La Asociación Española de Denominaciones de Origen pide a Derechos Sociales que los alimentos con sellos de garantía tengan un papel preferente en los menús de residencias.
La Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) ha presentado una propuesta para que los productos con DOP (Denominación de Origen Protegida) e IGP (Indicación Geográfica Protegida) tengan un papel prioritario en los centros de titularidad pública y en los privados destinados a personas dependientes o con necesidades especiales.
Según publican varios medios de comunicación, en esa enmienda al proyecto del Real Decreto se plantean medidas como la asignación de puntuación adicional en los procesos de adjudicación y la reserva de un porcentaje mínimo de compra de estos alimentos.
El proyecto normativo en cuestión, cuyo trámite de audiencia pública comenzó el 18 de diciembre de 2025, tiene por objeto establecer criterios de calidad nutricional y sostenibilidad en los comedores colectivos de centros públicos y privados, fomentando una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente.
La propuesta de Origen España surge en un momento en el que la alimentación en centros colectivos —incluidas las residencias y otros espacios destinados a personas con dependencia— está cobrando atención en las políticas públicas. La norma busca, entre otras cosas, mejorar la oferta nutricional de los menús y alinearse con las estrategias europeas de sostenibilidad.
En su enmienda, la asociación defiende el valor de las indicaciones geográficas como un instrumento para garantizar la excelencia nutricional, la sostenibilidad territorial y la preservación del patrimonio gastronómico.
Además, se argumenta que estos productos contribuyen a reducir la presencia de ultraprocesados en los menús colectivos, al tiempo que promueven sistemas alimentarios más saludables y transparentes.
España es uno de los países europeos con mayor número de figuras de calidad diferenciada inscritas: existen más de 390 Indicaciones Geográficas registradas, de las cuales unas 225 son agroalimentarias, lo que sitúa a España entre las principales naciones del continente en este ámbito.
Según Origen España, privilegiar estos productos en la compra pública puede tener efectos positivos no solo en términos nutricionales, sino también en la economía rural y en la cadena de valor local. La asociación argumenta que las figuras de calidad diferenciada fomentan la trazabilidad, la autenticidad y el desarrollo de las comunidades productoras.
DOP (Denominación de Origen Protegida): sello de calidad que garantiza que un producto alimentario se produce, transforma y elabora en una zona geográfica concreta, siguiendo técnicas tradicionales y cumpliendo estándares de calidad estrictos.
IGP (Indicación Geográfica Protegida): certificación que asegura que al menos una de las fases de producción, transformación o elaboración de un alimento se realiza en una región determinada y que tiene cualidades vinculadas a ese origen.
El Ministerio de Derechos Sociales ha indicado que analizará la propuesta dentro del trámite de audiencia pública del Real Decreto. La inclusión de medidas como la puntuación adicional o la reserva mínima de productos de calidad dependerá de la valoración final que haga la administración antes de la aprobación definitiva de la norma.
La iniciativa se enmarca en un contexto europeo en el que países como Francia e Italia han puesto en marcha políticas para promover alimentos con sellos de calidad en centros colectivos, y refleja un interés por vincular la alimentación institucional con patrones más saludables, sostenibles y ligados al territorio.