La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado esta semana un plan para "reconocer públicamente la figura de la persona cuidadora familiar otorgándoles la posibilidad de obtener la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o en instituciones sociales". Junto al conseller de Educación, Vicent Marzà, y el de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, han firmado un convenio de colaboración con el que se quiere reconocer las competencias profesionales y experiencia adquiridas por las personas cuidadoras familiares en el entorno domiciliario.
Ofrecerá a las personas cuidadoras que lo deseen y lo soliciten la posibilidad de acceder a una cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio o en instituciones sociales, como residencias o centros de día. Oltra lo explica: "Supone un paso más en el reconocimiento de derechos a las personas que han dejado todo por atender a las personas dependientes, y que en el 82% de los casos son mujeres que dedican su vida a cuidar y rescatar personas". Con esta medida, dice, "se cierra el círculo de profesionalizar los cuidados en el entorno familiar".
Este reconocimiento, insiste, "facilitaría a las personas que no disponen de cualificación específica su integración laboral en el sector profesionalizado de atención a personas en situación de dependencia".
No está de acuerdo con la medida el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), José María Toro, que en un artículo de opinión en Dependencia.info pone en duda cómo se demostraría el trabajo realizado: "Las cuidadoras no profesionales no tienen obligación de estar dadas de alta en la seguridad social, en muchos casos no existe contrato, no están fijadas las horas de trabajo efectivo en ningún sitio, no han tenido ningún tipo de supervisión ni de evaluación del trabajo que han llevado a cabo. ¿Cómo se puede acreditar, entonces, el trabajo realizado y el resultado del mismo?".
Toro entiende que "se desvirtúa, el servicio profesional porque la atención que han dado a su familiar es previa a la cualificación y la cualificación se obtendrá con menos requisitos de los que se le hayan pedido al resto de trabajadoras". "En definitiva -apunta-, se rebaja la calidad exigida del servicio". Lamenta el portavoz de AERTE que no se haya preguntado a las empresas que, al final, son las que tienen que contratar al personal.
Desde la patronal valenciana no se concibe que se haya estado todos estos años "defendiendo la profesionalización del sector para ahora retroceder y cualificar a quien ha cuidado a un familiar, aunque complemente su experiencia con algo de formación".
Una visión opuesta presenta el presidente de Lares en la Comunidad Valenciana, Sergio Cañellas, que, salvo que se esté hablando de algo totalmente nuevo, sí le parece oportuna la medida del Gobierno regional y recuerda que se trata de una medida estatal que "ha existido siempre, en cualquier parte de España se puede hacer". Entiende que no se trata de hacer unos cuantos cursos de formación, "es pasar una prueba y ya está; se llama Certificado de Profesionalidad".
"En España se puede trabajar en residencias por dos vías: teniendo una formación reglada o consiguiendo el Certificado de Profesionalidad", recuerda Cañellas, que añade que "tus habilidades y tu experiencia profesional las puedes demostrar en una prueba, en un procedimiento, y si demuestras que tienes las habilidades y la experiencia suficiente (adquiridas por trabajo, que no educación), te habilita para poder ejercer una profesión".
El representante de Lares apunta que "las Administraciones tienen que convocar procedimientos para que se hagan esas habilitaciones" y recalca: "Por mucha experiencia que tengas, si la Administración no convoca no puedes demostrar nada y no vas a ningún lado".
Sí reconoce Cañellas que, hasta ahora, este certificado de profesionalidad lo buscaban los que ya estaban trabajando en las residencias sin título, "que de eso había mucho", pero "cuando toda esa gente se ha acabado, la mirada se ha girado hacia los que están fuera del sistema pero pueden demostrar tener una serie de habilidades". "Por mucho que hayas estado 10 años cuidando a tu padre en tu casa, si en la prueba te pides que cambies una sonda y no sabes hacerlo no te dan el certificado", ejemplifica.
Con esto, el presidente de Lares CV concluye: "Esa experiencia te sirve para acceder al sistema, a la prueba práctica, pero no te garantiza y no te homologa automáticamente el certificado de profesionalidad. Nos parece bien la iniciativa de la Generalitat pero que la prueba para demostrar las habilidades sea seria".
Este acuerdo podría beneficiar a las 36.761 personas cuidadoras en el entorno familiar menores de 65 años que hay en estos momentos en la Comunitat Valenciana. Por provincias, 12.324 en Alicante, 4.116 en Castellón y20.321 en Valencia.
Las personas que soliciten este reconocimiento deberán complementar su formación con otras acciones formativas, además para su cualificación se tendrán en cuenta los cursos de formación organizados por la Conselleria de Igualdad o por los ayuntamientos en materia de dependencia con una duración mínima de 25 horas.
Desde la Conselleria de Igualdad se enviará una carta informativa a la población potencial que serán las personas que prestan o han prestado cuidadores familiares a personas en situación de dependencia. Asimismo, se informará de este plan de formación a los servicios sociales municipales, "por ser los servicios más próximos a las personas dependientes y a las personas que se encargan de sus cuidados" ha especificado Oltra.
El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha indicado que las personas interesadas podrán inscribirse telemáticamente en un censo y, posteriormente, la Conselleria de Educación junto con el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación convocarán un procedimiento de reconocimiento de competencia profesional.
A partir de la inscripción en el censo, ha explicado Marzà "se pondrá a su disposición la formación que puedan necesitar para lograr la cualificación profesional". Para ello, existen en el sistema educativo valenciano 36 centros formativos que realizan esta formación, 12 en la provincia de Alicante, 5 en la de Castellón y 19 en la provincia de Valencia.
Por su parte el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, ha destacado que este convenio es fruto del trabajo transversal de todas las consellerias implicadas. "Esta es la forma de trabajar del Botànic, de manera coordinada entre todas las áreas competentes para que las personas sean los mayores beneficiados".
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