La tramitación de este proceso administrativo coincide con la necesidad urgente de incorporar a más de 261.000 profesionales antes de 2030 para garantizar la atención a la dependencia en España.
El debate sobre la regularización de personas extranjeras en España ha regresado al centro de la agenda pública, situándose en un punto de inflexión para el ámbito sociosanitario y de los cuidados. Esta medida trasciende el plano administrativo para convertirse en un factor determinante en la capacidad del país para mantener el sistema de cuidados de larga duración, optimizar la atención a la dependencia y asegurar servicios de calidad ante el progresivo envejecimiento de la población.
El Ejecutivo ha puesto en marcha una regularización extraordinaria para extranjeros residentes en territorio nacional. Según los requisitos establecidos, los solicitantes deberán demostrar su residencia previa al 31 de diciembre de 2025 —con un periodo mínimo de cinco meses— y acreditar la ausencia de antecedentes penales para obtener una autorización inicial de un año de duración.
Más allá del procedimiento, el análisis sectorial se centra en cómo transformar esta medida en un impacto positivo para las familias, las entidades prestadoras y las personas cuidadas. La realidad del sector arroja cifras incontestables sobre el déficit de personal: el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que será necesario sumar 261.400 trabajadores adicionales para el año 2030. Bajo este escenario, el sistema requeriría alcanzar una fuerza laboral de aproximadamente 751.300 profesionales para cubrir las necesidades de atención.
1) Aflorar empleo y reducir economía informal
Históricamente, una parte sustancial de los cuidados, especialmente en el ámbito doméstico, se ha basado en relaciones laborales carentes de solidez e incluso informales. Una gestión eficaz de la regularización permitiría el paso hacia el empleo reglado, respaldado por contratos y cotizaciones sociales. Esta transición no solo aporta estabilidad y derechos al trabajador, sino que otorga una mayor trazabilidad y seguridad al servicio prestado.
2) Reforzar la capacidad operativa en domicilio, dependencia y residencias
El incremento de la cronicidad y la dependencia presiona los servicios actuales. En un contexto donde la falta de respuesta del mercado laboral compromete la calidad asistencial, la regularización vinculada al empleo podría cubrir con agilidad las vacantes estructurales que afectan de forma severa a la atención domiciliaria y a los cuidados continuados.
3) Elevar la calidad del cuidado si se vincula a cualificación verificable
La seguridad es el eje central de la calidad en este sector. Para que el proceso aporte valor real, debe ir ligado a programas de formación y acreditación de competencias. Esto garantiza que la incorporación de nuevos efectivos cumpla con estándares profesionales en áreas críticas como la movilización segura, la prevención de riesgos, la higiene y la comunicación efectiva con el entorno familiar.
1) Efecto embudo y frustración administrativa
La gestión de procesos masivos conlleva el peligro de colapsar la administración, provocando demoras que generan incertidumbre en empleadores y solicitantes. Este escenario suele favorecer la aparición de intermediarios de escasa fiabilidad y errores en la documentación que entorpecen el sistema.
2) Precariedad “regularizada”
Existe la posibilidad de que el cambio en el estatus legal no se traduzca en una mejora de las condiciones de trabajo. Si no se aplican criterios de supervisión y profesionalización, el sistema corre el riesgo de absorber mano de obra sin resolver problemas de fondo como la alta rotación y la sobrecarga laboral, elementos que habitualmente desincentivan la permanencia en el sector.
3) Riesgo asistencial por falta de competencias
La ausencia de competencias mínimas en el cuidado tiene consecuencias directas sobre la salud de los usuarios, pudiendo derivar en lesiones, caídas o errores en la higiene. Un aumento del volumen de trabajadores sin la capacitación adecuada podría elevar la siniestralidad y socavar la confianza de la sociedad en el modelo de cuidados.
4) Riesgo reputacional y polarización
En el marco de la sensibilidad política europea, diversas instituciones de la UE han incidido en la importancia de la coordinación para evitar impactos en otros estados miembros. Asimismo, la ausencia de una comunicación basada en datos y criterios técnicos precisos puede alimentar corrientes de desinformación y percepciones sociales erróneas sobre el proceso.
Matriz práctica para convertir la regularización en impacto positivo en cuidados
Para que el proceso de regularización impacte positivamente en el sistema, no basta con la disponibilidad de personal; es imperativo contar con profesionales cualificados. En este sentido, la formación y el procedimiento de acreditación de competencias profesionales (PACP) constituyen el apoyo fundamental para convertir la experiencia previa en una carrera laboral reglada, con reconocimiento oficial y estabilidad.
En el ámbito de 'Supercuidadores', la estrategia se centra en transformar la regularización en un proceso de profesionalización efectivo. La capacitación de los cuidadores facilita la adquisición de habilidades esenciales para un trabajo seguro y de alto estándar. Asimismo, el entrenamiento para el PACP permite que los conocimientos adquiridos por la vía de la experiencia se traduzcan en una mayor empleabilidad y seguridad jurídica para el trabajador.
La incorporación administrativa de personas inmigrantes representa un recurso valioso para el sistema sociosanitario y de atención a la dependencia. No obstante, esta medida solo se traducirá en una mejora real si se fundamenta en tres ejes básicos: la formalización del empleo, la formación especializada y la acreditación profesional (PACP).
España atraviesa una carencia estructural de especialistas en cuidados, lo que convierte a este sector en una opción laboral con futuro para la población extranjera. Si bien la regularización es el paso inicial, la formación y el reconocimiento de competencias son los elementos que transforman esa posibilidad administrativa en puestos de trabajo de calidad, fortaleciendo el sistema y generando un impacto social positivo.