El tiempo medio de espera para recibir un servicio por Dependencia es de 342 días: "Con este ritmo, se tardarían 94 años en lograr la plena atención"

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este lunes el Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, basado en datos oficiales provisionales a 30 de junio y destacando que se elabora con datos objetivos, sin excluir a nadie que esté esperando respuesta de la Administración ni cambiar los criterios empleados.

Así, según los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, a finales de junio de 2025 había 286.861 personas en listas de espera. Además, el indicador de agilidad administrativa, que mide el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente, alcanzó en este tiempo los 342 días, ocho días más que a principios de año. Se trata de un dato especialmente relevante toda vez que, según la normativa, el plazo máximo para resolver un expediente es de 180 días.

Por ello, el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez Navarro, ha expresado su preocupación por la situación actual del sistema de atención a la dependencia. "Es indignante que no mantengamos ni siquiera una tasa de reposición que haga posible que se vaya reduciendo la lista de espera", ha afirmado, para insistir en que el aumento en la lista de espera es lo más preocupante: "Con el ritmo actual del sistema de atención a la dependencia, se tardarían 94 años en lograr la plena atención".

Esta situación, según él, "no puede ser ignorada por los gobiernos". La nota de la Asociación explica que las listas de espera están distribuidas de la siguiente manera: 136.009 personas a la espera de valoración; 123.857 personas esperando la elaboración del PIA (el reconocimiento de la prestación o servicio que les corresponde); y 26.995 personas que, tras la aprobación del PIA, esperan recibir la prestación o servicio establecido.

"Es indignante que no mantengamos ni siquiera una tasa de reposición que haga posible que se vaya reduciendo la lista de espera", ha afirmado a Dependencia.info Ramírez Navarro, que volvía a hacer hincapié en el hecho de que este martes se darán los datos del Panel de Dependencia y duda de que haya coincidiencia: "Estas 286.861 personas están en listas de espera, independientemente de lo que afirme el Ministerio, porque han solicitado ser valoradas y atendidas por su situación de dependencia, y están esperando a eso, a ser valoradas, a que se les realice el PIA o a recibir efectivamente la prestación o servicio que les corresponde".

La Asociación considera cruel no tener en cuenta a estas personas, que no son solo una cifra sino individuos de carne y hueso, junto a sus familiares, que llevan meses esperando una respuesta administrativa. "Es inexplicable que encima den -el Ministerio- una rueda de prensa manipulando o retorciendo la estadística para aparentar que hay una gestión diligente", ha criticado mientras apuntaba la "falta de transparencia del Gobierno".

Cuando el Ministerio reduce la cifra de desatención —su lista de espera—, se refiere exclusivamente a aquellas personas a las que, según la ley, debería haberse dado la prestación o servicio en un plazo máximo de 180 días, y a quienes tanto el Ministerio como los Gobiernos autonómicos no están cumpliendo este derecho.

Aunque año tras año se supere el récord de personas atendidas, cifra que Comunidades y Ministerio utilizan para justificar su triunfalismo y ocultar esta realidad, es lógico que el número de beneficiarios siga aumentando mientras decenas de miles de personas continúen en listas de espera.

Finalmente, en el último semestre se ha registrado un descenso en las plazas residenciales (-2.093) y en las de centros de día (-1.424), incluso cuando muchos de estos servicios son de bajo coste.

Necesidad de un plan de choque financiero

El portavoz de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha apuntado los dos pasos que debería dar el Gobierno para salir de esta situación. "Lo primero que tenía que hacer el Gobierno es ser transparente, decir realmente cómo es la situación. Lo segundo, tener humildad para reconocer que desde hace dos años no se incrementa el presupuesto del plan de choque y que el sistema de atención a la dependencia está paralizándose", ha declarado, sugiriendo además un plan específico para las comunidades autónomas más afectadas como Murcia, Canarias y Cataluña.

"Murcia ha subido en 44 días el tiempo de espera, siendo ya un tiempo récord. Canarias y Cataluña ya tienen más de 70.000 personas en lista de espera, es decir, son comunidades autónomas en las que o hay un plan de choque y el ministerio las ayuda a salir de la desidia que han tenido durante estos 18 años de Ley de Dependencia o no hay solución para esas personas vulnerables que son dependientes que viven en esos territorios", ha remarcado.

