La nueva legislación creará un Programa Estatal para financiar intervenciones de accesibilidad y transformará el modelo de cuidados, permitiendo un sistema más personalizado y digno. Además, se reconocerán derechos fundamentales como la teleasistencia y la atención temprana, promoviendo así una mayor calidad de vida y bienestar para todos.
La reciente reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia representa un avance significativo en la implementación del renovado artículo 49 de la Constitución Española. Este artículo establece la inclusión, autonomía y accesibilidad universal como fundamentos esenciales de los derechos de las personas con discapacidad.
El Congreso ha aprobado la toma en consideración de esta reforma, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y cuenta con el respaldo de diversas organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa legislativa contempla la creación de un Programa Estatal destinado a financiar intervenciones que garanticen la accesibilidad a servicios públicos para todas las personas con discapacidad, al tiempo que busca simplificar los trámites administrativos y transformar el modelo de cuidados existente.
Este texto legal establece el derecho universal al bienestar, a una vida independiente y a la autonomía personal. Su aprobación ha sido respaldada por una amplia mayoría en el hemiciclo, similar a otras normativas sociales recientes, como la reforma del artículo 49 o la Ley ELA, que movilizó 500 millones de euros para fortalecer el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Durante su intervención en el pleno del Congreso, el ministro Pablo Bustinduy destacó que esta ley es fruto de un proceso participativo: “Es una ley de país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales”, afirmó.
Además, hizo hincapié en que responde a los desafíos demográficos actuales que enfrenta España: “El mundo en el que vivimos hoy ha cambiado, y eso nos obliga a adaptar nuestros estados del bienestar”.
La reforma aborda importantes modificaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), eliminando restricciones impuestas desde 2012 sobre las incompatibilidades en prestaciones.
Asimismo, se suprime un plazo máximo suspensivo para las ayudas económicas destinadas a cuidados familiares, lo que permitirá una atención más personalizada.
Bustinduy subrayó que esta legislación no solo se enfoca en quienes requieren cuidados, sino también en quienes los proporcionan: “Esta reforma busca dignificar el trabajo de cuidados”. También enfatizó que desde 2020 se ha incrementado significativamente la financiación estatal al SAAD, alcanzando un récord histórico este año con 3.700 millones de euros.
La nueva normativa consolida la accesibilidad universal como un derecho fundamental e impone obligaciones para garantizar que sectores como sanidad, vivienda y patrimonio histórico sean accesibles para todos. Por primera vez, se reconocerá oficialmente a las familias de personas con discapacidad y se establecerán apoyos específicos para crianza y cuidados.
Además, se contempla la atención temprana como un derecho subjetivo para niños y niñas. La ley también introduce la teleasistencia como un derecho garantizado y amplía las ayudas domiciliarias, permitiendo compatibilizar empleo con acceso a servicios del sistema.
A través de esta reforma se busca desburocratizar los procesos administrativos relacionados con dependencia y discapacidad. Se eliminarán cargas administrativas al equiparar automáticamente dependencia con situación de discapacidad para facilitar acceso a más derechos.
Con estos cambios estructurales, se espera avanzar hacia un modelo más inclusivo que responda adecuadamente a las necesidades actuales y futuras de las personas con discapacidad en España.