El Gobierno sólo aporta el 29% del gasto en Dependencia en 2023 frente al 71% de las CCAA

Hasta 11.522 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2023: 8.230 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%), según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En una nota, destaca que tres comunidades han disminuido durante el Plan de Choque, el gasto en la atención a personas en situación de dependencia -en millones de euros-: Castilla y León (-34,7), Galicia (-6,4) y Aragón (-3,2)

Se fija en Galicia, que es la región con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional.

Por otra parte, esta asociación subraya que se mantiene la acusada desigualdad territorial, siendo las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (2.848 €), Extremadura (2.599 €) y Navarra (2.413 €), mientras a la cola continúan Murcia (1.504 €) Canarias (1.248 €) y Galicia (1.073€).

Financiación de la Dependencia 2023

Las Comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%), Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%) y las que menos (las más financiadas por la AGE) son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castilla y León (63,2%).

En el año que cumple la mayoría de edad la Ley de Dependencia hay que denunciar el incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel. Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia.

Ello exige que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley Hay que recordar que, a fecha de hoy, 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. Y que, desgraciadamente, a las 40.447 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo.