La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) valora de forma positiva que el Congreso haya rechazado la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Según la patronal, de haberse aplicado tal medida en los términos planteados, la sostenibilidad del sistema de cuidados a personas en situación de dependencia habría quedado seriamente comprometida.
El sector ya convive con un déficit muy acusado de personal cualificado, lo que dificulta tanto la contratación como la retención de profesionales. Una reducción de jornada sin planificación previa ni recursos adicionales habría exigido incrementar de inmediato las plantillas, algo inviable en el contexto actual. De haberse impuesto, esta situación habría intensificado la crisis de personal, disparado los costes y puesto en riesgo la calidad y continuidad de los cuidados.
La atención a la dependencia se caracteriza por ser intensiva en personal, requerir continuidad y una alta especialización; por ello, cualquier recorte de horas sin compensación adecuada habría generado un escenario insostenible, con consecuencias sobre la confianza de usuarios y familias, explica la FED en una nota.
Los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reflejan que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) necesitará contar en 2030 con 751.300 profesionales, de los cuales 261.400 serán nuevas incorporaciones. Una reducción de jornada sin refuerzos ni financiación habría incrementado la presión hasta niveles inasumibles, tanto para las entidades proveedoras como para las familias usuarias.
Explica la patronal que la necesidad de más contrataciones, sin recursos adicionales, se traduciría en costes que muchas organizaciones no podrían sostener, amenazando su viabilidad económica.
La FED también advierte que esta medida no garantiza mejores condiciones para la plantilla. Una reorganización de tareas entre un mayor número de profesionales podría derivar en contratos a tiempo parcial, precariedad laboral y complicaciones en la gestión de un ámbito que ya es especialmente complejo y exigente. Imponer cambios de esta magnitud desde la vía legislativa, sin negociación colectiva ni consenso social, añade tensiones y compromete la estabilidad de un sistema que requiere planificación y flexibilidad para adaptarse a sus características específicas.
Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED, es muy claro: "Celebramos que el Congreso haya rechazado esta reducción de jornada. Insistir en una medida así, en un sector ya afectado por la angustiosa falta de profesionales, sería una temeridad que pondría en riesgo a las personas dependientes y a los profesionales que las cuidan. Nuestro sector necesita soluciones responsables, consensuadas y sostenibles, no experimentos que agraven la crisis de personal y la viabilidad económica de los servicios".
La Federación Empresarial de la Dependencia solicita a los responsables políticos que cualquier cambio en la jornada laboral se aborde con planificación, medidas compensatorias claras y consenso. Replantear esta reducción sin atender a las carencias estructurales del sector sería, según la patronal, una decisión irresponsable y peligrosa tanto para millones de personas dependientes como para las entidades que les prestan apoyo.
La FED mantiene su compromiso con un modelo de cuidados estable y sostenible, que garantice la calidad del servicio y la estabilidad del empleo, y reconoce la decisión del Congreso como una muestra de sensatez en un contexto muy delicado. Al mismo tiempo, advierte que retomar esta propuesta sin ajustes realistas supondría una grave irresponsabilidad, generando incertidumbre en el sector y en la sociedad. La organización insiste en la necesidad de diálogo, planificación y medidas eficaces que permitan afrontar con garantías los retos presentes y futuros de la atención a la dependencia.