El presidente del PP no detalló sus competencias ni recursos, en un contexto de envejecimiento demográfico y de necesidad de plazas residenciales.
El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, anunció durante el debate electoral celebrado el 19 de noviembre frente a Pedro Sánchez que, si consigue llegar a La Moncloa después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, creará una Secretaría de Estado del Mayor. Una propuesta que sitúa el envejecimiento de la población en el debate político nacional y que llega en un momento en el que España afronta importantes transformaciones demográficas, sociales y asistenciales.
"Hay una cosa fundamental. Me preocupan mucho los mayores de mi país. Usted siempre les utiliza. Yo no. Yo quiero servirles. Y por eso voy a hacer una Secretaría de Estado del Mayor", afirmó Feijóo durante el segundo bloque del cara a cara, dedicado a economía y fiscalidad.
El anuncio, realizado en un espacio de máxima audiencia, no estuvo acompañado de una explicación sobre las competencias, la estructura o los recursos que tendría este nuevo organismo. Tampoco detalló si asumiría funciones actualmente repartidas entre distintos departamentos ministeriales o cómo se coordinaría con las comunidades autónomas, que tienen competencias fundamentales en materia de servicios sociales y atención a la dependencia.
La propuesta abre, sin embargo, una cuestión de creciente relevancia para las políticas públicas: cómo debe organizarse la Administración para responder a las necesidades de una sociedad cada vez más envejecida, en la que la longevidad, los cambios en la estructura familiar y la evolución de las situaciones de dependencia obligan a replantear los sistemas de protección y cuidados.
España supera los diez millones de personas mayores de 65 años
El envejecimiento de la población española no es una previsión lejana, sino una realidad demográfica que ya tiene un peso determinante en la estructura del país. Según el informe 'Un perfil de las personas mayores en España, 2026', elaborado por el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, a 1 de enero de 2025 había 10.178.625 personas de 65 años o más, el 20,7 % de la población. Esto supone 250.257 personas más que el año anterior.
Las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicadas en junio de 2026, sitúan en el 21,1 % el peso actual de la población de 65 años o más. Si se mantienen las tendencias demográficas contempladas por el organismo, esta proporción se situará en torno al 22 % en 2030. Esto significa que, en apenas cuatro años, más de una de cada cinco personas residentes en España tendrá 65 años o más, una evolución que anticipa el impacto del envejecimiento sobre los sistemas de protección social y atención a la dependencia.
Las cifras adquieren mayor significado cuando se observa la evolución de la pirámide poblacional. España combina una esperanza de vida elevada, una natalidad reducida y generaciones progresivamente más numerosas que alcanzan edades avanzadas. La población en edad de trabajar pierde peso relativo frente a los grupos de mayor edad, aunque el crecimiento migratorio contribuye a compensar parcialmente esta evolución.
El Consejo Económico y Social (CES) recuerda en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España de 2025 que la esperanza de vida al nacer alcanzó los 84 años en 2024. Esta prolongación de la vida constituye uno de los grandes avances sociales y sanitarios, pero también obliga a prestar atención a las condiciones en las que se viven esos años adicionales y a los apoyos que pueden necesitar las personas a medida que envejecen.
La llegada del Baby Boom y el desafío de los cuidados
Uno de los factores que marcará especialmente la evolución demográfica española durante las próximas décadas será la llegada de las generaciones del Baby Boom a las edades avanzadas.
A diferencia de otros países europeos, el fenómeno se produjo en España con cierto retraso. El periodo de mayor crecimiento de los nacimientos se extendió entre 1958 y 1977, con más de 650.000 nacimientos anuales. Según el CES, estas generaciones comenzaron a alcanzar los 65 años en 2023 y continuarán haciéndolo hasta 2042.
Esto significa que España se encuentra al comienzo de una transformación que tendrá consecuencias durante las próximas dos décadas. La entrada de cohortes tan numerosas en edades avanzadas modificará la composición de la población y aumentará la demanda potencial de servicios sanitarios, sociales y de cuidados de larga duración.
Conviene recordar que envejecimiento y dependencia no son conceptos equivalentes. Cumplir 65 años no significa necesitar atención asistencial ni perder autonomía. Los avances científicos, médicos y sanitarios permiten vivir más años y, en muchos casos, en mejores condiciones de salud. Sin embargo, el aumento de la población de edad avanzada también implica que habrá más personas que, en algún momento de su vida, puedan necesitar apoyos para desarrollar las actividades cotidianas.
La cuestión no consiste únicamente en prolongar la esperanza de vida, sino también en garantizar que las personas puedan mantener su autonomía, recibir los cuidados que necesiten y ejercer sus derechos, independientemente de su situación económica, familiar o lugar de residencia.