"Las comunidades autónomas tienen que aportar", ha enfatizado José Manuel al hablar sobre el financiamiento necesario para mejorar el sistema. Ha mencionado que Canarias, por ejemplo, tiene una inversión por habitante muy por debajo de la media nacional y necesita urgentemente más recursos.

¿Gestión o financiación?

Preguntado si hace falta más imaginación en la gestión o más dinero, el presidente de la Asociación lo tiene claro: "No, no, primero más dinero y luego ya la pericia en la gestión. Pero pericia en la gestión sin nueva financiación en algunas comunidades autónomas no sirve. En algunas comunidades que tienen pericia en la gestión, sí sirve tener imaginación, agilizar procedimientos, etc. Pero en comunidades autónomas como Cataluña, Murcia o Canarias hace falta más dinero, tanto del Estado español, de la Administración General del Estado, como de las propias comunidades autónomas".

En este sentido, y cuestionado igualmente sobre si puede estar influyendo la falta de personal en que se retrase todo tanto y aumenten las listas de espera, es igual de contundente: "Claro, es que la falta de financiación conlleva no tener las estructuras profesionales suficientes para hacer valoraciones y hacer PIAs. Si además a eso, también se agiliza la gestión unificando el procedimiento administrativo en un solo acto administrativo de valoración y PIA, pues van a ayudar en el procedimiento y va a haber mejores resultados, pero todo pasa porque haya mayor financiación. Si no hay mayor financiación, no puede haber discursos triunfalistas".

La Asociación espera que el Ministerio en algún momento publique los datos de la lista de espera con los datos de las revisiones y de las solicitudes no grabadas, y confía en que presente su Panel del SAAD trimestralmente sin modificar los criterios, lo que hasta ahora ha impedido la comparabilidad con la serie histórica. De este modo, critican que se alardea de una gestión que está paralizada y que genera un gran sufrimiento a personas tan vulnerables como las que se encuentran en situación de dependencia.

En definitiva, "sin un incremento real de financiación, los derechos reconocidos en la Ley y la propaganda oficial del Ministerio quedan en papel mojado, pura cosmética del Sistema que solo genera falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familias", se apunta desde la Asociación.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recuerda que pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso ni presentan una urgencia social tan importante como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de 18 años, la dependencia sigue siendo un derecho pendiente.

El 14 de diciembre de 2006 se aprobó la Ley 19/2006 de Atención a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal. Dieciocho años después, a pesar de los avances que ha supuesto esta ley —una de las políticas de Estado con mayor consenso—, su potencial sigue sin desarrollarse plenamente. Durante estos 18 años, 3.699.078 personas han recibido atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia, mientras que 900.000 personas han fallecido esperando en las listas de espera.

Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto con la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad, conforman un sistema low cost que resulta poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A ello se suma la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo.

Crece el número de personas atendidas, pero se consolida un sistema low cost

Durante los seis primeros meses de 2025, se han atendido 44.532 personas dependientes más respecto al cierre de 2024. No obstante, en 2024 el Gobierno de España paralizó el incremento de 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los tres años anteriores (2021-2023). Esta reducción significativa en la financiación del sistema se ha reflejado no tanto en el aumento del número de beneficiarios, que continúa una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de las prestaciones y servicios ofrecidos.

El crecimiento en el número de prestaciones y servicios ha sido de 79.639 durante este primer semestre, aunque este aumento ha sido muy desigual. Se consolida la tendencia hacia un sistema low cost, con un incremento de prestaciones y servicios de bajo coste, como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia.

A final del primer semestre de 2025, había 286.681 personas a la espera de algún procedimiento: 150.482 con derecho reconocido y esperando atención, 8.386 más que a principios de año, y 136.009 personas pendientes de valoración, 8.130 más que seis meses antes. Por tanto, la desatención total (pendientes de valoración más limbo) asciende a 286.681 personas, 16.536 más que al comienzo del año.

