Esta tribuna me ha salido muy larga y la he dividido en dos.
Antes de nada, quiero recordar unas cifras que deberían estar grabadas a fuego en la cabeza de cualquier persona que se dedique a planificar servicios sociales y atención gerontológica en nuestro país:
Un 19% de la población española tiene hoy más de 65 años. De entre éstos, uno de cada tres tiene algún tipo de dependencia y uno de cada veinte necesita vivir en una residencia de personas mayores.
Dentro de unos años, el número de mayores de 65 superará el 35% de la población por lo que la cantidad de dependientes y de quienes necesiten vivir en una residencia será casi el doble de en la actualidad, habiendo, en proporción menos jóvenes para trabajar.
Hoy, en España, unas 360.000 personas mayores viven en residencias geriátricas, o sea, un 4% de los 8.900.000 mayores de 65 años; o un 13% de los 2.800.000 mayores de 80 años. Si queremos mantener esa proporción en los próximos 25 años deberíamos estar incorporando un saldo positivo de unas 25.000 plazas residenciales al año. Más o menos un 7%. El incremento actualmente no supera 1% anual.
Si dejasen de venir inmigrantes, la población española se reduciría en casi un 10% de aquí a 2050.
La atención a personas mayores dependientes se va a convertir en los próximos años en uno de los ámbitos de intervención pública, económica y política más relevantes para nuestra sociedad por lo que, cualquier cosa que se haga debiera plantearse teniendo en cuenta la evolución demográfica (tanto el aumento proporcional de personas mayores como la disminución correlativa de jóvenes) y la sostenibilidad económica.
Un momento fundamental en el que tener esto en cuenta es aquél en el que nuestros gobernantes se plantean modificar las normativas sobre requisitos de funcionamiento de las residencias de personas mayores; el sistema de colaboración público/privada o el establecimiento de precios públicos y de concertación.
En los últimos tiempos hemos estado viviendo ejemplos de las tres cosas en varias comunidades. Ejemplos en los que se dejan bastante de lado los factores demográficos y de sostenibilidad.
En la segunda parte vuelvo a ello con algún ejemplo, antes querría plantear que, cuando vemos cómo viven la mayoría de las personas mayores dependientes podríamos clasificar esa forma de vida en tres niveles a los que me atrevo a poner nombre: “suficiente”, “óptimo” y “excelente”.
Estas categorías no pretenden ser algo científico ni permiten hacer una clasificación exhaustiva de las residencias o la vida de las personas, pero creo que ayudan a plantearse varias cosas:
¿Por qué querría alguien vivir en una residencia suficiente en vez de en una óptima o excelente? ¿Por qué querría alguien gestionar una residencia mínima? ¿Por qué no hacer una Ley que obligue a todas las residencias a ser excelentes y se prohíben las suficientes? Exactamente: por el dinero.
Aunque existen cambios que permiten ser mejores sin incrementar el coste, casi siempre que una residencia avanza hacia la excelencia ve incrementados sus costes y, en la medida en que alguien (la administración, el residente o una combinación de ambos) deberá pagarlos, se genera una íntima relación entre lo que exija la administración; lo que puedan pagar las administraciones y ciudadanos y las residencias que acaben existiendo.
La semana que viene, en la segunda parte, planteo cómo interviene la administración y cómo, a veces, intentando mejorar la calidad, podemos conseguir efectos perversos.