Entró a formar parte del Ejecutivo de la Diputación Foral de Guipúzcoa tras el acuerdo de gobernabilidad suscrito por PNV y PSE-EE en junio de 2015. Maite Peña, fue así nombrada diputada de Políticas Sociales. Está licenciada en derecho por la Universidad del País Vasco (UPV), y desde 2003 es portavoz del grupo municipal de EAJ/PNV en el Ayuntamiento de Errenteria.
Desde su Departamento manejará casi la mitad del presupuesto foral, 363 millones de euros para 2017, destinando la mayor cuantía económica a la atención de personas mayores: 120 millones de euros, lo que supone un 33% del total. Un colectivo que desde su punto de vista no es “ni minoritario, ni pasivo, sino con un gran protagonismo… empoderado y menos dependiente de las generaciones más jóvenes”.
De los problemas que afectan a este colectivo, del desarrollo de la Ley de Dependencia y del sector sociosanitario en el territorio de Guipúzcoa, ha querido Maite Peña, hablar con N&GD:
En Gipuzkoa estamos asumiendo todo un reto, el de hacer frente al problema sistémico de envejecimiento de la población. Esa “revolución” de la longevidad nos sitúa en un nuevo escenario, ya que pese al incremento en el número total de plazas, las coberturas han ido reduciéndose en toda Euskadi desde finales de la pasada década, debido a que la población mayor crece más rápido que las plazas disponibles.
El crecimiento de la lista de espera para acceder a una plaza residencial es un problema coyuntural motivado por el envejecimiento de la población que nos preocupa. Por ello, en la Diputación Foral de Gipuzkoa estamos encarando el problema con la habilitación de 300 nuevas plazas de manera progresiva a lo largo de la legislatura, tanto en residencias como en centros de día, que reducirán esa lista de espera.
También se crearán dos nuevas residencias, se mejorará la prestación vinculada al servicio, o se reforzará el servicio de estancias temporales, entre otras medidas, todo ello para dar una mejor respuesta a las necesidades de la población de Gipuzkoa.
Gipuzkoa, al igual que Euskadi, lleva años presentando una pirámide poblacional comparativamente más envejecida que el resto del estado. Creo que esto puede haber creado una conciencia colectiva diferencial entre las personas mayores de no ser un grupo minoritario y pasivo, sino al contrario, un grupo con un gran protagonismo y con el deber de aportar mucho a la sociedad. Y posiblemente, gracias a ello contemos con una población mayor más empoderada y menos dependiente de las generaciones más jóvenes.
“Las sujeciones en las residencias sí se permiten en la medida que son legales. En 2016 afectan a un 53,63% de los residentes o al 16,54% si no incluimos barandillas”
Hay motivos para ser optimistas. Evidentemente las necesidades son muchas y tenemos un importante trabajo por delante pero estamos dando los pasos adecuados. Gipuzkoa cuenta con una oferta pública de plazas residenciales extensa, bien distribuida territorialmente, especializada y adaptada para atender a los distintos perfiles que nos vienen, y con una dotación de personal comparativamente superior a otros territorios y comunidades.
Respecto al control que se mantiene respecto a los centros, por un lado está la rendición de cuentas que anualmente deben realizar todos los centros ante el Departamento, por otro la intensa labor inspectora que llevamos realizando desde hace muchos años -tanto mediante visitas periódicas, como por intervención ante quejas-. Pero destacaría también la evaluación continua que realiza nuestro personal, mediante el trato diario con las familias, con los servicios sociales de base (que se hacen eco de la atención prestada en los centros), y con los propios centros.
Sí se permiten, en la medida que son legales y se adoptan siguiendo el procedimiento establecido al efecto (prescripción, autorización/consentimiento de la familia…). De todo ello debe quedar constancia escrita en el correspondiente Registro de Restricciones del que todo centro concertado debe disponer.
En este sentido cabe señalar el importante esfuerzo que en los últimos años están realizando los centros para reducir el uso de sujeciones. Por dar unos datos: en 2012 el uso de restricciones físicas afectaba al 76,43% de las personas residentes, o al 36,07% si no incluimos las barandillas. En 2016 esas cifras se han reducido a un 53,63% y un 16,54% respectivamente. La evolución es muy positiva.
Es una decisión que en su día adoptó el sistema sanitario público de Euskadi, y sus razones tendría para ello. Somos conscientes de que es algo que llama la atención, teniendo en cuenta que, como ya he señalado, Euskadi lleva muchos años teniendo una población comparativamente más envejecida. Ahora bien, creemos que, a pesar de esa carencia, la población geriátrica recibe la mejor atención que el Sistema Sanitario Público de Euskadi es capaz de dispensar.
