En un momento de reflexión y análisis profundo, el colectivo formado por profesionales, asociaciones y entidades dedicadas a la atención a los residentes dependientes, hacemos un llamamiento público y urgente a las autoridades competentes y a la sociedad en su conjunto.
Nuestra misión, profundamente arraigada en el bienestar y cuidado de nuestros residentes, se ve cada día más desafiada por limitaciones que van más allá de nuestra capacidad y voluntad de servicio.
La dedicación por mejorar y acompañar la vida de los residentes en nuestras instalaciones es nuestro objetivo y razón de ser. Sin embargo, nos enfrentamos a obstáculos que a veces impiden que este compromiso se materialice en la calidad que deseamos y, más importante aún, que merecen nuestros residentes y sus familias.
Entre estos desafíos, destaca la creciente frecuencia de patologías que requieren una atención especializada, la cual se separa radicalmente de nuestras capacidades.
La situación actual refleja un subdesarrollo de un sector crítico para la sociedad, donde el coste de una plaza en una residencia gestionada por entidades privadas es significativamente inferior, menos del 50% que las de gestión pública. Por un lado, esta cifra evidencia la infrafinanciación crónica que hemos arrastrado durante más de dos décadas y, por otro lado, una significativa ineficiencia de gestión por parte de las entidades públicas.
Esta realidad no solo impacta la calidad del servicio que podemos ofrecer, sino que también afecta directamente a la dignidad y el bienestar de nuestros usuarios, así como al rendimiento y satisfacción de nuestros profesionales, cuyos salarios frecuentemente rozan el salario mínimo interprofesional mientras enfrentan condiciones de trabajo muy exigentes.
Por lo tanto, exigimos un posicionamiento claro y comprometido por parte de los departamentos de Drets Socials y de Salul, así como un compromiso manifiesto del Govern de la Generalitat de Catalunya para resolver esta situación de complejidad normativa, asistencial e infrafinanciación. Es crucial entender que los centros de atención a la dependencia no son simplemente actividades económicas generadoras de empleo, sino instituciones dedicadas al bienestar y la dignidad de las personas mayores. No somos ni hoteles ni hospitales, sino espacios de uidado y atención integral que requieren del apoyo y reconocimiento de toda la sociedad.
Hacemos un llamamiento a la empatía, solidaridad y acción conjunta, para que entre todos podamos garantizar un futuro digno para nuestros familiares. El sector está agotado; no ahoguemos la dependencia. Este es un momento crítico que requiere medidas urgentes y efectivas. Solo con el apoyo adecuado y suficiente podremos seguir ofreciendo el nivel de cuidado que nuestros residentes merecen. Casi todos seremos personas dependientes algún día. La dignidad del sector es la medida de nuestra propia dignidad. Seamos conscientes.
COMUNICADO A LA CIUDADANÍA POR LA DIGNIDAD DEL SECTOR DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES
El colectivo de profesionales organizado en torno al Grup Obert de Residencias, adscrito a diversas entidades, con las mismas inquietudes y respaldado por los usuarios, sus familias el personal laboral de los centros, hemos colgado pancartas en defensa de los derechos de las personas mayores residentes, de sus familias y de nuestra dignidad profesional.
Los equipos de las residencias y los centros de día ejercemos nuestra labor con profesionalidad, buscando la excelencia, pero la falta de recursos hace que los resultados sean, en muchos casos, decepcionantes.
Nuestro día a día, además del trabajo protocolizado, se fundamenta en la gestión de emociones. Nuestro objetivo principal es el bienestar de las personas mayores institucionalizadas y la confianza de sus familias.
En estos momentos, hay una gran inquietud en el sector, donde convivimos las residencias sin afán de lucro, las pequeñas y medianas empresas de carácter familiar y emprendedor y los grupos empresariales, de aquí y de fuera, que pueden entender la atención a la dependencia como un negocio altamente lucrativo.
La inmensa mayoría de plazas residenciales son concertadas con el Departamento de Derechos Sociales, como en el caso del sector de la Enseñanza. Es el Departamento quien establece el costo de la plaza y la parte que debe pagar la persona mayor receptora del servicio, según su renta. Pero a diferencia de la Enseñanza, donde hay completa igualdad entre el sector público y el privado, en la atención a las personas mayores la diferencia es abismal. En estos momentos, mientras el costo de una plaza en una residencia de titularidad y gestión públicas (17 en todo el país) está sobre los 5.000,00 €, el Departamento de Derechos Sociales nos la paga a los centros (alrededor de 1.000) a 2.124,32 €.
Si a la imagen distorsionada de nuestro sector, que las instituciones y los medios transmitieron a raíz de la epidemia del Covid19, le sumamos esta infrafinanciación, que arrastramos desde hace más de 20 años y que ha devaluado el costo del servicio en más de un 20%, nos encontramos ante un sector injustamente desacreditado y, además, asfixiado económicamente.
Esta asfixia económica de asociaciones y pequeñas y medianas empresas se materializa, entre otras cosas, en:
1. Salarios de la mayor parte de las profesionales rozando el SMI.
2. Dificultades para encontrar personal que acepte trabajar en las condiciones que requiere el cuidado de las personas: esfuerzo físico, jornadas en fines de semana, noches y festivos...
3. La ciudadanía desconoce el valor que el Departamento de Derechos Sociales da a la atención a sus familiares. Esto genera descrédito inducido a nuestros centros ya nuestras funciones profesionales cuando no somos responsables, sino víctimas, de este financiamiento insuficiente. El cálculo estimado es menos de la mitad del costo de una plaza pública.
4. Inspecciones subjetivas en la mayoría de las ocasiones, que resultan muchas veces en interpretaciones distorsionadas y sanciones administrativas y/o económicas rigurosas sin entender bien el porqué.
5. Indefensión de las personas residentes y de las profesionales ante los casos, cada vez más frecuentes, de patologías psiquiátricas que el Departamento de Derechos Sociales nos obliga a aceptar como atención social porque no tiene presupuesto para que sean atendidas en instituciones adecuadas.
6. Imposibilidad de equilibrar unos estándares de calidad deseables con la infrafinanciación crónica que padecemos.
7. Imposibilidad de la inmensa mayoría de las familias de hacer frente al costo de una plaza privada.
8. Ausentismo laboral mucho por encima de la media de todos los sectores profesionales.
9. Medicalización encubierta de los centros que supera la atención social para la que estamos diseñados.
10. Mensaje social de que los centros pueden ofrecer atenciones prácticamente ilimitadas con financiamiento "escaso", cuando en realidad somos centros de atención a la dependencia. No somos ni hoteles ni hospitales.
11. Imposibilidad de mantener centros en ubicaciones próximas e integradas en los barrios poniendo en valor la proximidad.
Por lo tanto, exigimos:
1. El posicionamiento claro y comprometido de los departamentos de Derechos ociales y de Salud en apoyar el modelo asistencial de proximidad que representan nuestras empresas y asociaciones.
2. El compromiso claro y manifiesto del Gobierno de la Generalitat en resolver la infrafinanciación de nuestros residentes y, en consecuencia, de los centros.
3. ESTE MANIFIESTO PODRÍA SER MÁS EXTENSO PERO LO RESUMIMOS EN UNA IDEA: “EL SECTOR ESTÁ AGOTADO, NO AHOGUEN LA DEPENDENCIA”