Cuando recibí una invitación para dar mi opinión ante una comisión en las Cortes de Aragón me sentí honrado y sorprendido a partes iguales. Aunque mi madre y la mitad de mi familia es aragonesa no he tenido una vinculación profesional excesivamente estrecha con esa comunidad y aún así, el hecho de que les interesase lo que podía decir me hizo sentir un cierto regocijo interno, a pesar de que lo que causaba la convocatoria fuese en parte la terrible pandemia que nos asola.
El nombre de la comisión me pareció muy ambicioso: “Comisión especial de estudio para analizar los criterios que deben regir la reestructuración de la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón así como las medidas y modificaciones legislativas y el estudio de viabilidad de las mismas”. Me dijeron que tenía diez minutos para hablar que serían seguidos por unas preguntas por parte de los grupos parlamentarios y mis respuestas.
Para prepararme escribí un texto que hoy comparto en esta tribuna. Al final, lo leí sólo en parte, por lo que creo que quizás pueda ser de interés para alguien. Ahí va:
"Quiero empezar con un recuerdo para todos los fallecidos durante la pandemia y sus seres queridos y también con un homenaje al sector de las residencias de personas mayores, tanto a los profesionales que trabajan en ellas como a sus gerentes y a las entidades que las gestionan, públicas y privadas, mercantiles y no lucrativas. Todas ellas se han visto obligadas a afrontar una situación para la que nunca habían sido pensadas ni financiadas y, a pesar de lo durísimo de la pandemia, en su inmensa mayoría lo han hecho mucho mejor de lo que jamás se les podría haber exigido.
No creo que sea casualidad que la comisión se haya constituido en plena pandemia de covid-19 y quizás tenga entre sus objetivos realizar cambios para evitar que, si viene otra situación similar, las residencias concentren una parte importante de la mortalidad. Si eso es lo que pretenden,créanme, lo van a tener muy difícil.
Nos enfrentamos a una enfermedad nueva; muy contagiosa en situaciones de proximidad, que tiene una fase asintomática en la que se expande de forma silenciosa y que es más letal entre personas de más de 70 años con patologías previas.
En España viven en residencias unas 370.000 personas (18.000 en Aragón). Según un estudio de la Fundación Edad y Vida, como media, cada residente vive con 3 enfermedades activas y toma siete medicamentos diferentes.
Las residencias se concibieron normativamente en España en los años 90 como sustitutos del hogar que ofrecen una atención hotelera completa, apoyo en las actividades de la vida diaria, otras actividades y un limitado servicio sanitario complementario siempre al público. Todo ello funciona 24 horas al día, 365 días al año a un precio medio de unos 60 euros al día, cuando quien paga es un usuario privado o 52,81 euros al día cuando la plaza la concierta con una entidad privada el Gobierno de Aragón.
Podríamos pensar que el sistema ha fallado porque muchos fallecimientos por Covid-19 se produjeron en residencias. He podido ver la intervención de Paquita Morata, gerente de ARADE ante esta comisión y creo que su explicación sobre lo que hicieron y cómo vivieron las residencias los primeros meses de pandemia es totalmente ajustada a la verdad.
Pero también quiero decirles que llevo 30 años en este sector, trabajando tanto en la administración como desde la iniciativa privada y la Universidad. En los últimos años he organizado 30 viajes en los que profesionales españoles visitan residencias y conocen modelos de atención en otros países en Europa y América; he visitado residencias en 17 de ellos y ¿saben qué tienen en común? Que en todos los países donde la pandemia ha causado estragos, un porcentaje de alrededor del 50% de los fallecimientos se ha producido en residencias.
Países con modelos arquitectónicos en residencias totalmente dispares, diferentes modelos de coordinación sociosanitaria e incluso con un gasto totalmente dispar en atención a mayores han visto como el virus entraba en las residencias y masacraba a sus residentes.
En el momento actual, viendo lo que ha pasado y está pasando en el mundo, me permito recomendarles que antes de romper lo que tenemos estudiemos a fondo lo que ha sucedido en otros países y encontremos buenas prácticas que podamos incorporar en el nuestro, que podamos pagar y podamos mantener en el medio y largo plazo.
Planteemos el cambio no como que lo que tenemos ha fracasado, sino que nos ha servido durante unos treinta años y ahora queremos mejorarlo y adaptarlo a una nueva realidad en la que los residentes son mucho más dependientes y en la que queremos respetar más sus opciones y, si podemos limitar los efectos de otra pandemia que puede llegar en el futuro, muchísimo mejor.
Si nos inspiramos en países en los que el modelo de residencias está más avanzado que en España, debemos crear sistemas centrados en la persona que se parezcan en lo posible a domicilios. Eso comporta orientar la normativa hacia que las residencias se organicen en “unidades de convivencia” que parezcan viviendas donde conviven entre 8 y 16 personas con personal propio. Varias unidades se pueden agrupar en instalaciones grandes, como los pisos se agrupan en edificios, sin que ello suponga que se pierdala esencia de la vida en pequeñas comunidades.
Para pensar cómo debe ser la vida dentro de esas unidades les propongo pensar en la lucha contra lo que el geriatra americano Bill Thomas llama las “tres plagas” que matan las a personas mayores: “la soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad”.
Esto comporta huir de un funcionamiento institucionalizado en el que casi todo está regido por un horario y una serie de programas y sustituirlo por algo más flexible donde las opciones de los residentes y sus preferencias se tienen en cuenta, donde el personal “apoya” al mayor más que “cuidarle”.
Esta forma de vivir en una residencia es lo que se conoce como Atención Centrada en la Persona, pero no nos engañemos, son sistemas mucho más costosos que el que tenemos actualmente en España si queremos llevarlos a cabo tal como se hace en otros países. Por eso creo que toca potenciar modelos que, inspirándose en los principios de la Atención Centrada en la Persona, permitan la prestación de servicios a unos precios que la administración y los ciudadanos nos podamos permitir hoy y en los próximos años.
Eso quiere decir afrontar dos retos importantísimos:
El reto demográfico: El 21% de la población aragonesa tiene más de 65 años y en unos años superará el 30%. El sistema que creemos se basará en que muchas personas jóvenes trabajen atendiendo a mayores. Tengamos en cuenta al crear los nuevos requisitos cómo vamos a encontrar a esos trabajadores.
El reto económico: El sistema actual se basa en ratios de personal actuales, alrededor del un empleado por cada dos residentes, contando a todo el personal en nómina, con el convenio colectivo actual. Cualquier nuevo sistema supondrá más metros cuadrados, mejores instalaciones, más personal y mejor pagado. Eso cuesta mucho más.
Con estos retos en mente y volviendo al título de esta comisión me permito hacerles, a la hora de establecer criterios para la reestructuración de la red de centros y el establecimiento de normativas, unas recomendaciones:
Gracias de nuevo por la invitación".