En este mismo medio, hace solo unos días, el Dr. Botella escribía un excelente artículo sobre el papel que las Técnicas Auxiliares en Cuidados de Enfermería (TCAE) desempeñan en las residencias y en la necesaria mejora en el sistema de provisión de cuidados. Con la única intención de continuar con la reflexión que tan oportunamente hizo escribo las palabras que siguen. Gracias por abrir el hilo Dr. Botella.
Un punto fundamental de partida es conocer el contexto en el cual se desarrolla el trabajo diario en una residencia. Como equipo de enfermería, desgraciadamente, solo se piensa en las graduadas universitarias en Enfermería, mientras que las otras compañeras, las que realizan los aseos, dan de comer a los residentes, les visten, los levantan y acuestan, etc, no son TCAE sino “gerocultoras”. He aquí uno de los principales problemas, que bajo un enorme paraguas llamado “gerocultora” se acogen perfiles académicos variopintos.
Hasta finales de los años noventa del pasado siglo XX las personas que trabajaban en residencias ayudando a las religiosas, en los asilos, estaban bajo el amparo legal de una especie de convenio nacional de hostelería y sanidad, en el que no cabían figuras sanitarias. No había médico ni “practicante” (así me llamaban a mí mis primeros residentes), al menos contratados al efecto, sino por obra y servicio, cuando no se hacía por mera beneficencia.
De las que ahora llamamos auxiliares ni se contemplaba su figura profesional. No se les pedía experiencia, ni titulación, ni conocimientos técnicos a la hora de contratarlas, tampoco saber leer o escribir. Cobraban muy poco y con muy pocas garantías legales. Con la publicación del primer convenio marco de residencias privadas se intentó dar un nombre a esa miscelánea profesional denominándolas “gerocultoras”. Aquellas compañeras lo mismo limpiaban que aseaban a ancianos, de ahí la clasificación profesional de algunos convenios marco que inventaron la categoría de la “limpiadora-gerocultora”.
Cuando llegó la Ley de Dependencia, en el año 2006, se intentó promover una regularización de esta figura profesional. Para ello, y pensando en aquellas personas que, bajo la categoría profesional de “gerocultora” estaban contratadas desde hacía años en las residencias pero no tenían formación ni titulación académica alguna se creó el denostado “Certificado de profesionalidad”. Se dio un plazo de tiempo para que, justificando una mínima experiencia profesional y unas mínimas competencias técnicas, pudieran tener una “autorización legal” para seguir desempeñando su labor en las ya denominadas “residencias”.
Hasta aquí todo bien. Pero surgió un nuevo problema, y es que con un nuevo título en su haber, ¿podrían trabajar fuera del ámbito legal de la residencia? La respuesta fue rotunda: NO.
Durante estos últimos 25 años se han ido jubilando miles de las antiguas gerocultoras, al tiempo que se han ido incorporando TCAE, pero también otras figuras que nadie esperaba. La esperanza que abrió la Ley de Dependencia llevó al Ministerio de Educación, de un Gobierno tras otro, a autorizar diplomas de Formación Profesional nuevos hasta entonces, además de las prórrogas en los certificados de profesionalidad. Hablo de los conocidos Técnicos en Dependencia y Técnicos en Atención Sociosanitaria.
Dichas titulaciones no tenían, ni tienen, cabida alguna en el sistema público de empleo por lo que aquellas personas que los estudiaban estaban abocados al desempleo o bien a trabajar en residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio, la inmensa mayoría dentro del escaso amparo legal de los convenios marco de residencias privadas. La solución para aquellos que componían las mesas negociadoras de los convenios colectivos marco fue solicitar al Ministerio la compatibilidad de algunas competencias, no todas, de las tres titulaciones, recordemos, poseedoras de un Certificado de Profesionalidad, Técnico Auxiliar en Dependencia y Técnico Auxiliar en Atención Sociosanitaria.
Así, de un plumazo, se desvanecieron las esperanzas de las TCAE en aprovechar su previsible mayor presencia en las residencias para reivindicar condiciones laborales y profesionales más justas y actualizadas a su verdadero papel. En lugar de igualar las condiciones por arriba, los componentes de las mesas negociadoras igualaron las condiciones por debajo. Nada nuevo.
Así se explica que, después de 25 años, bajo la denominación “gerocultora” se esconde la maldición de todo un sector, que no leyenda negra. Estas compañeras gerocultoras se dividen en dos grupos. Por un lado, están las gerocultoras -TCAE, aquellas que teniendo el titulo oficial de Formación Profesional correspondiente a TCAE están trabajando como “gerocultoras” mientras acumulan algunos puntos para después dar el salto a la sanidad pública, tal y como estamos viendo en los últimos años. Por otro lado, están las gerocultoras, a secas, aquellas compañeras que tienen un diploma oficial de Certificado Profesional o Formación Profesional pero de titulaciones no reconocidas por la bolsa de la sanidad pública, solo en las privadas. Éstas últimas están condenadas a jubilarse en una residencia o a estudiar TCAE, si quieren prosperar.
Las enfermeras de las residencias no hacen más que responder al poco aprecio institucional, empezando por los legisladores, que reciben. Y lo mismo están haciendo las gerocultoras-TCAE, y conforme está la cosa cada vez más, hasta que probablemente lleguemos a un punto donde la residencia no sean una opción para trabajar cuando acaben los estudios.
Hablar de adjudicar nuevas competencias a las gerocultoras, en general, que no gerocultoras-TCAE, para salvar los muebles en un sector, el de residencias y centros de día privados, es una mezcla entre temeridad desde el desconocimiento de sus gestores, y negligencia en caso de que haya un propósito último en ello, como el de mantener a propósito una fuerza productiva a bajo coste.
No demos tantas vueltas a algo cuya solución está desde hace años claramente en manos de los que gobiernan y de los que se sientan en las mesas de negociación de los convenios colectivos, entre los que se encuentran los principales sindicatos.
Sin mejorar las condiciones económicas de las plazas residenciales, por parte de las administraciones públicas en materia sanitaria y social, no podemos hablar de mejorar absolutamente nada. Pensar que la solución a la escasez de profesionales bien preparados, que se van de las residencias por lo mal que se les trata, es “legalizar” la adjudicación de más competencias profesionales a compañeras tan poco estimadas como denostadas tal que las “gerocultoras”. Esto es recrearse en un claro maltrato institucional que no merece ni el sector, ni las gerocultoras, ni los mayores atendidos.