Las organizaciones que ofrecen Servicios de Ayuda a Domicilio, como CECUA, el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas, y ASADE, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, han expresado su postura tras la reciente aprobación del Real Decreto 893/2024. Este decreto regula la protección de la seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.
Afirman que “los cambios normativos deben llegar fruto al diálogo y consenso, contando con las entidades del Tercer Sector ya que su conocimiento de la realidad evitaría crear problemas que no existen”.
Un área fundamental para el cuidado de individuos en situación de vulnerabilidad
La intención de la normativa por establecer regulaciones en cuanto a la salud y la seguridad dentro del ámbito del hogar familiar provoca una mezcla entre las funciones de los empleados del hogar y las de los profesionales especializados en asistencia domiciliaria. Esta falta de claridad resulta en una considerable inseguridad jurídica, lo que pone en riesgo no solo a las empresas que ofrecen estos servicios, sino también a los profesionales del sector, a las familias, y especialmente a aquellos que son beneficiarios de estos cuidados.
Una disposición adicional decimotercera se encuentra en este Decreto, la cual impacta de manera directa a los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD). Las empresas que ofrecen estos servicios consideran que esta medida es sumamente perjudicial tanto para el sector como para las personas más vulnerables que requieren de estos cuidados.
En este contexto, la patronal subraya que el gobierno ignora que el grupo de ayuda a domicilio “ya está regulado por la legislación común y cuenta con un ámbito de negociación propio donde están representadas las empresas especializadas en la prestación de estos servicios y los sindicatos, con un convenio específico”.
El sector ha estado promoviendo la profesionalización y opina que integrar a las auxiliares de ayuda a domicilio en la misma normativa que las empleadas domésticas representa un evidente retroceso. Según ellos, el Real Decreto “confunde ámbitos laborales y profesionales”.
Una acción carente de acuerdo que provoca mayores dificultades
CECUA y ASADE subrayan la importancia del sector de la ayuda a domicilio, el cual se considera un servicio esencial y profesionalizado. Este sector no solo crea empleo, sino que también brinda oportunidades laborales a numerosas personas, predominantemente mujeres. Su labor se centra en asistir a personas mayores y dependientes, con el fin de mejorar su calidad de vida y permitirles conservar su autonomía en sus propios hogares.
Según indican desde CECUA y ASADE, "lejos de resolver los problemas relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo, que ya están debidamente regulados en nuestro sector, el Decreto provoca una considerable inseguridad jurídica. Las empresas se ven obligadas a aceptar responsabilidades que son imposibles de cumplir, como la necesidad de modificar los domicilios de los usuarios para asegurar la protección más adecuada".
El reciente Real Decreto establece que las responsabilidades de las empleadas del hogar son equivalentes a las de los profesionales en el ámbito de la ayuda a domicilio, lo cual pasa por alto la naturaleza pública de este servicio y los elevados estándares que ya se implementan en relación con la salud y la seguridad laboral. En este sector, las empresas disponen de servicios de prevención, ya sean propios o compartidos, así como de reconocimientos médicos periódicos. Además, cuentan con protocolos específicos para situaciones de riesgo, comités y delegados de prevención, y equipos de protección individual, entre otras medidas.
La incertidumbre no solo afecta a las empresas que ofrecen servicios de ayuda a domicilio, sino que también tiene un efecto negativo en los profesionales del sector y, lo que es aún más preocupante, en las personas usuarias que dependen de estos cuidados. Según las empresas que prestan estos servicios, la redacción ambigua del Decreto, que obliga a las compañías a implementar "cuantas medidas resultasen necesarias" para asegurar la salud y seguridad en el hogar, resulta ser inviable desde una perspectiva técnica, económica y operativa.
Las patronales destacan la importancia de alcanzar un consenso entre todos los actores involucrados en el sector de los cuidados a domicilio antes de implementar cualquier medida. Esto incluye a las entidades que ofrecen servicios, a los profesionales del área, a las familias y a los organismos públicos. "Solo a través del diálogo social se evitarán las consecuencias adversas que ya estamos empezando a vislumbrar como resultado de la falta de consenso en la elaboración de este Decreto", afirman los representantes empresariales.
Asimismo, se demanda que el Gobierno preste atención a las opiniones autorizadas del sector antes de llevar a cabo la legislación sobre aspectos fundamentales relacionados con la prestación de estos servicios. Las patronales también requieren una mayor coordinación entre los ministerios involucrados, tales como el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, este último que ha presentado recientemente una Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados. Según las patronales, esta estrategia contradice lo estipulado en el Real Decreto 893/2024, lo que pone de manifiesto la falta de coherencia en las políticas públicas destinadas a los cuidados.
Una vez más, se ha repetido la situación: una nueva regulación ha sido aprobada sin un análisis de viabilidad adecuado ni la asignación de un presupuesto suficiente. Las empresas que forman parte del sector ya enfrentan márgenes económicos extremadamente limitados, en parte debido a la Ley de Desindexación de Precios, que prohíbe la actualización de los precios en los contratos públicos para la prestación de servicios. “No podemos seguir soportando incrementos de costes, cada nueva normativa debe venir acompañada simultáneamente de la dotación financiera que garantice la sostenibilidad del sector”, expresaron representantes del sector.
CECUA y ASADE reafirman su dedicación hacia la seguridad de los trabajadores y la creación de empleo de calidad. Además, subrayan su compromiso con la atención adecuada a las personas mayores y dependientes. Sin embargo, ambas organizaciones concluyen que esta normativa, en lugar de facilitar el logro de sus objetivos, los complica. Por ello, instan al Gobierno a “derogar el Real Decreto y abrir una mesa de negociación que permita encontrar soluciones viables a la medida de la realidad de las auxiliares del servicio de Ayuda a Domicilio”.