CEDDD aplaude la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, pero exige antes el cumplimiento de los derechos ya reconocidos

El anteproyecto legislativo presentado recientemente recoge un conjunto de mejoras largamente reivindicadas por el sector. En líneas generales, incorpora medidas que refuerzan la teleasistencia, eliminan incompatibilidades que se consideraban injustificables, amplían el acceso a la asistencia personal y reconocen nuevas formas de vida independiente. Además, se incluye la creación de un Fondo Estatal para impulsar la accesibilidad universal y se actualiza la protección jurídica tanto de las personas con discapacidad como de sus cuidadores.

Ahora bien, desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) se recuerda que ningún cambio normativo será eficaz si no se garantiza previamente el cumplimiento real de la legislación actual. A día de hoy, miles de personas en España siguen atrapadas en listas de espera, enfrentándose a barreras arquitectónicas, situaciones laborales precarias o procedimientos administrativos interminables que siguen vulnerando derechos reconocidos desde hace tiempo. Hacemos un breve repaso.

1.- Listas de espera en Dependencia: una urgencia crónica

A fecha 30 de junio de 2025, se contabilizan 286.861 personas en lista de espera para recibir prestaciones del sistema de atención a la dependencia. Durante 2024, 34.252 personas fallecieron sin haber recibido la ayuda que les correspondía: 17.158 sin haber sido valoradas y 17.094 con un grado reconocido, pero sin prestación concedida. El plazo medio de tramitación se sitúa en 342 días, casi el doble del plazo legal, que es de 180.

Con esta dinámica, serían necesarios más de 90 años para dar respuesta a todos los expedientes pendientes. Algunas comunidades autónomas como Canarias, Andalucía o Murcia acumulan retrasos superiores a los 12 meses, mientras que solo Ceuta, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco y Castilla y León cumplen los tiempos establecidos por ley.

2.- Accesibilidad universal: un derecho en entredicho

En España, aún existen más de 1,2 millones de edificios que carecen de ascensor, lo que impide a muchas personas salir de sus viviendas. Informes derivados de inspecciones municipales revelan la existencia de rampas mal ejecutadas, ausencia de barandillas o bordillos que incumplen requisitos básicos. Estas deficiencias, según ha podido conocer CEDDD gracias a denuncias particulares, suponen una vulneración directa de lo estipulado por la normativa de accesibilidad.

3.- Capacidad jurídica: derechos reconocidos, apoyo insuficiente

Con la reforma del Código Civil, España puso fin a la figura de la incapacitación judicial, apostando por mecanismos de apoyo en la toma de decisiones. No obstante, miles de personas siguen esperando la revisión de sus sentencias y no disponen de apoyos reales que les permitan ejercer sus derechos plenamente.

Actualmente, no hay datos públicos y actualizados que permitan conocer cuántas personas han recuperado efectivamente su capacidad jurídica.

4.- Cuidadores: figuras esenciales, pero con derechos frágiles

La nueva propuesta legislativa contempla una mayor protección para quienes cuidan, tanto familiares como profesionales. Sin embargo, en la práctica, sus condiciones laborales continúan siendo muy precarias: el 47 % tiene contratos a tiempo parcial, los salarios son un 35 % inferiores a la media y la conciliación personal y laboral sigue siendo extremadamente complicada.

Esta situación lleva a muchas personas —en su mayoría mujeres— a abandonar sus empleos para dedicarse por completo al cuidado de un ser querido. Según la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, este trabajo no remunerado supone un ahorro al Estado de entre el 3 % y el 4 % del PIB, una realidad que se ha denunciado en distintas jornadas organizadas por CEDDD.

5.- Desigualdad y financiación insuficiente

La normativa vigente establece que el sistema de atención a la dependencia debe financiarse al 50 % entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, la contribución estatal apenas alcanza el 27,6 %.

Esta infrafinanciación agrava las desigualdades entre territorios: en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay 83.185 personas en espera y 1.467 fallecieron en 2024 sin recibir prestación. En Baleares, el retraso medio fue de ocho meses, con un promedio de dos fallecimientos diarios vinculados a la lista de espera.

6.- Teleasistencia y tecnología: derechos sobre el papel

La reforma prevé que la teleasistencia pase a ser un derecho subjetivo, accesible a toda persona dependiente en cualquier punto del territorio nacional. No obstante, solo cerca del 40 % de quienes la requieren acceden a este recurso.

Para que las medidas incluidas en el anteproyecto tengan un efecto real, será necesario que tanto el nuevo Fondo Estatal para Accesibilidad como los préstamos de productos de apoyo se gestionen con agilidad y sin trabas burocráticas. De lo contrario, estas iniciativas corren el riesgo de no pasar del papel.

Frente a esta situación, CEDDD insta a las distintas administraciones a que las reformas de las leyes de Discapacidad y Dependencia no se queden en meras declaraciones de intenciones sin respaldo económico ni mecanismos eficaces de control. Se exige una reducción sustancial de las listas de espera mediante más personal y una gestión más eficiente.

También se demanda una accesibilidad efectiva, con inspecciones suficientes y recursos adecuados para adaptar edificios, espacios públicos y entornos laborales. Es urgente aplicar sin dilaciones la reserva legal de empleo y fortalecer la Inspección de Trabajo. Además, hacen falta recursos y formación para asegurar que todas las personas puedan ejercer de manera efectiva su capacidad jurídica. Y resulta imprescindible garantizar condiciones laborales justas para quienes sostienen el sistema de cuidados.

El anteproyecto recoge propuestas importantes, pero su éxito dependerá de la voluntad política de asegurar la financiación necesaria, un control riguroso y una coordinación eficaz entre los distintos niveles de la administración. Los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia no pueden seguir esperando.