Las comunidades con mayor porcentaje de personas en el "limbo de la dependencia" —es decir, pendientes de recibir la prestación— son Canarias (35,4 %), País Vasco (16 %), Cataluña (14,5 %) y Extremadura (11,8 %). Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje son Aragón (1,5 %), Navarra (2,1 %) y Cantabria (2,6 %).

En 2025, siete comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, han aumentado el número de personas en el limbo de la dependencia. Canarias (+44,2 %), Castilla-La Mancha (+40 %) y Madrid (+31,6 %) lideran este crecimiento. Más de la mitad (51,7 %) de las personas en el limbo residen en tres comunidades: Cataluña (39.755), Andalucía (18.749) y Canarias (15.171).

Respecto a las personas beneficiarias con prestación, Galicia (+10 %), Canarias (+6,7 %) y Asturias (+5,9 %) han registrado los mayores incrementos durante el último año. En contraste, Cantabria (-0,8 %), Extremadura (-0,5 %) y La Rioja (-0,2 %) han experimentado una disminución en el número de personas atendidas.

En España, el número de personas con derecho a prestación ha aumentado un 3,2 % en 2025. Las comunidades que más han incrementado este indicador son Canarias (+17,5 %), Galicia (+8,6 %) y Asturias (+5,6 %). Por otro lado, Cantabria ha reducido su número de personas con derecho en un 0,2 %, mientras que Valencia y La Rioja apenas aumentan este dato, con un 0,2 % y una reducción del 2 % respectivamente.

342 días de espera

Incideindo en lo comentado anteriormente, el indicador de agilidad administrativa, que mide el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente, alcanzó en junio de 2025 los 342 días, ocho días más que a principios de año. Según la normativa, el plazo máximo para resolver un expediente es de seis meses (180 días). Solo cuatro comunidades autónomas, junto con Ceuta y Melilla (163 días), cumplen con este margen: Castilla y León (113), País Vasco (129), Aragón (163) y Castilla-La Mancha (176). Navarra (202) y Cantabria (210) se sitúan cerca del límite establecido.

En el extremo opuesto se encuentran Andalucía (574 días), Murcia (564 días) y Canarias (521 días). Además, Murcia (+44 días) y Madrid (+30 días) han aumentado notablemente sus tiempos de tramitación durante el primer semestre, mientras que Canarias (-40 días), Andalucía (-28 días) y Aragón (-26 días) han reducido sus tiempos.

Estos datos explican que, a pesar del aumento gradual del número de personas atendidas en los últimos años, el ritmo sigue siendo claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones.

Los motivos principales de estos retrasos, tras dieciocho años de implantación de la Ley, son principalmente dos:

1. Los sucesivos recortes en la financiación de la Ley, aún vigentes, que afectaron gravemente la etapa de despliegue y generaron grandes bolsas de desatención, provocadas por la falta de resolución de procedimientos por parte de las administraciones.

2. El complejo y engorroso entramado burocrático creado por las distintas administraciones, que en lugar de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos se convierte en una trampa para el acceso a prestaciones y servicios. La mayoría de las comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio). A menudo, para cuando llegan las resoluciones, la situación de la persona ha cambiado y es necesario iniciar un nuevo proceso.

Aunque el Plan de Choque para la Dependencia ha supuesto un avance importante en la reducción de las listas de espera, no ha alcanzado los objetivos previstos debido a la paralización en el aumento de la inversión en dependencia.

Esta prolongada dilación en la resolución de procedimientos provoca que muchas personas abandonen las listas de espera por fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho.

Reducir listas de espera y tiempos de tramitación, prioridades del sistema

En 2025, la reducción de las listas de espera y de los tiempos de tramitación continúan siendo prioridades del Sistema de Atención a la Dependencia. La “lista de espera” comienza en el momento en que una persona solicita una valoración de grado de dependencia, lo que desencadena un conjunto complejo de procedimientos que incluyen, al menos: revisión de documentación e informes; valoración en el entorno de la persona por equipos técnicos aplicando el baremo estándar BVD; emisión de propuesta de resolución y la resolución administrativa del grado de dependencia.

