España cuenta con 7.893 centros de atención residencial para personas mayores y personas con discapacidad. En los centros residenciales para personas mayores, la titularidad privada representa el 65,8 %, frente al 34,2 % de titularidad pública, según el nuevo censo elaborado por el Imserso con datos de 2025. El estudio parte de la información facilitada por 7.319 centros, después de alcanzar una tasa de respuesta del 92,7 %.
El censo ofrece una radiografía del sistema residencial español y permite conocer su estructura, los modelos de titularidad y gestión, el tamaño de los centros, las características de las personas residentes y de quienes trabajan en ellos. Al mismo tiempo, identifica varios ámbitos en los que el sistema debe seguir avanzando, especialmente en la adaptación de los espacios, la atención centrada en la persona, la conexión con el entorno y las condiciones laborales.
7.893 centros residenciales en España
Los 7.893 centros de atención residencial incluyen recursos destinados tanto a personas mayores como a personas con discapacidad. Del total, 4.864 corresponden a personas mayores, el 66,5 %, mientras que 2.455 son centros residenciales para personas con discapacidad, el 33,5 %.
Entre los recursos para personas mayores se incluyen 4.596 centros y 268 viviendas. En discapacidad, el censo recoge 1.319 centros y 1.136 viviendas residenciales.
Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el 19,3 % de los centros residenciales, seguida de Castilla y León, con el 15,2 %, y Andalucía, con el 11,2 %.
Cinco modelos de titularidad y gestión
El censo distingue cinco fórmulas: titularidad y gestión pública; titularidad pública y gestión privada sin ánimo de lucro; titularidad pública y gestión privada con ánimo de lucro; titularidad y gestión privada sin ánimo de lucro; y titularidad y gestión privada con ánimo de lucro.
Entre los centros residenciales para personas mayores predomina la titularidad privada, que representa el 65,8 %, frente al 34,2 % de titularidad pública. En cambio, en las viviendas y unidades de convivencia para personas mayores prevalece la titularidad pública, con un 67,5 %, frente al 32,5 % de titularidad privada.
En discapacidad, el 55,6 % de los centros son de titularidad privada y el 44,4 % pública. En las viviendas residenciales destinadas a personas con discapacidad, la titularidad privada alcanza el 62,8 %, frente al 37,2 % pública.
El ánimo de lucro tiene mayor presencia en los centros de mayores, mientras que la iniciativa social prevalece en los centros destinados a personas con discapacidad. En los primeros, las fórmulas de gestión con ánimo de lucro, tanto directa como indirecta, están presentes en el 58,7 % de los centros. En discapacidad, el porcentaje se sitúa en el 13,2 %, con un predominio de las fórmulas sin ánimo de lucro.
Centros de 75,8 plazas de media para personas mayores
El tamaño medio de los centros residenciales es de 75,8 plazas en el caso de las personas mayores y de 36 plazas en los centros para personas con discapacidad. En las viviendas, la media se sitúa en torno a 2,7 plazas en ambos ámbitos.
Los centros de mayor tamaño representan una proporción minoritaria del conjunto, aunque concentran una proporción de plazas superior a su peso en número de establecimientos. Entre los centros para personas mayores, los que superan las 200 plazas representan el 3,5 % del total y reúnen el 13,3 % de las plazas. En discapacidad, suponen el 0,6 % de los centros y concentran el 5,7 % de las plazas.
La cocina propia es mayoritaria
La cocina propia constituye la modalidad predominante en los centros residenciales para personas mayores y para personas con discapacidad, mientras que el catering tiene un peso minoritario en los diferentes modelos de titularidad y gestión.
En los centros para personas mayores, el 90,1 % dispone de cocina propia y el 9,9 % utiliza catering. En los centros para personas con discapacidad, la cocina propia alcanza el 67,5 %, frente al 32,5 % que recurre a catering externo.
En este ámbito, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 trabaja junto al Ministerio de Sanidad en un Real Decreto destinado a garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y privados para personas dependientes o con necesidades especiales. La norma se encuentra en fase de audiencia pública y contempla criterios de calidad nutricional y sostenibilidad, así como límites a los ultraprocesados, las frituras y otros alimentos poco saludables. Rosa Martínez lo resume así: "El modelo hogar también se construye desde algo tan cotidiano como lo que se sirve en la mesa".
El modelo de atención incorpora herramientas personalizadas
El censo recoge varios indicadores relacionados con el modelo de atención centrada en la persona, aunque advierte de que estos datos no reflejan cómo aplica cada centro este modelo en la práctica.
El 93,8 % de los centros declara disponer de un plan personal de atención personalizado; el 95,2 % mantiene coordinación con atención primaria y el 89,6 % cuenta con un profesional de referencia asignado de forma estable a cada residente para coordinar sus apoyos y actuar como referencia habitual para la persona y su familia.
En cuanto a las familias, el 92,9 % de los centros afirma disponer de mecanismos para implicarlas en el proyecto de atención y el 78,1 % permite su presencia física en el centro. El censo considera que este último indicador tiene margen de mejora por la importancia de la participación familiar y del mantenimiento de los vínculos con el entorno.
Otros indicadores relacionados con la autonomía presentan una implantación menor. El 75,3 % de los centros dispone de un plan de eliminación de restricciones, mientras que el 52,3 % permite la convivencia con animales de compañía. El estudio identifica como reto seguir avanzando en las decisiones individuales y cotidianas para adaptar la organización de los centros a las preferencias de cada persona.
