La conocida como Ley Dependencia acaba de cumplir 18 años. Fue aprobada el 14 de diciembre de 2006 y, pesar del progreso que ha representado esta ley, considerada una de las políticas de Estado con mayor consenso, su potencial aún no se ha logrado desarrollar.
Así lo explica el Observatorio Estatal para la Dependencia, que este lunes ha presentado el Informe XVIII Aniversario de la Ley de Dependencia, y que destaca que uno de los problemas que más preocupa es el de las listas de espera, tanto de personas que esperan valoración de su grado de dependencia como de personas que ya han sido valoradas y esperan recibir un servicio para atender a su dependencia.
El peor dato es que en estos 18 años, hasta 900.000 personas han fallecido en estas listas de espera. El número de fallecidos en 2024 alcanza los 33.096.
El informe subraya: "2024 será un año malo por el aumento que se espera de personas esperando el reconocimiento del derecho. Éste cerrará con alrededor de 291.649 personas desatendidas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, tan solo 4.782 menos que en 2023". Hace especial hincapié en que "con este ritmo de reducción, se tardarían 61 años en lograr la plena atención".
Incide también en que el tiempo de tramitación de un expediente es de casi un año (330 días), aunque en cuatro comunidades ese plazo es incluso superior. Pero es que habría que sumar los meses que faltan todavía para recibir la prestación o servicio.
Del mismo modo, el Observatorio afirma que "los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema Low Cost poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia". Pero a todo esto, el Observatorio añade "la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo".
Por ello, a la espera de ver una reforma de la Ley de Dependencia o la aprobación de una nueva Ley, desde el Observatorio Estatal para la Dependencia consideran de justicia que se cumpla la aprobada hace 18 años. Y 18 datos han enumerado para ver con claridad la situación de esta ley con la mayoría de edad:
1.644.518
personas tendrán reconocida cuanto termine 2024 su situación de dependencia. y otras 136.954 estarán pendientes de valoración. Esto supone que el 3,4% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria.
131.083
personas se encontrarán en el Limbo de la Dependencia cuando termine diciembre de 2024. Durante 2024 el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 24.549 personas. A este ritmo se tardarían 5 años en lograr la plena atención.
291.649
personas son el total de las que estarán desatendidas en diciembre de 2024, sumando el Limbo (131.083), las pendientes de valoración (136.954 expedientes) y aquellas con un PIA (Plan de Atención) aprobado pero que aún no es efectivo (23.6122)
35.920
personas fallecerán en 2024 en las listas de espera de la dependencia: 18.592 pendientes de resolución de grado y 17.328 sin haber podido ejercer sus derechos. Esto supone que 98 personas fallecerán al día en las listas de espera de la dependencia (una cada 15 minutos). Desde 2017, el número de personas fallecidas en las listas de espera asciende a 388.932.
330
días es el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia, aunque en cuatro comunidades se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia).
14,3%
es el porcentaje de cuidadoras que están de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, cuatro años después de que
se recuperase este derecho (77.230 personas)
355.833
empleos directos se habrán creado en España a finales de 2024 asociados a las atenciones de la Ley de la Dependencia. A ellos hay que añadir los empleos en las administraciones públicas en la gestión administrativa de esta Ley.
40,8
empleos directos se generan por cada millón de euros de gasto público en atención a la dependencia, lo que evidencia la elevada capacidad para generación de empleo. La tasa de retorno vía impuestos alcanza el 41,43% de la inversión en el sector.
6.321
millones de euros es el recorte acumulado tras el RD-Ley 20/2012 por parte de la Administración General del Estado, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares. En 2021 finalizaron estos recortes.
6
Comunidades Autónomas han visto reducida la financiación estatal de la dependencia en 2023 por haber certificado en 2022 un gasto inferior a la media 20-21. Estas Comunidades recibieron menos cantidad de la que les hubiese correspondido si no hubiesen recortado sus presupuestos en años anteriores: Cataluña (-25,7M.€), Castilla y León (-25M€), Extremadura (-12,1M€), C. Valenciana (-9,1M€), Murcia (-2,3M€) y Aragón (-1,5M€).
11.521,8
millones de euros (0,8% del PIB) fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2023.
