La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) ha confirmado con las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas en 2020 que la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.907 millones de euros y las comunidades financiaron el 84,4% con 7.517 millones de euros, lo que supone un 4,13% más de gasto que en 2019.
La aportación estatal se sitúa en el 15,6%, con 1.390 millones de euros. Además, 4 comunidades han disminuido en 2020 respecto a 2019 el gasto anual invertido en la atención
a personas en situación de dependencia: Cantabria, Madrid, Castilla La Mancha y La Rioja.
Por otra parte, el gasto anual medio por persona beneficiaria en 2020 fue de 7.991 euros, de los cuales, según los anteriores porcentajes, la Administración General del Estado aportó tan solo 1.247 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.744 euros, según ADYGSS.
De esta forma, la financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 e incluso su participación porcentual bajó con respecto al año anterior, siendo el valor más bajo de la historia de la aplicación de la Ley de Dependencia. Es obvio que –en el año del COVID- alguien ha considerado otras prioridades.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2021, además de una subida del 17,4% de las cuantías del denominado nivel mínimo de protección, se incluye la recuperación del nivel acordado con una cuantificación aproximada de unos 600 millones de euros. Sin embargo, durante 2020 la financiación estatal se canalizó exclusivamente a través del nivel mínimo alcanzando este más de 1.390 millones de euros.
Por lo tanto, la financiación autonómica ascendió a más de 7.517 millones, es decir un 84,39% del gasto total.
Otro elemento crucial que no hay que perder de vista es el de la acusada desigualdad territorial. Las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.552€), Extremadura (2.058€), Navarra (1.719€) y Castilla y León (1.634€), y las que menos Galicia (868€), Canarias (968€), Asturias (1.051€) y Cantabria (1.193).
Cuatro comunidades han disminuido en 2020 respecto a 2019 el gasto anual invertido en la atención a personas en situación de dependencia: Cantabria, Madrid, Castilla La Mancha y La Rioja. En varias comunidades el porcentaje de incremento del gasto es inferior al porcentaje de incremento del número de personas beneficiarias atendidas.
El gasto medio por persona beneficiaria durante 2020 ascendió a 7.991 euros. Sin embargo, se aprecian grandes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras.
La comunidad autónoma que destinó la mayor cantidad económica en atención por persona beneficiaria fue el País Vasco con 12.480 euros anuales. Esta cantidad prácticamente duplica el gasto de la comunidad que menos gasto invirtió por beneficiario, que fue Andalucía con 6.251 euros anuales.
Nota: Para el cálculo del gasto medio por persona beneficiaria, se divide el gasto anual certificado por las comunidades correspondiente a 2020 entre la media de las personas que había el último día de cada uno de los 12 meses del año.
El resultado final, en el año de la COVID, fue que fallecieron 55.487 personas en las listas de espera de la dependencia. 21.005 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 34.370 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.
Queremos destacar positivamente el incremento en los PGE de 2021 de 623 M.€, que cumple con uno de los cinco puntos del Pacto de Estado por la Dependencia, y esperamos el mismo incremento en PGE 2022.
Más cuadros, en el archivo pdf: