Tras las posiciones expresadas por las patronales del sector al debate sobre si el futuro de la negociación colectiva en la Dependencia debería realizarse en un marco estatal o regional incorporamos ahora la visión de los sindicatos mayoritarios. UGT y CCOO rechazan el planteamiento de un modelo excluyente y defienden la coexistencia del convenio estatal con ámbitos de negociación autonómicos, aunque con matices relevantes sobre su alcance.
Tanto UGT como CCOO defienden la vigencia del marco estatal como garantía de igualdad, al tiempo que abren la puerta a la negociación autonómica como herramienta para adaptar salarios y condiciones laborales a la realidad territorial y a la financiación pública disponible.
Desde UGT, Moisés Torres, secretario de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, rechaza de entrada el planteamiento en términos excluyentes. A su juicio, “el debate sobre convenio estatal o convenio autonómico realmente no tiene cabida ya que ambos son necesarios”.
Torres sitúa el Convenio Estatal como un pilar “esencial e imprescindible” para fijar unos mínimos comunes en todo el país. En ese marco, detalla materias que, según UGT, no deberían presentar diferencias territoriales para garantizar el principio de igualdad: período de prueba, modalidades de contratación, clasificación profesional, funciones, jornada máxima anual, régimen disciplinario, prevención de riesgos laborales y movilidad geográfica. El objetivo es evitar “diferencias entre comunidades autónomas o provincias” que puedan derivar en abusos y perjuicios para las plantillas.
Por su parte, Jesús Cabrera, responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, introduce una primera precisión relevante para contextualizar el debate: no se está produciendo una expansión homogénea de convenios autonómicos en todos los ámbitos de la Dependencia.
Según explica, este movimiento está mucho más extendido en la ayuda a domicilio que en el sector de residencias de personas mayores, donde recuerda que durante la crisis económica y tras la reforma laboral del PP decayeron varios convenios autonómicos y solo en los últimos años se han firmado algunos nuevos, como los de Cataluña o Baleares.
En este sentido, UGT defiende que el Convenio Estatal no impide, sino que complementa, la negociación autonómica. Torres explica que los convenios territoriales permiten acercar la negociación “a las necesidades reales” de las personas trabajadoras en cada comunidad autónoma.
En ese nivel, añade, es posible mantener un diálogo más directo no solo con las patronales, sino también con las administraciones autonómicas, de las que depende una parte sustancial de la financiación del sector.
Desde CCOO, Cabrera coincide en que la negociación autonómica puede tener sentido, pero acota claramente su utilidad: solo es eficaz cuando permite “mejoras reales” respecto al convenio estatal.
En su análisis, la necesidad de estos convenios se circunscribe a su capacidad para ejercer una mayor presión sobre las comunidades autónomas y lograr incrementos de financiación, como ocurrió en Islas Baleares, donde el convenio fue posible gracias a una apuesta política concreta del gobierno autonómico de entonces.
Para UGT, las ventajas de los convenios autonómicos superan a los posibles inconvenientes. Torres sostiene que las trabajadoras y trabajadores demandan negociaciones “más cercanas”, con mejoras laborales con las que puedan sentirse identificados y que respondan a sus expectativas concretas.
A su juicio, los problemas aparecen cuando hay “falta de financiación”, ausencia de entendimiento con las patronales o incumplimiento de los acuerdos, aunque matiza que estos conflictos no son exclusivos del ámbito autonómico y también se dan en la negociación estatal.
CCOO introduce aquí una advertencia más estructural. Cabrera señala que un aumento “descontrolado” de convenios en ámbitos territoriales inferiores puede contribuir a debilitar el posicionamiento sindical y a generar diferencias cada vez más relevantes entre territorios.
Aunque reconoce que las mejoras salariales y laborales pueden actuar como estímulo para el conjunto del sector, alerta de que muchas comunidades no están en condiciones de asumirlas por su “deficiente” financiación.
UGT pone como ejemplo el sector de la ayuda a domicilio de gestión privada, donde alrededor del 80% de los servicios se adjudican mediante licitación pública. En este contexto, Torres explica que la delimitación territorial del convenio resulta “esencial” para tener en cuenta los plazos de publicación de los concursos y ajustar los salarios y condiciones laborales a esos tiempos.
Desde su punto de vista, trasladar este modelo a un convenio estatal sería “prácticamente imposible” debido a la diversidad de licitaciones existentes en todo el país.
En cuanto al impacto del modelo sobre empresas, trabajadores y administraciones, UGT subraya que la negociación territorial permite introducir mejoras sociales y económicas más ajustadas a las demandas reales de las plantillas.
CCOO, en cambio, sitúa el foco en las consecuencias de la infrafinanciación pública. Cabrera sostiene que los presupuestos autonómicos insuficientes perjudican fundamentalmente a las personas trabajadoras, con condiciones laborales “muy precarias”, y a las personas usuarias, al resentirse la calidad asistencial, mientras que las empresas siguen obteniendo beneficios.
En este sentido, destaca como ejemplo la actuación del anterior Gobierno balear, que incrementó los precios de las plazas “única y exclusivamente” para mejorar salarios y condiciones laborales ante la dificultad para contratar profesionales.
UGT rechaza que la negociación colectiva responda a una estrategia política. Torres afirma que para el sindicato no es una cuestión ideológica, sino un derecho reconocido en la Constitución Española. Aunque reconoce que parte de la financiación del sector depende de los gobiernos autonómicos, insiste en que el objetivo es negociar “el mejor convenio posible” en cada momento, con independencia del color político.
Desde CCOO, Cabrera reconoce que los fondos de formación asociados a los convenios colectivos pueden resultar atractivos para las empresas y relevantes para mejorar la capacitación profesional, pero subraya que no constituyen una de las razones principales para negociar un convenio, especialmente desde la parte sindical.
UGT descarta de forma tajante que el Convenio Marco Estatal vaya a dejar de aplicarse. Torres recuerda que se trata de un convenio “sólido” y “estable”, negociado desde 1997, que fija los mínimos esenciales en salarios y condiciones laborales y permite avanzar en mejoras en aquellos territorios donde es posible negociar convenios autonómicos.
CCOO considera igualmente remota la posibilidad de que el convenio estatal pierda vigencia generalizada, al menos en el sector residencial. Cabrera apunta que, si se diera esa situación, los sindicatos estatales actuarían como apoyo a las estructuras territoriales y participarían en los procesos de negociación a través de la mesa estatal de Diálogo Social.
UGT sostiene que el riesgo de fragmentación es limitado mientras el convenio estatal marque los mínimos comunes. Torres recuerda que funciones y clasificación profesional están fijadas a nivel estatal y que las dudas de interpretación se abordan en la Comisión Paritaria, donde sindicatos y patronales unifican criterios.
CCOO introduce aquí una advertencia basada en datos económicos. Cabrera recuerda que existen comunidades autónomas que pagan cerca de 120 euros al día por plaza residencial frente a otras que no alcanzan los 60, lo que se traduce en diferencias salariales de más de 300 euros en una misma categoría, cómputos de jornada con más de 100 horas de diferencia anual y normativas de ratios muy desiguales.
En cuanto a la movilidad profesional, ambos coinciden en que el impacto actual es limitado, aunque CCOO advierte de que, a medida que se amplíen las diferencias entre comunidades autónomas, la movilidad podría aumentar, en un sector que ya afronta graves dificultades para la contratación de personal, especialmente en Enfermería y gerocultoras.