39,5%
es lo que supone la aportación estatal en la financiación pública de la atención a la dependencia, habiendose duplicado desde el año 2021, aunque aún no llega al pretendido 50%.
3.644
millones de euros es el incremento acumulado en los tres últimos años en la aportación estatal a la financiación de la atención a la dependencia, en el llamado Plan de Choque, que marca una nueva fase de recuperación del Sistema.
9,4%
es lo que suponen las personas que se encontrarán en el Limbo de la Dependencia en diciembre de 2024 (con derecho reconocido a la espera de recibir la prestación o servicio). El Plan de Choque incluía una reducción de esta lista de espera que, a pesar del notable incremento presupuestario por parte de la Administración General, sigue cerca del 10%
64,2%
es el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que NO cuentan con Teleasistencia, a pesar de que el Plan de Choque marcó como objetivo que este servicio sea un derecho para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio.
41,7%
de la inversión en dependencia revierte nuevamente a las arcas públicas vía cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, IVA, … En 2024 serán más de 3.550 millones
1.378 €
es el gasto medio por persona potencialmente dependiente en España, Liderando la inversión La Rioja (1.825,37€) y Castilla La Mancha (1.702,52€), mientras que las Comunidades que menos invierten son Galicia (848,32) y Asturias (805,71€).
13
son los ministros o ministras que han pasado en los 18 años en los que lleva en vigor la Ley de la Dependencia, evidenciando la inestabilidad en los órganos de gestión del Sistema: Jesús Caldera, Mercedes Cabrera, Trinidad Jiménez, Leire Pajín, Ana Mato, Alfonso Alonso, de forma interina Fátima Báñez, Dolors Montserrat, Carmen Montón, María Luisa Carcedo, Pablo Iglesias, Ione Belarra y Pablo Bustinduy. También en las CC.AA. se han producido numerosísimos cambios en la dirección de las consejerías afectadas
Igualmente, todos estos datos permiten sacar estas conclusiones:
2.- Desde la incorporación de las personas con Grado I reconocido al Sistema en 2015, se ha observado una disminución continua en las listas de espera, que representan el limbo de la dependencia. Sin embargo, este limbo todavía afecta a más del 13% de la población en el conjunto del Estado, lo que equivale a más de 131.000 personas (gráfico 7 y 8).
3.- Durante los últimos tres años (2021, 2022 y 2023), la diferencia en los porcentajes de financiación del Sistema entre la AGE y las CA.AA ha disminuido considerablemente gracias al Plan de Choque. Sin embargo, el objetivo de igualar estos porcentajes al 50% aún no se ha logrado (gráfico 12).
4.- Es alarmante observar cómo el gasto por persona atendida continúa disminuyendo. En 2010, esta cifra alcanzaba los 8.145 €, pero en 2024, a pesar del aumento de los costos (IPC) de los servicios, ha caído a 5.982 € (-26,6%) (gráfico 13). Esto pone de manifiesto que la disminución de la lista de espera y el aumento en el número de personas atendidas se está logrando a expensas de recortar las cantidades destinadas a las prestaciones o de optar por servicios de bajo costo.
5.- La generación de empleo del Sistema se mantiene estable, alcanzando aproximadamente 40 empleos por cada millón de euros invertidos (gráfico 15). Además, la tasa de retorno, que representa el dinero que regresa a las Administraciones mediante impuestos o contribuciones a la Seguridad Social, excede el 40%.
6.- Es fundamental que se implementen reformas por parte del Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos para acelerar los trámites. La simplificación de los procedimientos es necesaria, así como la aplicación de medidas que permitan la suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin requerir la resolución de un nuevo procedimiento.
Para terminar, el Observatorio Estatal para la Dependencia lamenta no haber podido presentar este informe en el Congreso de los Diputados debido a que se les negó una sala. recuerdan que durante 30 la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y este Observatorio ha estado monitoreando y apoyando la implementación de los Servicios Sociales, pero constantemente, insisten, han sido excluidos por aquellos en el poder que no aceptan la supervisión de la sociedad civil sobre su ineficacia en la gestión.
PUEDE VER Y DESCARGAR AQUÍ EL INFORME DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA