La Ley de Simplificación Administrativa ha sido aprobada recientemente por Les Corts, introduciendo cambios significativos en la normativa que regula los servicios de atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana. Uno de los aspectos más destacados es la autorización para construir centros residenciales con capacidad de hasta 150 plazas, organizados en unidades convivenciales que no superen las 25 personas.
Esta nueva disposición facilita el trabajo en dichas unidades, lo que contribuirá a mejorar la calidad de atención brindada a los usuarios, sin que ello implique un aumento considerable en los costos del servicio. Con este nuevo modelo de atención, la cantidad total de plazas del centro pierde relevancia, ya que cada persona será atendida dentro de su unidad específica, sin verse afectada por los residentes de otras unidades.
Se ha aprobado un nuevo calendario para la adaptación de los ratios de personal en las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana. Entre los cambios, se destaca un aumento del 32% en el número de gerocultoras para marzo de 2025 (0.29) y un incremento del 45.5% para marzo de 2026 (0.32) en comparación con la normativa vigente desde 2005. Esto implica, en términos prácticos, que se contratarán 8.5 auxiliares adicionales para un centro promedio con 85 plazas en el año 2026. Con esta medida, se espera mejorar la calidad de la atención y disminuir la carga laboral de las profesionales del sector.
Toro fue claro: “Creemos que este es un buen paso y que va en la línea con lo solicitado ampliamente a la Vicepresidenta, Susana Camarero, pero que debe ser continuado de manera rápida por una reforma de mayor calado en el fondo del decreto y una mejora de la financiación de las plazas públicas para hacerlo eficaz y viable para las familias, las entidades y la Administración”.
Las modificaciones introducidas afectan los requisitos establecidos en el Decreto 27/2023 de Tipologías, que fue aprobado por el Govern del Botànic. Este decreto había sido objeto de fuertes críticas por parte de las entidades del sector, ya que establecía unidades de convivencia con una capacidad de 15 plazas en centros limitados a un máximo de 120, lo que dificultaba su implementación debido al impacto en la tarifa del centro. De manera similar, los ratios de auxiliares fijados en 0.35 para 2025 y 0.37 para 2026 también generaban preocupación. La proporción ha cambiado, pasando de contar con un auxiliar por cada 2.85 personas atendidas a uno por cada 3.44 en 2025; y en el caso de 2026, se ha modificado de un auxiliar por cada 2.7 a uno por cada 3.125.
José María Toro concluyó: “Se ha producido una reducción de exigencias establecidas por el Govern anterior, que estableció unas exigencias muy elevadas que no venían acompañadas por un aumento de las ayudas a las familias y un incremento de las plazas concertadas, lo que hacía insostenible el modelo y obligaba a subir las tarifas de una manera muy importante. Con estos ajustes se puede mejorar sustancialmente el servicio con un incremento de los costes mucho más asumibles para todos”.
La redacción del texto modificado del decreto, que tiene como objetivo cambiar aspectos relevantes en residencias de salud mental, centros de día y servicios de ayuda a domicilio, aún está pendiente. Muchas de las propuestas realizadas por los diferentes sectores continúan sin ser consideradas.