El censo apunta hacia el modelo hogar
Derechos Sociales plantea que la atención residencial debe definirse como un lugar para vivir y con participación plena en la comunidad. La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, se presenta como el marco que permitirá ampliar derechos, reforzar la autonomía personal y avanzar hacia un modelo de cuidados más personalizado y vinculado al entorno comunitario.
Rosa Martínez ha señalado que el objetivo es que la residencia sea un hogar: "Ese modelo hogar se construye con cambios en las infraestructuras, pero también en el día a día, a través de la atención centrada en la persona: personalizar los cuidados y los apoyos, y respetar la capacidad de decisión de cada persona".
El estudio también analiza la conexión de los centros con su entorno mediante los servicios de proximidad y el empadronamiento. Los primeros están presentes en el 48,7 % de los centros de mayores y en el 62,4 % de los de discapacidad. El empadronamiento alcanza el 54,9 % en los centros de mayores, el 70,5 % en los centros de discapacidad y el 74,5 % en las viviendas con apoyo de ambos ámbitos.
Los datos muestran, según Derechos Sociales, una orientación hacia la vida en comunidad más desarrollada en los centros de discapacidad que en los de mayores, por lo que el avance en este ámbito se identifica como una prioridad para los próximos años, especialmente entre las personas mayores.
El 75,3 % de los residentes en centros de mayores tiene 80 años o más
Entre las personas que viven en centros de atención a personas mayores, el grupo de 80 a 89 años representa el 41,7 % del total. Las personas de 90 años o más suponen el 33,6 %, mientras que quienes tienen entre 65 y 79 años representan el 20,6 %. El grupo menor de 65 años supone el 4,2 %.
En consecuencia, el 75,3 % de las personas residentes en centros de atención a personas mayores tiene 80 años o más.
El perfil es diferente en los centros destinados a personas con discapacidad: el 83,6 % de sus residentes tiene menos de 65 años.
En cuanto al género, el censo señala que en 2025 los hombres representan el 58,4 % del conjunto de residentes y las mujeres el 41,6 %. Sin embargo, los patrones son distintos según el tipo de recurso. En los centros de mayores, las mujeres son mayoría, con un 68,9 % en los centros y un 56,4 % en las viviendas. En los recursos destinados a personas con discapacidad predominan los hombres, con porcentajes del 58,4 % en los centros y entre el 58,3 % y el 58,6 % en las viviendas.
El 85,5 % de quienes cuidan en centros de mayores son mujeres
El perfil profesional mantiene un marcado predominio femenino. Las mujeres representan el 85,5 % de las personas que trabajan en los cuidados en los centros de mayores y el 77,8 % en los centros destinados a personas con discapacidad. Según el informe, ambos porcentajes están por encima de la media mundial del sector de los cuidados de larga duración, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa en torno al 70 %.
Derechos Sociales estima que España necesitará incorporar 260.000 trabajadoras más de aquí a 2030 para garantizar los cuidados de larga duración y mantener la cobertura actual del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El informe vincula este dato con la necesidad de incorporar una perspectiva de género que tenga en cuenta tanto a quienes reciben los cuidados como a quienes los prestan. En este contexto, el real decreto ley de financiación aprobado por el Gobierno plantea incorporar más profesionales, mejorar las condiciones de las trabajadoras y revalorizar los cuidados en la sociedad.
Habitaciones individuales y adaptación de los centros, entre los retos
El censo pretende establecer una base de conocimiento que permita conocer la situación del sistema residencial e identificar los desafíos que permanecen pendientes. Entre sus objetivos figura seguir impulsando un modelo en el que cada centro funcione como el hogar de la persona que vive en él, garantizando su capacidad de elección y favoreciendo entornos próximos a sus vínculos familiares, comunitarios y sociales.
Uno de los retos señalados es la disponibilidad de habitaciones individuales. La habitación compartida continúa siendo mayoritaria tanto en los centros para personas mayores, donde supone el 57 %, como en los centros para personas con discapacidad, donde alcanza el 58 %. El documento considera que disponer de una habitación propia es una condición esencial para ejercer el derecho a la intimidad, además de un elemento central de la dignidad y la calidad de vida y una condición necesaria para que las residencias sean un hogar.
Los desafíos identificados afectan tanto a las infraestructuras como al modelo de atención. Por un lado, se plantea adaptar los espacios para aproximarlos a una estructura de hogar. Por otro, se señala la necesidad de que la organización cotidiana responda cada vez más a la voluntad y las preferencias de cada persona.
El censo vincula estos avances con las condiciones laborales de quienes trabajan en los centros y señala que garantizar una atención de calidad y un empleo de calidad no son objetivos contrapuestos, sino que se refuerzan mutuamente.
El informe, elaborado con datos correspondientes a 2025, se presenta como una base objetiva para conocer la situación del sistema residencial y permitir que futuras ediciones sigan la evolución de los indicadores y su relación con la transformación de los modelos de cuidados y apoyos.
Asimismo, el censo se enmarca en un enfoque de derechos alineado con las recomendaciones europeas e internacionales y con la transformación de los modelos de atención residencial, dentro del contexto de la reciente reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.