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El Informe de Proyectos Geriátricos en España 2026 de Alimarket Sanidad y Dependencia constata que la demanda de plazas y las perspectivas demográficas siguen impulsando la inversión en el sector, pese al contexto de incertidumbre geopolítica y presión sobre los costes de construcción.

El Consejo de Ministros de España aprobó un real decreto-ley que incrementa la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con 6.162 millones de euros entre 2026 y 2027. Esto beneficiará a más de 1,6 millones de personas, mejorando prestaciones y servicios relacionados con la dependencia.

El Observatorio Estatal para la Dependencia alerta de que solo seis comunidades autónomas y Ceuta cumplen con el plazo máximo de 180 días establecido por la normativa

El XXV Observatorio de la Dependencia publica datos oficiales aún no difundidos por el Ministerio de Derechos Sociales que revelan una inversión pública de 13.734 millones de euros en 2025, un sistema que financia sus tres cuartas partes con dinero autonómico y que arrastra profundas desigualdades territoriales. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte: mientras haya casi 300.000 personas en lista de espera con plazos medios superiores a 325 días, "no se está cumpliendo la ley".

El Consejo de Ministros aprobó el Marco Estratégico Estatal de las Soledades, que busca comprender y prevenir una problemática que afecta al 20% de la población española. La estrategia incluye planes de acción colaborativos y propone cinco retos clave, como fortalecer los vínculos comunitarios y transformar políticas públicas.

El laberinto burocrático de la dependencia en España arroja cifras críticas tras el cierre del último ejercicio. A finales de 2025, un total de 258.167 personas permanecían a la espera de un trámite, en un contexto donde el tiempo medio para resolver un expediente ha subido hasta los 341 días y la inversión, aunque récord con 13.506,6 millones de euros, apenas representa el 0,8% del PIB, la mitad de la media de la Unión Europea.

Madrid, Cataluña y Andalucía, a la cola en inversión social: hasta 1.800 euros menos por habitante que Navarra o País Vasco.

Un 10% de los 68 millones de euros destinados a este fin deberá ser asignado a este grupo, garantizando una distribución equitativa según el envejecimiento demográfico. Aunque la PMP considera esta medida un avance, también destaca la insuficiencia del presupuesto.

En 2024, la inversión pública en Atención a la Dependencia alcanzó 12.843 millones de euros, con un incremento del 13,8% por parte de las comunidades autónomas.

Aunque el gasto público ha aumentado, su proporción respecto al PIB disminuye. La cobertura de servicios esenciales, como ayuda a domicilio y teleasistencia, sigue siendo insuficiente y desigual en todo el país.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presenta el Índice DEC 2024, que ofrece una radiografía del desarrollo de los Servicios Sociales en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

El acuerdo del Gobierno para financiar al País Vasco el 50% de los servicios de dependencia ha generado críticas en diversas comunidades autónomas, que lo consideran discriminatorio y contrario a la igualdad territorial. Exigen un trato equitativo y una financiación adecuada para garantizar la calidad de los servicios.

Denuncia la infrafinanciación histórica y exigen una financiación justa y homogénea para todos los territorios.

Propone un pacto nacional que garantice financiación equitativa y estable, asegurando derechos universales y coordinación en el sector.