En este escenario, la planificación de los recursos asistenciales, la disponibilidad de profesionales y la coordinación entre los sistemas sanitario y social adquieren una importancia creciente.
España necesita más plazas residenciales y nuevas infraestructuras de cuidados
Uno de los ámbitos en los que el envejecimiento tendrá consecuencias más directas es el de la atención residencial. El crecimiento de la población de edad avanzada y de las situaciones de dependencia plantea la necesidad de ampliar la capacidad del sistema y adaptar sus recursos a las nuevas necesidades asistenciales.
El segundo 'Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España', elaborado por el Imserso con datos de 2025, contabiliza 4.596 residencias de personas mayores y 348.567 plazas. La ocupación alcanza el 91,1 %, lo que refleja la elevada utilización de la capacidad residencial existente.
El propio censo sitúa la cobertura nacional en 35,1 plazas por cada 1.000 personas de 65 años o más. Si se toma como referencia una ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores, utilizada habitualmente para dimensionar las necesidades residenciales, España necesitaría aproximadamente 148.000 plazas adicionales para alcanzar ese nivel de cobertura con la población de referencia empleada por el Imserso. Se trata de un cálculo orientativo.
A esta necesidad se suma la existencia de personas en lista de espera para acceder a una plaza residencial financiada públicamente. Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicado en enero de 2026, calculó que faltaban más de 50.000 plazas para atender la demanda de personas con dependencia severa y gran dependencia que estaban pendientes de recibir los recursos correspondientes. La misma asociación estimó en casi 100.000 las plazas adicionales necesarias para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 personas mayores, utilizando su propia metodología y los datos disponibles entonces.
El reto, por tanto, no consiste exclusivamente en aumentar el número de plazas. También es necesario planificar dónde se necesitan, qué modelos de atención deben desarrollarse y cómo garantizar su sostenibilidad económica y la disponibilidad de profesionales cualificados.
Impulsar la inversión para ampliar la oferta residencial
En este contexto, una eventual Secretaría de Estado del Mayor podría desempeñar un papel relevante en la coordinación de políticas destinadas a impulsar nuevas infraestructuras de cuidados. Entre las posibles líneas de actuación estarían la creación de incentivos fiscales para favorecer la inversión en centros residenciales, la disponibilidad de suelo público para desarrollar nuevos proyectos y la agilización de los procedimientos administrativos y urbanísticos necesarios para su construcción.
La colaboración público-privada también podría formar parte de esta estrategia, facilitando la participación de empresas y entidades sociales en la creación de recursos residenciales, siempre dentro de un marco de calidad, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera.
Una planificación de estas características debería tener en cuenta, además, las diferencias territoriales. La distribución de plazas residenciales presenta importantes desequilibrios entre comunidades autónomas, por lo que no bastaría con incrementar la oferta global: sería necesario favorecer la creación de recursos allí donde la cobertura resulta insuficiente y las necesidades de atención son mayores.
Una política transversal para afrontar el envejecimiento
La creación de una Secretaría de Estado del Mayor supondría incorporar una estructura específica al máximo nivel de la Administración General del Estado para abordar las políticas relacionadas con las personas mayores. Su alcance dependería, no obstante, de las competencias que se le atribuyeran, de su capacidad presupuestaria y de los mecanismos de coordinación con otros ministerios y administraciones.
El envejecimiento afecta a ámbitos que van mucho más allá de las pensiones. Comprende cuestiones como la atención a la dependencia, la sanidad, la vivienda, la soledad no deseada, la accesibilidad, la participación social, la protección frente a los abusos y la garantía de los derechos de las personas mayores.
También requiere prestar atención a la economía de los cuidados, a la formación y disponibilidad de profesionales y a la capacidad de las familias para afrontar situaciones de dependencia cada vez más prolongadas.
Por ello, una estructura institucional de estas características tendría que evitar duplicidades con los organismos existentes y contar con instrumentos efectivos para coordinar las políticas públicas. Las comunidades autónomas mantienen competencias esenciales en servicios sociales y atención a la dependencia, por lo que su participación resultaría imprescindible para cualquier estrategia de alcance nacional.
El anuncio de Alberto Núñez Feijóo introduce así una cuestión que previsiblemente tendrá cada vez más protagonismo en la agenda política: cómo preparar España para una sociedad en la que las personas mayores representarán una proporción creciente de la población y en la que las necesidades de atención y cuidados adquirirán una dimensión muy superior a la actual.
La llegada del Baby Boom, el incremento de la esperanza de vida y la necesidad de ampliar las infraestructuras residenciales y los servicios de atención de larga duración hacen que el envejecimiento deje de ser una cuestión sectorial para convertirse en uno de los grandes desafíos de organización económica, social y administrativa del país.