Los miembros de la Junta Directiva de AESTE, Manuel Aznar, y el secretario general, Jesús Cubero, se reunieron el pasado martes 23 con la jefe y con la técnica del Área de Sanidad y Política Social de la Oficina del Defensor del Pueblo como consecuencia de la comparecencia de su titular, Francisco Fernández Marugán, ante la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid y en la que incidió en la principal problemática que le habían trasladado los ciudadanos en la atención residencial de la Comunidad de Madrid: la insuficiencia de plazas y dotación presupuestaria para el servicio de atención residencial a mayores, el funcionamiento de las residencias y la calidad en la atención, y la problemática en torno a los ingresos involuntarios en los centros de mayores.
Jesús Cubero resume el encuentro: “Los grandes operadores del sector quieren que su calidad se generalice a todos los centros residenciales de España, y por ello era preceptivo reunirnos con una institución de tanto prestigio como la Oficina del Defensor del Pueblo. Fue una reunión muy rica en contenidos, donde pudimos mostrar los principales puntos que deben tenerse en cuenta en los futuros diseños de financiación de la Dependencia, los ítems a valorar cuando hablamos de atención de calidad, y las medidas que necesita implementar el sector para disponer de unos profesionales bien formados y motivados que permitan ofrecer una atención de calidad a los mayores”.
Se analizó la gran diferencia de financiación que existe en las autonomías españolas en lo que a precios de plaza residenciales se refiere, así como la necesaria implantación de unos estándares de calidad aplicables a todo el país. AESTE también manifestó que era necesario establecer un sistema de acreditación de centros que tuviera en cuenta las variables de financiación y capacidad operativa del centro, y que se pudiera establecer una clasificación de los centros de distintos niveles para atender a distintos tipos de residentes mayores.
Tanto la Oficina del Defensor del Pueblo como los representantes de AESTE, coincidieron en que es vital priorizar la PEVS (Prestación Económica Vinculada al Servicio) como medida que agilice las listas de esperas autonómicas y fomente la libertad de elección del ciudadano.
En cuanto a la mejora de la calidad, se puso de manifiesto la necesidad de que las administraciones autonómicas hagan un control efectivo de las ratios vigentes y de su cumplimiento, sin discriminar el tipo de centro que inspeccionan. Se valoró también la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado sean finalistas en lo que se refiere a la financiación de la Dependencia, impidiendo que las autonomías destinen a otros fines el dinero reservado a la atención al colectivo de personas mayores.
Se discutieron las principales medidas necesarias para poder implantar una coordinación sociosanitaria efectiva, así como la necesidad de trabajar con la Fiscalía la problemática que todavía seguimos encontrando en relación con los ingresos de mayores con deterioro cognitivo en centros residenciales.
Tras la reunión, desde AESTE se asumió el compromiso de trasladar a la Oficina del Defensor del Pueblo, una serie de informes acordados, y en base a los cuales se podrán hacer propuestas normativas y recomendaciones a las distintas Cámaras (tanto nacionales como autonómicas) para evaluar y mejorar la situación del empleo en el sector de atención a la dependencia, la revisión de precios de las plazas residenciales, la evaluación de la calidad ofrecida en todos los centros residenciales, y una profundización en los distintos modelos de atención ofrecidos en nuestro país.
Cubero concluye: “La línea de trabajo y diálogo está abierta y como representantes de una parte importante de nuestro sector, es nuestra obligación velar por los mejores derechos de los ciudadanos mayores y promover que la alta calidad que ofrecen las compañías integradas en AESTE se convierta en la tónica general de toda la atención a los mayores dependientes”.