La Federación de Atención a la Dependencia (FED) organizó recientemente una jornada técnica con la presencia de numerosos especialistas.
Durante el encuentro, al que asistieron más de un centenar de empresarios y especialistas del sector, se abordó el nuevo modelo que el Gobierno cántabro quiere implementar en la región y las enormes discrepancias de opinión que este suscita a día de hoy.
En una información de El Diario Montañés sobre el acto, José Alberto Echevarría, secretario general de FED, no alberga duda al respecto: "No se pueden modificar los criterios arquitectónicos que se exigen a las residencias solo siete años después de la última norma, porque hacemos inversiones que necesitan veinte años para amortizarlas".
"Hay que ser realistas y pensar en lo que podemos pagar hoy y podemos sostener en el futuro", subrayó Josep de Martí, responsable de Inforesidencias, jurista, gerontólogo y ponente invitado de la jornada técnica. "No vaya a pasar como en Madrid que se han quedado más de 1.000 plazas sin cubrir", añadía en este mismo sentido Echevarría.
Sin embargo, no todos pensaban igual que Echevarría y Martí. La directora general de Política Social cántabra, Chabela Méndez, tildó sus intervenciones de "irrespetuosas" y sostuvo que la normativa en ciernes es fruto de "un año y cinco meses de reuniones con las entidades del sector, a las que en el último encuentro quedamos en hacerles llegar el estudio económico".
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