Cinco días antes de que la DANA destrozase la vida y el sustento de tantas personas estuve en Valencia impartiendo una clase en el curso para directores que organiza la patronal AERTE. Nada del tiempo me llamó la atención, no recuerdo si estaba nublado o hacía sol. Era la Valencia de siempre, la ciudad vibrante, llena de vida para la que tengo un rincón del corazón guardado desde que en 1985 hice la mili en lo que entonces era el cuartel de la Alameda.
De esos tiempos recuerdo las baldosas en algunas esquinas de la calle que, colocadas a determinada altura y que, con una raya claramente marcada, indicaban: “Hasta aquí llegó el agua en la riada de tal año”.
Las veía como algo perteneciente a la historia, no al presente, porque entonces ya existía el cauce nuevo del Turia y la idea de una súper inundación no se presentaba como una preocupación de la que la gente hablase.
Casi cuarenta años después mi pedacito de corazón valenciano me ha dolido enormemente, como creo a todos los que hemos sabido de la tragedia.
Dejo para otros el determinar si la tardanza en avisar impidió evitar muertes o si algunos gobernantes cayeron en la tentación de intentar sacar rédito de un río revuelto y desbordado. Prefiero centrarme en algo que, mientras miraba hipnotizado las noticias e imágenes que me llegaban por diferentes medios, me sorprendió mucho.
Cuando se empezó a hablar de lo que sucedía en algunas residencias de personas mayores, en medio de la tragedia, surgió un cambio en la narrativa. Para mi sorpresa los medios y los políticos, que durante la pandemia no tardaron en poner en el punto de mira a las residencias presentándolas como organizaciones que estaban fallando, esta vez reconocieron desde el minuto uno la labor que estaban llevando a cabo.
¡Sí señor! Las mismas trabajadoras y trabajadores que, durante la pandemia sirvieron sin tregua cubriendo los turnos de sus compañeras que estaban de baja, que se arriesgaron a sufrir contagios siendo vilipendiados, acusados y señalados desde los despachos y las salas de redacción, ahora han sido reconocidos como lo que son: buenas personas que, puestas en una situación límite, han sacado fuerzas y han salvado a quienes dependen de ellos.
La pandemia y la DANA han sido realidades diferentes que tienen en común que tienen efectos devastadores y que nadie supo prever a tiempo y avisar de lo que iba a pasar. Lo diferente es que en este caso no ha salido una inefable ministra de Defensa a decir ante los medios que en las residencias "hay cadáveres conviviendo con los ancianos" y que harían intervenir a la Fiscalía. Para mí ese fue un golpe bajo que abrió la puerta a una caza de brujas en toda regla. Las residencias se convirtieron en el blanco fácil de la frustración, el lugar donde todos los problemas parecían concentrarse, el chivo expiatorio perfecto.
Nadie se paró a pensar en lo que estaba ocurriendo realmente tras esas puertas, en las manos que trabajaban sin descanso, en la entrega de un personal que, en muchos casos, ponía su propia vida en riesgo. Es posible que durante los días siguientes a las lluvias torrenciales y desbordamientos algún mayor fallecido haya estado en una residencia esperando ser recogido, al igual que lo ha estado en sus casas. En esta ocasión, y de forma correcta, nadie ha considerado que eso era “lo relevante”, y todos se han centrado en el esfuerzo que se ha llevado a cabo.
No voy a negar que siento una mezcla de alivio y rabia al ver cómo, ahora, los medios y los políticos destacan la valentía y el compromiso en las residencias. Alivio porque, por fin, se hace justicia a su labor. Rabia porque, durante la pandemia, cuando muchos se jugaban la vida en cada turno, recibieron una gran dosis de desprecio e incomprensión, cuando no acusaciones y denuncias, que los jueces han ido considerado infundadas una tras otra.
Pero no pongamos mucha fe en esta actitud correcta y agradecida. Las administraciones, tradicionalmente, han mostrado una actitud de desconfianza hacia las residencias, sobre todo si son privadas pertenecientes a empresas. Por eso, aunque una parte del debate se centra en determinar qué administración debería haber hecho qué y cuándo, no han pasado ni dos semanas y ya hay quien plantea que lo que hay que hacer es estrechar el control sobre las residencias mediante la figura del plan de autoprotección, algo que existe desde hace años. Es cierto que la noticia habla de que la administración “acompañará” en la revisión de los planes.
Sólo espero que estos procesos de mejora que deben permitir que las residencias afronten nuevas catástrofes, no sean en el futuro armas arrojadizas contra las propias residencias, cuando, si algo vamos aprendiendo de esta tragedia es que, quienes mejor preparados deberían estar son nuestros diferentes niveles de gobierno.
Envío a quienes vivieron y sufren los efectos de la inundación mi reconocimiento y afecto.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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