A pesar de las dificultades, lo cierto es que no está resultando un impedimento para trabajar en coordinación. En Gipuzkoa llevamos muchos años trabajando de forma coordinada y disponemos de una estructura bastante completa: además del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, el Consejo Territorial sociosanitario de Gipuzkoa, dos coordinadoras sociosanitarias (una de cada administración).
Contamos asimismo con una Comisión Técnica permanente con presencia de ambas administraciones. El territorio está dividido en seis OSIs (Organizaciones Sanitarias Integradas) y en cada una de ellas se ha constituido una Comisión Técnica Sociosanitaria con carácter permanente y presencia de representantes técnicos comarcales de ambas administraciones (servicios sociales de base, atención primaria, hospital comarcal…). Asimismo contamos con un Plan Operativo Sociosanitario.
El actual Plan (2015-2017) incluye un total de 26 proyectos. Son proyectos de todo tipo: desde proyectos relacionados con el intercambio de información hasta la creación de nuevos equipamientos sociosanitarios, pasando por la incorporación de la atención sanitaria a equipamientos sociales, estudios, diseño de procesos, etc.
Sin duda la presupuestaria. Las limitaciones presupuestarias frecuentemente provocan la imposibilidad de acometer proyectos sociosanitarios que sin duda redundarían en una mejor atención y, probablemente, una mejor utilización de recursos por parte de cada uno de los sistemas.
Sí, pero también se producirían desigualdades si los Servicios Sociales dependieran del Gobierno Vasco. No olvidemos que los departamentos se articulan mediante delegaciones territoriales, que aunque parten de una estrategia común, se adaptan a la realidad de cada territorio, provocando diferencias.
“La contribución del Estado apenas equivale a un 10% del gasto presupuestario de la Diputación Foral de Gipuzkoa”
Más que frenada, se podría decir que ha tenido un desarrollo muy diferente al que pretendía el legislador. Las prestaciones económicas, y más concretamente la de cuidados en el entorno familiar, ha acaparado un enorme protagonismo, y ha distorsionado el conjunto del sistema: ha afectado gravemente al SAD, ha retraído -sobre todo en lo más agudo de la crisis-, la demanda de plazas residenciales y de día. Todavía hoy estamos tratando de buscar el equilibrio entre esta prestación y los servicios profesionales que sin duda deben constituir la base del sistema de atención a la dependencia.
Por otro lado, la financiación correspondiente al Estado, y prevista en la propia Ley de Dependencia, ha resultado ser muy inferior a la prevista. Ya en 2007 se partía de unas cuantías muy exiguas, pero a partir de 2012, con la eliminación del Nivel Acordado y la reducción y posterior congelación del Nivel Mínimo, el resultado es que en nuestro caso la contribución del Estado apenas equivalga a un 10% del gasto presupuestario de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
“Existe un caldo de cultivo que permite el surgimiento de un importante número de ideas y de proyectos sociosanitarios”
Con la premisa de respetar la autonomía competencial, siempre es de ayuda contar con referencias que incluso puedan servir para dar respuesta a vacíos legales, en tanto se desarrolle la normativa propia de cada comunidad.
Aunque posiblemente a través de líneas de ayuda un tanto descoordinadas (provenientes de diversas administraciones y departamentos), creo que actualmente existe un caldo de cultivo que permite el surgimiento de un importante número de ideas y de proyectos sociosanitarios. Lo sociosanitario cada vez está más presente en convocatorias de ayudas de I+D que, hasta hace sólo unos años eran acaparadas por el sector industrial. Quizá sería más cuestión de centralizar y coordinar mejor estos programas de apoyo que de dotarles de más recursos.
Falta de proyectos no hay, lo que falta es la financiación para llevarlos a la práctica.
En el marco del desarrollo de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se han establecido los criterios comunes de acreditación de los profesionales de atención directa de este sector. Esto ha contribuido a mejorar la calidad en la atención de los diferentes recursos. Además, indudablemente, la formación continua es algo importante y necesario, tanto en este sector como el cualquier otro.
En cuanto a las condiciones laborales en este sector, en Gipuzkoa hemos hecho un importante recorrido durante los últimos años en la mejora de dichas condiciones, con incrementos salariales desde el 2008 por encima del IPC del territorio, y por encima de los efectuados en otros convenios.
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