ASCAD critica que la segunda addenda al convenio de colaboración en Cataluña "no persigue la mejora de la atención a las personas"

Por su interés, publicamos íntegramente el comunicado crítico de ASCAD firmado por su presidente, Andrés Rueda, sobre la segunda addenda al convenio de colaboración entre entidades y el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión:

COMUNICADO ASCAD:

Desde la Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica (ASCAD), como asociación profesional e independiente, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por los contenidos de la Segunda Addenda al convenio de colaboración entre entidades prestadoras y el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión que, según nuestro criterio y conclusiones, incrementa salarios a primera vista pero bajo el tapete:

• No persigue la mejora de la atención a las personas (solo por esto, no debiera ni existir este documento)
• No garantiza la estabilidad financiera de las entidades (por esto, no deberían firmarlo las patronales)
• No permite una mejora real y sostenible de las condiciones laborales (por esto, no debieran firmarlo los sindicatos)
• Introduce mecanismos de control de dudosa cobertura legal y proporcionalidad (por esto no debiera proponerlo la administración)
• Cuenta con el aval de estructuras patronales que no apreciamos a comprender

Queremos subrayar especialmente algunos elementos estructurales del Acuerdo de Bases, citado en esta segunda Addenda, que entendemos los vulnera directamente:

1. Compromiso de mejorar la calidad de atención a las personas

Uno de los pilares fundamentales del Acuerdo de Bases es garantizar la mejora continua en la calidad de los servicios prestados a las personas atendidas (Punto trcero, párrafo segundo). Sin embargo, esta Segunda Addenda no menciona ni una sola vez el objetivo de mejorar dicha calidad. No hay referencias a estándares, herramientas o medios para potenciar la atención centrada en la persona, ni tampoco se vincula el expreso aumento de recursos salariales a planes de mejora asistencial.

Esto representa una omisión gravísima pues, cualquier inversión pública en el sistema de servicios sociales, debe tener como condición sine qua non la mejora efectiva de la decadente atención a las personas. Este silencio denota una concepción interesada, burocrática, intervencionista y sancionadora del modelo, alejada del enfoque centrado en cuidados, derechos y en las necesidades de las personas dependientes usuarias.

2. Compromiso de dotar de estabilidad y sostenibilidad al sector

El Acuerdo de Bases reconoce de forma explícita que el sector ha sido y está siendo infra financiado y precarizado en estos últimos años. Por ello, una de sus metas prioritarias es construir un modelo sostenible y justo. (Punto cuarto).

La Addenda, sin embargo, va en la dirección contraria: Incrementa tarifas por vía de la imposición de un incremento salarial y de costes salariales obligatorio del 5% sin tener en cuenta el impacto colateral, real y paralelo del aumento en las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, que suponen un gasto adicional no contemplado para las entidades en el incremento de las tarifas. Al no reconocer ni financiar adecuadamente este sobrecoste estructural, la cruel realidad es que los firmantes acentúan aún más la infrafinanciación y precariedad que arrastramos desde 2009 y que ya es superior al 21%. Si la adenda persigue exclusivamente y a la brava, aunque sea merecidamente, un incremento salarial, esto tiene su ámbito y es la negociación sindical, donde dicho sea de paso, debieran entrar muchas otras cosas más en defensa de las personas dependientes, aspectos donde nuestro convenio es manifiestamente mejorable.

Por otra parte, el Acuerdo de Bases indica que ha de trasladarse a salarios la parte proporcional del incremento de tarifa que significan los costes de la masa salarial, No el 100% del incremento tarifario. Si la parte proporcional. La addenda contraviene y reinterpreta de plano el Acuerdo. Inaudito.

En lugar de dotar de estabilidad al sector, esta medida impone una carga económica adicional unilateral, no negociada ni ponderada, generando mayor inestabilidad e incertidumbre y desincentivando la profesionalización y consolidación del modelo.

3. Compromiso de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores

La mejora de las condiciones laborales, otro de los grandes objetivos del Acuerdo. Pero no puede cumplirse sin estabilidad ni sostenibilidad financiera. Es de cajón: de donde no hay no se puede sacar. El salario es parte de esas condiciones, (salarios + cotizaciones + efectos arrastre en convenios), pero pretender mejorar salarios sin financiar los costes reales, como acreditan los estudios del propio Departament hechos precisamente como indicación del Acuerdo es, además de contravenir frontalmente la Ley de Contratos del Estado, una medida irreal e insostenible, con lo que ya aventuramos “riesgos asistenciales por situaciones límite.” Hacemos esta denuncia preventiva porque no queremos ni ocultar información ni complicidades de malas praxis.

