos si viven lo suficiente, cuando en realidad está en el extremo final de una cadena. Son el recurso más intensivo, el más caro, el que requiere más personal, más regulación y más coordinación sociosanitaria. Y precisamente por eso, necesariamente, solo puede ser para una minoría.
Por otro lado, está la idea, que mueve políticas públicas, que indica que si se mejora la ayuda a domicilio y las “políticas de desinstitucionalización”, se acabarán necesitando muchas menos residencias. El problema es que aunque las apliques todas, siempre habrá un porcentaje, que será el 5 o quizás el 3,5, pero que calculado sobre un número creciente de personas mayores te obligará a construir nuevas residencias e intentar que no cierren las actuales.
“Solo” el 4% necesita residencia. Pero va a costar mucho poder ofrecerle la residencia que necesitará.
La famosa cifra del 5% se quedaba corta en el mensaje que transmitía. No porque fuese incorrecta, sino porque no explicaba nada. Parecía que “si era lo que había dicho la OMS”, pues ya estaba bien. Era el mensaje del oráculo.
La norma de los tres tercios encadenados, en cambio, introduce algo que me parece más útil: una lógica de progresión. Nos recuerda que la dependencia no aparece de golpe, que no todo el que tiene limitaciones necesita cuidados intensivos y que la residencia es, en la mayoría de los casos, el último recurso cuando los demás ya no son suficientes. Que podemos mejorar lo previo y reduciremos la necesidad de residencias, pero no conseguiremos hacerla desaparecer o casi desaparecer.
Y así, la ensoñación de la desinstitucionalización puede tomar un nuevo matiz. En vez de demonizar las residencias, podríamos enfocarnos en las políticas de prevención y actuación pensando en los tres tercios encadenados, y no sólo en el último.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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