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POR PILAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PILARES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL

Las residencias (viviendas) de personas mayores en Dinamarca y su influjo en España

Una residencia de personas mayores en Dinamarca.
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Una residencia de personas mayores en Dinamarca. (Foto: Gemini)
Por Pilar Rodríguez Rodríguez
lunes 09 de marzo de 2026, 13:24h
Actualizado el: 12 de marzo de 2026, 02:16h

Respuesta al artículo de opinión de Josep de Martí 'Dinamarca no prohibió nuevas residencias en 1987'.

Pilar Rodríguez Rodríguez es presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal.
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Pilar Rodríguez Rodríguez es presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. (Foto: Pilar Rodríguez Rodríguez)

(Respuesta al artículo de opinión de Josep de Martí del 4-3-2026 en Dependencia.Info)

En el año 1988, cuando recibí el encargo del Gobierno de España de elaborar, junto a otros dos colegas, una propuesta de Plan Gerontológico para actualizar e innovar en las políticas de atención a personas mayores desde fundamentos sólidos, además de la lectura de la bibliografía existente, organizamos un viaje de estudio a 5 países europeos (Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia). En esta gira nos reunimos con los responsables de las políticas de atención a mayores y con discapacidad y visitamos diversos centros y servicios y así pudimos comprobar los grandes cambios que se estaban produciendo en sus sistemas de apoyo y cuidados.

En los Países Nórdicos en concreto, llevaban años recogiendo los resultados de evaluación científica sobre los efectos negativos para las personas del “modelo institución total” descrito primero por Goffman, seguido por Callahan y Wallack, Challis y Davis, y, en España, por Barenys o Martín Serrano (pérdida de autonomía y control de la propia vida, uso de sujeciones, alejamiento del entorno próximo, debilitamiento de relaciones afectivosociales, incremento de deterioro físico y mental, depresión…). Para evitar estas consecuencias, fueron desarrollando diferentes modalidades de “viviendas” homelike con apoyos diversos.

Justo en esa primera visita a Dinamarca se estaban difundiendo los contenidos de su reciente ley de 1987 Housing for the Elderly Act mediante la que se prohibía continuar construyendo residencias modelo institución (habitaciones pequeñas y compartidas, largos pasillos, control profesional en actividades…). Lo que se proponía, ahora por ley, era la provisión de otro tipo de alojamientos (es decir, viviendas) en las que, junto al diseño, lo que cambiaba radicalmente era el “modelo”: había que garantizar una atención integral sociosanitaria y centrada en la persona con la idea de reducir el efecto traumático del abandono de su hogar. Tuvimos el privilegio en aquel primer viaje de visitar diversos alojamientos inspirados por ese criterio de desinstitucionalización tanto en Dinamarca como en Suecia (apartamentos con servicios, viviendas comunitarias, unidades de convivencia, cohousing…). En el resto de países también tenían preocupación y propósitos de innovar en los modelos de atención, pero la realidad que pudimos comprobar en las visitas que hicimos en aquellos años es que, salvo en Inglaterra, tenían mucho menos desarrollo. En todos, sí nos expresaron su preocupación por mejorar la atención domiciliaria y garantizar una atención sociosanitaria de calidad con protagonismo de los sistemas de Salud.

Los aprendizajes de aquella visita, y de la literatura científica existente, tratamos de plasmarlos en la redacción del Plan Gerontológico (1990), en el que se incorporaron prestaciones para favorecer la permanencia en el propio domicilio (alcanzar el 8% en el SAD, el 12% en teleasistencia, adaptación y apoyos en las viviendas, productos de apoyo, servicios de formación y respiro a las familias; también se fijaba un 1% de viviendas comunitarias, compartidas, autogestionadas, acogimiento familiar…). En cuanto a las residencias, la ratio que se proponía alcanzar era del 3,5%, con centros de tamaño medio o pequeño, reconversión de los grandes, exigencia de requisitos de calidad, inserción en el entorno, apertura y prestación de servicios hacia fuera, dinamización medio comunitario y coordinación.

Coincido con Josep de Martí, como tantas veces hemos dicho, que no es cierto que la OMS recomiende una ratio del 5% en residencias. Realmente, es que no puede hacerse una sugerencia general, porque el porcentaje de plazas que se precisa está directamente relacionado con las coberturas que existan de otros servicios, como el SAD, los centros de día… De hecho, tanto en Dinamarca, como en Suecia y en tantos otros países, la ratio de residencias o viviendas ha ido bajando a medida que se incrementaban los recursos que favorecen vivir en el propio domicilio.