Además, al imponer este aumento sin tener en cuenta la calidad asistencial (disminución real de ratios asistenciales en los cuatro últimos años tanto directa como indirecta) ni la sostenibilidad del servicio, se aboca a las entidades a situaciones de tensión presupuestaria que sin duda bajaran aún más aspectos troncales en la calidad de atención a las personas dependientes. Esta situación puede tener su perversidad y terminar afectando a los propios trabajadores al continuar incrementándose el denunciado aumento de cargas laborales.

En este contexto, prevemos también una pérdida de plazas públicas concertadas por goteo y descuelgue ya que, en muchos centros, se está sosteniendo forzadamente el concierto por debajo de coste a base de un incremento compensatorio y excesivo de tarifas sobrevenido en otro tipo de plazas, por ejemplo privadas con o sin PEV. Perversamente, incrementos tarifarios a personas y familias están manteniendo la dependencia de otras personas porque la administración de forma insumisa a la Ley, no atiende. Es triste e injusto ser triunfalista en estos contextos.

El incremento salarial a palo seco es propagandístico, una falsa mejora que compromete aún más el sistema de atención a la dependencia residencial.

4. Otras preocupaciones estructurales: Pactos V y VI de la segunda addenda.

Además de lo anterior se suman otros tics, elementos preocupantes, en los Pactos V y VI de la Addenda:

• Pacto V: El Departamento se reserva la posibilidad de realizar auditorías sin delimitar claramente los supuestos legales en los que se ampara. (redactado torticero con supuestos y porcentajes no contemplados en la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, ni ajustándose a lo dispuesto por la normativa vigente, como la Ley General de Subvenciones). El referido Decreto 69/2020 en su artículo 7.3 no sustenta una potestad propia, general e incondicionada y más bien actúa ultra vires. Esto genera aún más inseguridad jurídica y una amenaza latentehacia las entidades, más aún cuando esas auditorías pueden tener consecuencias administrativas o económicas.
• Pacto VI: Se otorga el Departament funciones de vigilancia, intervención o inspección impropias, excediendo su ámbito competencial y confundiendo sus responsabilidades de seguimiento administrativo con funciones interventoras que corresponden a otras instancias administrativas o laborales. Esta extralimitación contradice la legalidad vigente y distorsiona los marcos institucionales de relación con las entidades.

CONCLUSIÓN

Esta Segunda Addenda no solo no se desprende, sino que es manifiestamente incompatible con los principios rectores, recogidos, explícitos y troncales del Acuerdo de Bases. No prioriza sus fundamentos: la atención a las personas. Debilita la sostenibilidad del sector cuando más lo necesitamos y, aunque de primera lectura se publicite lo contrario, obstaculiza la mejora real de las sobrecargas y condiciones laborales abonándose reduccionista y forzadamente solo al ámbito salarial. Además, incorpora prácticas de control desproporcionadas y jurídicamente cuestionables que dañan la necesaria confianza global entre familiares, personas dependientes, profesionales, administración y entidades.

Queremos expresar también nuestra incomprensión ante la firma de esta Addenda por parte de algunas patronales que dicen representar los intereses empresariales del sector ya que, ésta, incrementa costes y sigue sin garantizar financiación suficiente, haciendo inviables muchas estructuras y modelos de gestión.

Contradictoriamente, en las empresas a las que estas patronales dicen representar, nosotros percibimos honda preocupación y que esta Addenda las fragiliza aún más, tanto en términos económicos como organizativos y también en sus planes de cuidados. A esta desconexión entre los firmantes y la realidad que viven los centros nos lleva también un sondeo fast expreso e interno realizado en nuestra red social que, de forma abrumadora, se manifiesta contrario a ella. Esto es, para nosotros, la guinda y motivo añadido de alarma y preocupación.

Desde ASCAD, como asociación profesional, reclamamos por vía urgente la revisión inmediata de esta Addenda, un plan estratégico de sostenibilidad financiera real con plazos de restitución de los débitos de financiación desde 2009 y la reapertura de un proceso de diálogo amplio, transversal e institucional centrado en y hacia las personas dependientes, con criterios profesionales, contables, técnicos y éticos contemplando prioritariamente el incremento de ratios y revisión de las cargas de trabajo además de los necesarios planes de adaptación y viabilidad de los centros, en el marco de los principios del Acuerdo de Bases, como vía para transformar el sistema de servicios sociales de forma justa y sostenible.

Andrés Rueda, presidente de ASCAD