Después va el trámite de audiencia con la persona interesada para elaborar el Proyecto Individual de Atención (PIA) según sus necesidades y preferencias; cálculos económicos de renta y patrimonio para determinar copagos o descuentos; resolución del PIA; y finalmente, la entrega de servicios, que en no pocas ocasiones al ser prestados por otras administraciones (locales) conllevan nuevas resoluciones administrativas que ralentizan el proceso.

La lista de espera se ha reducido de forma paulatina desde el pico alcanzado con la incorporación de personas dependientes con grado I en julio de 2015, cuando se elevó a 442.000 personas con derecho pendiente de recibir prestación o servicio. Desde entonces y hasta finales de 2024, esta cifra fue descendiendo progresivamente. Sin embargo, en 2025 se ha producido un cambio en esta tendencia: 16.536 personas más están en espera de algún procedimiento de dependencia que a comienzos de año, alcanzando un total de 286.861 personas.

Dos de cada tres personas en lista de espera se concentran en Cataluña (77.745), Andalucía (50.303), Comunidad Valenciana (33.115) y Canarias (28.867). En relación con el total de solicitantes, el 12,8 % estaría esperando algún trámite. Canarias (37,8 %), Murcia (21,9 %) y Cataluña (19,3 %) son las comunidades con mayor porcentaje de personas en espera, mientras que Galicia (2,2 %), Cantabria (2,2 %) y Navarra (2 %) presentan los menores porcentajes.

Durante los primeros seis meses de 2025, la lista de espera aumentó más del 6 % en toda España. Resulta especialmente preocupante el incremento en cuatro comunidades que superan el 20 % de aumento: Comunidad Valenciana (+21,8 %), Madrid (+32,8 %), Castilla-La Mancha (+63,4 %) y Cantabria (+64 %), aunque estas dos últimas partían de niveles muy bajos. Por el contrario, Galicia (-26,1 %), Castilla y León (-20,6 %) y Navarra (-11,6 %) registran las mayores reducciones. En términos absolutos, Cataluña (+7.972), Comunidad Valenciana (5.930) y Madrid (3.597) lideran el aumento, acumulando más personas en lista de espera que el total del resto del Estado. Canarias (-2.803) y Castilla y León (-2.424) encabezan las disminuciones.

Desde 2024, se ha detenido el incremento de la financiación estatal. A la espera de que el Ministerio publique los certificados de gasto entregados por las comunidades, pendientes del reparto del nivel acordado, se intuye que el Sistema de Atención a la Dependencia se ralentiza debido a la supresión del incremento presupuestario por parte del Gobierno en los dos últimos años.

El Plan de Choque aprobado en 2021 supuso un aumento anual de 600 millones de euros para las comunidades autónomas, acumulando un incremento total de 3.793 millones de euros en el periodo 2021-2023. Sin embargo, el aumento de financiación en 2024 fue apenas del 5 %, debido a que no hubo un incremento presupuestario específico para dependencia, sino un aumento del gasto de 185 millones de euros obligado por la ampliación del número de personas atendidas. Esto responde a la naturaleza capitativa del modelo de financiación, por el cual el Ministerio debe ampliar obligatoriamente sus aportaciones.

Actualmente, la contribución del Gobierno de España al gasto en dependencia es del 28,6 %, muy alejada del deseable 50 % compartido con las comunidades autónomas. Además, hay que recordar los recortes acumulados entre 2012 y 2021.

La supresión del nivel acordado y la minoración del nivel mínimo (del 13 % inicial a uno mayor para los Grados I) han supuesto un perjuicio acumulado para las arcas autonómicas cercano a 4.070 millones de euros. A esta cifra se añade el ahorro para el Estado por la supresión de cotizaciones a la Seguridad Social de cuidadoras no profesionales durante seis años (2013-2018), que asciende a 2.252 millones de euros, asumiendo que no se incorporaron nuevos cotizantes ni se modificaron las cuantías. En total, el impacto acumulado para el gasto público estatal por estas medidas de recorte, hasta diciembre de 2020, fue de 6.322 millones de euros.

El principal afectado por esta situación es la ciudadanía.