En los años siguientes, he vuelto a visitar esos países y algunos más muchas veces, siendo transcendentes, sobre todo, las realizadas en momentos clave del desarrollo de servicios gerontológicos en España, como en el proceso de elaboración de la LAPAD (baremo de acceso, sistema de gobernanza, financiación….), o a la hora de elaborar el programa de la Consejería de Bienestar Social en Asturias… Y siempre he recomendado a Administraciones Públicas y agentes del sector que hicieran viajes de este tipo como modo excelente de aprendizaje para conocer innovaciones y valorar lo que podemos aprovechar de ellas. Celebré mucho que desde Inforesidencias se iniciaran sus viajes asistenciales, siguiendo la estela de lo que había venía haciendo nuestra gran experta de origen sueco, Astrid Linsdtröm.

Una cuestión que considero pertinente subrayar y que he venido repitiendo, pero se menciona poco, es el sistema de tarifas y copago existente tanto en Dinamarca como en Suecia. En ambos países la tarifa por plaza se divide en dos partes: por un lado, el precio del alquiler y de la comida, que, dentro del concepto de normalización, paga cada una de las personas (como cualquier adulto hace en su casa); y, por otro lado, el coste de los servicios y atención sociosanitaria (en Dinamarca son gratuitos). Incorporar esta medida en España contribuiría en gran medida a que se comprenda bien el profundo significado y valor del cambio de modelo que venimos proponiendo.

Y también sería relevante modificar el nombre de “residencia” para evitar su unión inmediata y simbólica a la imagen negativa de “institución”. Así lo hicieron también en Dinamarca (de Plejehjem pasaron a denominarse Plejeboliger, Almeneaeldreboliger, Fripleyheboliger según tipología -el sufijo boliger significa “viviendas”-), mientras que, en Suecia, del nombre Älderdomshem pasaron a Älderboeden, Seniorboeden o Trygghetsboende, siendo el significado de boeden, también vivienda.

Todos estos aspectos los he recogido en bastantes artículos y en los 6 libros que he coordinado y elaborado sobre residencias y viviendas, tanto desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología como desde el IMSERSO, siendo el último de estos libros uno de mi autoría: Las residencias que queremos. Cuidados y vida con sentido, que es el que se cita por Josep de Martí. Creo que el recorrido que se hace en estas publicaciones y, de manera especial en la última, recoge bien todo el tránsito de los recursos residenciales de atención recorrido a lo largo del tiempo. En concreto, y en cuanto a la referencia al caso danés, se dice (pág. 79-80):

“Las críticas tan negativas de las evaluaciones sobre el impacto de las Instituciones en la calidad de vida de las personas (…), llevaron al gobierno danés a prohibir por ley de 1987 la construcción de esta modalidad de residencias (….) El diseño y el modelo de atención en las viviendas especializadas de Dinamarca son muy parecidos a los suecos y en ambos países apenas existen residencias de tipo institucional, reservándose las que hay para atención sociosanitaria compleja de corta estancia”.

A continuación (págs. 80-83) se describen resultados de estudios científicos que avalan todo lo indicado.

Por otra parte, y desde nuestra convicción de que la “desinstitucionalización” que se preconiza ahora no significa seguir viviendo en el propio domicilio en todos los casos y a toda costa, a lo largo del libro se ofrecen pautas y orientaciones para recorrer el camino transformador hacía unos alojamientos como creo que ya todos queremos que sean, a partir de las residencias existentes. También acompañamos a muchas de ellas en este itinerario desde nuestra Escuela AICP y ofrecemos que puedan alcanzar nuestra certificación “Vidas dignas”. Los muchos profesionales de residencias y otros centros que han apostado y están comprometidos con el cambio de modelo se merecen todo nuestro apoyo porque es una apuesta que merece la pena mantener y reforzar. En ese libro (p.118) propongo un cambio de nombre (de “residencias” a “viviendas especializadas”) y esta definición:

“Las viviendas especializadas para personas que necesitan apoyos y cuidados de larga duración son alojamientos comunitarios modelo hogar donde viven grupos pequeños de personas en los que reciben la atención integrada social y sanitaria que precisan, así como apoyos personalizados para mantener su identidad y su proyecto de vida, preservando su dignidad, su autonomía y sus derechos y facilitando espacios y actividades que tengan que ver con lo que para cada persona es importante y otorga sentido a su vida”.

Finalmente, quiero hacer hincapié en que tanto en mis publicaciones como en las de Fundación Pilares, así como en todas nuestras actividades, se defiende siempre la necesidad de basar nuestras propuestas en el conocimiento, tanto el que contribuimos a crear, como en el producido por otras instancias. No hacemos, por tanto, afirmaciones “bienintencionadas” (que, por supuesto, lo son, como las que realiza De Martí), sino que siempre buscamos la precisión, consistencia y objetividad que exige el hecho de que se fundamentan en el rigor científico.

Pilar Rodríguez Rodríguez es presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal

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