Más de 20 millones de personas viven en comunidades autónomas con servicios sociales "débiles o irrelevantes"

El 42% de la población española, esto son unos 20 millones de personas, reside en territorios donde los servicios sociales tienen una baja o nula relevancia, según el último informe del Índice DEC 2024 (Derechos, Economía y Cobertura), elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y presentado este lunes en Madrid.

Lo explica Gustavo García, coordinador del Informe DEC: "No es lo mismo vivir en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes que en otra comunidad donde si tienes una situación de dependencia, en un par de meses te lo van a tener tramitado, vas a tener la resolución y vas a disfrutar de la prestación del servicio". "Las diferencias son notables... Lo importante no es gastar más, sino gastar bien", añade.

El estudio vuelve a poner en evidencia las enormes desigualdades entre comunidades autónomas en el desarrollo de sus sistemas públicos de servicios sociales. Castilla y León, País Vasco y Navarra repiten como las comunidades con mayor calificación global, mientras que la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid ocupan los últimos puestos, con una calificación de servicios “irrelevantes”.

Durante la presentación, se ha destacado que aunque el gasto público ha aumentado, su proporción respecto al PIB disminuye. La cobertura de servicios esenciales, como ayuda a domicilio y teleasistencia, sigue siendo insuficiente y desigual en todo el país. "Las diferencias son notables... Lo importante no es gastar más, sino gastar bien", añade García.

Desinstitucionalizar, sí... pero con servicios todavía muy limitados

Uno de los datos más preocupantes del informe es el escaso desarrollo de los servicios domiciliarios o complementarios del domicilio —como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día—, pilares fundamentales para avanzar en el objetivo de la desinstitucionalización que promueve el Ministerio de Derechos Sociales.

"Compartimos porque nos parece interesantísima la estrategia por la que ha apostado el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas. La estrategia de desinstitucionalización nos parece importante y por eso la analizamos", señala el coordinador del Informe DEC, pero es crítico a la hora de valorar su implantación: "En esta materia avanzamos mucho en discursos, pero la práctica no va tan rápida. Una cosa es decirlo y otra hacerlo... tenemos que avanzar mucho en desinstitucionalizar".

En este sentido, el informe subraya que la cobertura del servicio de ayuda a domicilio apenas ha aumentado un punto desde 2010, situándose actualmente en el 5,7 % de las personas mayores de 65 años. Además, la intensidad del servicio continúa siendo baja: una media de 21,1 horas al mes. Si se consideran exclusivamente las prestaciones dentro del Catálogo de la Dependencia, la intensidad media es de 35,65 horas al mes, que resultan insuficientes especialmente para las personas con Grado III, que requieren apoyo permanente.

En cuanto a centros de día, desde la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se subraya que, aunque se ha registrado una mejora en el último año —de 0,7 a 1,1 plazas por cada 100 mayores de 65 años—, la cobertura sigue siendo muy limitada. Así, el único servicio con una evolución más clara desde 2010 es la teleasistencia, que ha pasado del 8,1 % al 11,1 % de cobertura. Sin embargo, aún faltan 709.234 personas con grado de dependencia reconocido para alcanzar la cobertura universal, como establece el Plan de Choque para la Dependencia.

Además, el 41,9 % de las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia perciben la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con un importe medio de 264,11 euros mensuales, una cantidad considerada insuficiente para garantizar cuidados adecuados en el domicilio.

Aumenta el gasto total, pero pierde peso en el PIB

En 2023, el gasto público en servicios sociales alcanzó los 548,1 euros por habitante, lo que supone un incremento de 36,1 euros respecto al año anterior (+7,05 %).

Sin embargo, este aumento no se traduce en una mayor prioridad dentro de las cuentas públicas: el porcentaje del presupuesto dedicado a servicios sociales se mantiene en el 10,25 %, y el peso sobre el PIB desciende por tercer año consecutivo hasta el 1,76 %, lejos del máximo del 1,88 % alcanzado en 2020.

Desigualdades territoriales que afectan a derechos básicos

Las diferencias entre comunidades son abismales. En 2023, el gasto por habitante en servicios sociales en el País Vasco (1.203 euros) más que triplica el de la Comunidad de Madrid (405,3 euros). Extremadura, con 713,7 euros, dedica un 76,1 % más que Madrid, y destina a los servicios sociales el 3,03 % de su PIB regional, frente al 0,95 % de la capital.

Estas desigualdades se reflejan en todos los ámbitos:

• En Canarias, cada profesional de servicios sociales comunitarios atiende a 2.973 personas, mientras que en Navarra, la ratio es de 1 por cada 494.

• El 58,1 % de las personas bajo el umbral de la pobreza reciben una Renta Mínima en el País Vasco, frente al 0,35 % en Castilla-La Mancha.

• Castilla y León ofrece un 11,8 % de plazas residenciales públicas para mayores de 75 años, frente al 3,8 % en Murcia.

• Andalucía destaca en ayuda a domicilio (21,2 servicios por cada 100 mayores de 75 años), muy por encima de Extremadura, con solo 0,9.

• La cobertura de teleasistencia también es muy dispar: del 34,5 % en Andalucía al 5,2 % en Canarias.

Desde 2012, el sistema de servicios sociales se ha consolidado normativamente, indica la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en el Informe DEC. Todas las comunidades autónomas han aprobado leyes que reconocen derechos subjetivos. 14 cuentan con Catálogo de Servicios, 15 integran la atención a la dependencia en sus sistemas de servicios sociales y 10 disponen de planificación estratégica.

Sin embargo, concluye, los indicadores del Índice DEC siguen alertando sobre una realidad fragmentada y muy desigual.